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Las indígenas, acusadas de secuestro, han denunciado irregularidades en su proceso jurídico

Querétaro: entregan recursos para proyectos productivos a familiares de otomíes presas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 10 de abril de 2010, p. 27

Querétaro, Qro., 9 de abril. Con recursos del gobierno federal, autoridades del estado entregaron 220 mil pesos a familiares de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación.

En un comunicado, la administración del priísta José Calzada Rovirosa informó que obtuvo recursos federales para apoyar a las familias de Jacinta, ya liberada, y Teresa y Alberta, encarceladas y sentenciadas a 21 años de prisión.

Los recursos fueron gestionados por conducto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside Sandra Albarrán de Calzada ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Refiere que el dinero servirá para que impulsen proyectos productivos los familiares de Jacinta, en libertad desde septiembre de 2009, y Teresa y Alberta aún internadas en el Cereso femenil de San José El Alto.

A Jacinta Francisco le entregarán cien mil pesos que servirán para que inicie un negocio de venta de paletas y nieve en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil.

A los familiares de Teresa González y Alberta Alcántara, les entregarán el dinero mientras las reclusas obtienen su liberación y con ese recurso puedan generar ingresos para sobrellevar su situación y posteriormente se les facilite reintegrarse a la actividad productiva.

El comunicado fue emitido la noche del jueves pasado, después de que el gobierno municipal de Amealco de Bonfil, presidido por el edil panista, Rosendo Anaya Aguilar anunció que les extendieron las cantidades citadas a los familiares de las tres mujeres en una ceremonia de entrega de apoyos de recursos para impulsar proyectos productivos en comunidades indígenas de esa demarcación.

Las tres mujeres habían denunciado que ninguna autoridad las apoyó tras la acusación y encarcelamiento, cuyo proceso jurídico ha registrado diversas irregularidades.