La confrontación entre el Ejército y organizaciones dedicadas al crimen organizado –sobre todo al narcotráfico, la extorsión y el secuestro– “ha generado mayores espirales de violencia, inéditas en la vida nacional; no hay estadísticas oficiales del saldo de la lucha antinarco, que ha tenido altos costos en vidas humanas, no sólo en las partes en disputa, sino también para la ciudadanía”.

La Cámara de Diputados, por conducto de la unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destaca en su análisis de la Cuenta Pública de 2008 que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal “no hay un referente que explique la estrategia de la lucha actual –contra el narcotráfico–, ni que permita medir el grado de avance de la misma”.

El documento, que será debatido la semana próxima en la reunión de análisis del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública entre los diputados federales y el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, señala que el crimen organizado se introdujo ya en la vida pública y cotidiana de los mexicanos.

“Un problema crucial en torno a la seguridad nacional es el crecimiento del crimen organizado en la modalidad del narcotráfico en las estructuras empresariales, políticas y sociales del país, situación que se torna más compleja por el flujo trasnacional e ilegal de armas. Hasta ahora ha quedado demostrado que las acciones de control han sido insuficientes, debido a la existencia de un mercado negro proveniente de Estados Unidos, y en menor medida de Centroamérica.”

El análisis –que elaboró la unidad de evaluación y control y que ya fue turnado a los legisladores federales para su estudio– advierte que un fenómeno en crecimiento es el de la inseguridad en carreteras de todo el país, producto de asaltos.

Después de que el número de atracos había descendido significativamente entre 2001 y 2006, a partir de 2007 se observó un incremento grave, toda vez que en 2008 se cometieron 178 por ciento más que en 2005.

El órgano legislativo refiere también que la Iniciativa Mérida –que no es un tratado ni se ajusta a una convención internacional– no tiene clara su naturaleza jurídica ni sus alcances.

Dicho acuerdo establece las estrategias mediante las cuales México y Estados Unidos trabajan en conjunto para combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales, que amenazan la salud de los ciudadanos y la seguridad pública.

Por lo que hace a la inseguridad en la frontera sur, se reconoce que “a pesar del amplio dispositivo de seguridad implementado por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina –en una extensión de 236 kilómetros, con vigilancia naval, aérea y terrestre–, tanto México como Guatemala carecen de recursos tácticos y logísticos suficientes para garantizar la seguridad en la zona, la cual es utilizada por el crimen organizado para el tráfico de drogas y personas, el contrabando de armas y municiones y otros ilícitos”.

En torno a las tareas de combate al crimen organizado, el órgano fiscalizador analizó el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual confirmó la existencia de prácticas irregulares recurrentes en el ejercicio de recursos, y la dependencia no comprobó si sus evaluaciones cumplen con el compromiso de sus programas sectoriales.

En ese sentido, será importante profundizar en revisiones de desempeño que permitan conocer los resultados de la PGR en tareas sustantivas, como son la investigación, la persecución y el combate frontal a los delitos federales, en especial contra la salud, el tráfico de armas y de personas, el abatimiento a la criminalidad, la coordinación en materia de procuración de justicia, la capacitación y la certificación de sus elementos periciales, ministeriales y policiales.