Ante la inseguridad que se experimenta en el campo producto de la acción de bandas delictivas, el Congreso Agrario Permanente (CAP) solicitará al gobierno federal su incorporación al Consejo Nacional de Seguridad, anunció José Luis González Aguilera, coordinador de dicha organización, quien se pronunció por reactivar las defensas rurales.

Durante la clausura del foro Casos de Éxito y Proyectos Estratégicos 2010, el dirigente afirmó que el CAP entregará el lunes la petición formal, y detalló que debido a la magnitud del problema de la inseguridad en el agro una propuesta es que se reviva a las defensas rurales. Los que en la época del general Lázaro Cárdenas defendían el ejido eran gente armada, pero con preparación para ello. Pensamos que de esta manera, e integrados al consejo, podríamos ayudar al gobierno en el combate a la delincuencia organizada.

Tras recordar que cada vez es más común que los campesinos con proyectos exitosos sean extorsionados y en muchas ocasiones despojados por bandas de delincuentes de los recursos de los programas sociales, el líder del CAP indicó que Michoacán y San Luis Potosí son algunos de los estados donde ha crecido la inseguridad. En mi caso, me secuestraron a una de mis hijas hace cinco años y aún me siguen amenazando de muerte, denunció.

Al respecto, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, admitió que existen denuncias de extorsión a beneficiarias del Programa de la Mujer en el Sector Agrario.

La cúpula del CAP insistió en la prudencia de reactivar las defensas rurales y capacitarlas con personal de la Defensa Nacional o de Marina para generar confiabilidad y evitar que se infiltren malos elementos.

El CAP también apremió a iniciar los trabajos para concretar un nuevo pacto rural, al cual el presidente Felipe Calderón se comprometió durante su campaña y al iniciar su administración. El propósito, agregó, es lograr el desarrollo rural sustentable que requiere el país.

Las organizaciones demandaron a Escobar Prieto ser portavoz de las demandas campesinas de acabar con los monopolios en la distribución del Programa Especial Concurrente y con la exclusión del presupuesto de los pequeños y medianos productores.

El CAP exigió también a la Secretaría de Agricultura establecer un techo financiero etiquetado en el programa especial concurrente 2011 para que las agrupaciones rurales impulsen proyectos estratégicos exitosos.

Sobre esto, Juan Leyva Mendivil, dirigente de la Alianza Campesina del Noroeste, aseguró que el gobierno debe confiar en el buen trabajo que hacen las organizaciones campesinas en el impulso de proyectos productivos exitosos.

Ignacio Irys Salomón, líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, sostuvo que esas agrupaciones pueden demostrar que los recursos públicos que reciben son bien utilizados, por lo que demandan más presupuesto y mayor intervención en la toma de decisiones de políticas públicas.