a conmemoración del 91 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, ultimado en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, ocurre en un contexto en el que converge una situación de desastre en el campo mexicano con las expresiones recurrentes de cerrazón, insensibilidad y ceguera del grupo que ostenta el poder político, económico y mediático del país ante los reclamos de los entornos rurales.

A casi dos décadas de la contrarreforma al artículo 27 constitucional emprendida por Carlos Salinas de Gortari en 1992 –que derivó en la eliminación del concepto de propiedad social y, de esa forma, puso fin a los programas de redistribución de la tierra y liquidó el sistema ejidal–, las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han puesto en marcha directrices en materia agrícola que han significado la profundización del abandono del campo y el empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes; el desmantelamiento de los apoyos estatales a la pequeña producción y al consumo interno de alimentos, y la concentración de las partidas presupuestarias destinadas al sector agrícola en un reducido grupo de grandes exportadores. A ello deben añadirse los procesos de apertura comercial indiscriminada, como el que preconiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo trilateral que, muy lejos de las promesas de modernidad y desarrollo que acompañaron los discursos de sus promotores, ha contribuido a acelerar el deterioro de los entornos rurales, a ahondar la pobreza de miles de campesinos y a profundizar la dependencia del país con respecto a los productos agrícolas del extranjero.

Los saldos de la contrarreforma salinista y de la entrada en vigor del TLCAN se reflejan, hoy día, en una destrucción del tejido social en general –acentuado, sin embargo, en los entornos agrícolas–, y en el crecimiento sostenido de fenómenos como la migración económica y el auge de los llamados narcocultivos. Es revelador, al respecto, el dato proporcionado en febrero pasado por el Tribunal Superior Agrario, en el sentido de que 30 por ciento de las tierras cultivables del país son controladas por los cárteles de la droga.

El empecinamiento de las autoridades por adoptar –con una arrogancia similar a la que caracterizaba a los científicos del porfiriato– políticas agrarias basadas en un modelo de ventajas comparativas que ha demostrado su inviabilidad a escala planetaria, y por convertir a México en una nación importadora de productos como maíz y frijol, no sólo constituye un atentado contra los preceptos de autosuficiencia alimentaria, sino que profundiza el empobrecimiento de los campesinos y multiplica peligrosamente factores de tensión social, descontento y posible inestabilidad.

En el contexto de las celebraciones por el centenario del inicio de la gesta armada de 1910, y a 91 años de la muerte de una de las figuras principales de este periodo histórico, reviste una importancia central el recordar que dicho movimiento no sólo giró en torno a las demandas de democratización del maderismo –principio cuyo cumplimiento ha sido bastante imperfecto, por lo demás–, sino también, y ante todo, se basó en reclamos sobre justicia social para los sectores más empobrecidos, entre los que tuvo un lugar central la reivindicación zapatista del derecho de los campesinos sobre la tierra.