Integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres se manifestaron ayer frente a la representación del gobierno de Baja California Sur en el Distrito Federal para exigir al gobernador de ese estado, Narciso Agúndez Montaño, respete el Estado laico y que no obstaculice la iniciativa de ley que se encuentra congelada en el Congreso local que despenaliza la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Alrededor de 40 representantes de las organizaciones que conforman el pacto entregaron un documento dirigido al gobernador Agúndez Montaño, en el cual desaprueban su estrecha relación con el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, y critican el uso de recursos públicos para favorecer la construcción de un templo católico en esa entidad, lo cual es una abierta violación a la Constitución.

Por su parte, Leticia Cuevas, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, dijo que el gobernador Agúndez es el principal opositor a la iniciativa de ley.