a reforma migratoria se ha demorado más de cinco años. En abril de 2005 los senadores Kennedy y McCain definieron su propuesta de ley bipartidista que se sintetizaba en cinco puntos: crear un programa de trabajadores temporales; reforzar la frontera; establecer un camino para la legalización de indocumentados con un serie de multas y condiciones; aplicar la ley al interior del país al castigar a los empleadores de trabajadores irregulares, y solucionar el problema de la solicitudes de ingreso legal, que tenían un notable atraso.

Para contrarrestar esta propuesta reformista, el congresista James Sensenbrenner (R-W) lanzó su propuesta HR 4437, que iba en la dirección opuesta: reforzar el muro, criminalizar al migrante indocumentado, extender el castigo a todo aquel que ayudara a un indocumentado, cerrar el camino a la legalización y establecer un programa de trabajadores temporales. Esta propuesta, aprobada en la Cámara de Representantes por mayoría, fue derrotada en las calles cuando cerca de 5 millones de personas se manifestaron públicamente en contra de la criminalización de los migrantes.

Dada la magnitud de las manifestaciones el Senado reaccionó y propuso otra reforma, la SB 2611, que tuvo la virtud de eliminar la HR 4437 y, al mismo tiempo, logró el objetivo de quitarle fuerza al movimiento de masas. Una vez cumplido su propósito se congeló la discusión y se pospuso hasta después de las elecciones. En la campaña ambos contendientes se esforzaron por no tratar el punto y no debatir sobre un tema con muy altos decibeles político-demagógicos.

En 2010 prácticamente seguimos en el mismo punto, la propuesta de los senadores Schumer (D-NY) y Graham (R-SC) es muy similar a la de Kennedy y McCain: mejorar el control fronterizo, reforzar el control interno por medio de un nuevo sistema biométrico de identificación laboral, establecer un programa de trabajadores temporales y finalmente abrir un camino duro y justo hacia la legalización de los indocumentados.

Para remate, las propuestas de 2005 y 2010 se parecen notablemente a la de 1986 (IRCA), que constaba también de cuatro puntos: control fronterizo, control interno por medio de sanciones a empleadores de indocumentados, amnistía a los indocumentados con residencia de más de cinco años y un programa de trabajadores agrícolas especiales.

Se sigue bordando sobre las mismas propuestas porque los problemas de fondo son los mismos y están plenamente identificados. Lo que varía es la forma, la manera de enfrentarlos, y el modo en que se pretende responder a los medios, que han tomado el asunto migratorio como uno de sus temas favoritos. Ciertamente es un tema controvertido que responde a dos tendencias contradictorias fundamentales en la sociedad estadunidense: la ley y la ganancia. La ley es clara y dura, que no justa con los trabajadores indocumentados. La ganancia al contratar irregulares es clara y evidente, al mismo tiempo que la ley es esquiva, poco precisa, condescendiente. Desde hace medio siglo que se establece un doble rasero: los trabajadores son ilegales, los empleadores que los contratan no, a lo más se les acusa de una falta administrativa.

Mantener este doble rasero es una preocupación constante de todas las propuestas de reforma migratoria: si se trata de castigar a los extranjeros ilegales, se aplica todo el peso de la ley; si también están involucrados los empleadores, que son honrados e industriosos ciudadanos, se complica el asunto y la ley no es ni clara ni efectiva. El fracaso de la ley de 1986 radica precisamente en este punto: por primera vez se pusieron sanciones legales contra los empleadores de indocumentados, pero en la práctica no sirvió de nada. Se gastaron miles de millones de dólares en construir y vigilar el muro fronterizo y solamente se aplicaron multas simbólicas a algunos cuantos empleadores.

La propuesta de Schumer y Graham pretende solucionar este problema de otra manera. Ya no se habla de sancionar a los empleadores, lo que resulta muy impopular y políticamente inviable. De lo que se trata es de hacer imposible que una persona pueda trabajar siendo indocumentado. Para ello se requiere de una identificación biométrica que otorgue seguridad a todos los empleadores de que la persona que contratan tiene estancia legal. Pero para poder implementar ese sistema se va a obligar a todos los ciudadanos a registrarse. Nuevamente los empleadores salen bien librados.

Al igual que con las drogas, el tema de los trabajadores migrantes es un asunto de oferta y demanda. El traficante colombiano o mexicano es un criminal, el consumidor estadunidense es un enfermo que requiere de atención y cuidado. Pero si no se enfrentan de manera simultánea los dos extremos no hay solución. Si contratar indocumentados no tiene consecuencias, se va a seguir con la práctica de manera indefinida. Si es imposible trabajar en Estados Unidos sin documentos legales, se corta de manera definitiva el principal imán o poder de atracción para los migrantes irregulares y se abre la posibilidad a la contratación legal.

Los senadores Schumer y Graham han reconocido públicamente que es imposible y demagógico proponer o exigir la deportación de 11 millones de indocumentados, la inmensa mayoría de ellos trabajadores honestos y con raíces profundas en sus comunidades y mercados laborales. Por lo tanto, hay que abrir un camino a la legalización, hay que sacarlos de la sombras y convertirlos en ciudadanos.

El gran dilema está en proponer una reforma que solucione el problema de la migración irregular, que no afecte los intereses de las grandes corporaciones agrícolas, hoteleras, restauranteras y constructoras, y que al mismo tiempo se resuelva un asunto de seguridad nacional. El problema a resolver ya no es el fronterizo, para eso existe el muro y la vigilancia permanente. Ahora hay que solucionar el problema al interior de Estados Unidos, tema mucho más controvertido e impopular.