La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón es limitada porque no es fuente generadora de empleos decentes para la clase trabajadora, ni forma parte de un esquema integral que cambie de fondo las estructuras económicas y fiscales del país, consideró Patricia Kurczyn, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al participar en la mesa redonda Alcances y límites de la reforma laboral, organizada por la máxima casa de estudios, sostuvo que para alcanzar más fuentes de empleo en el país es necesario reformar la estructura de todo el sistema laboral mexicano y no solamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), como ha señalado el gobierno federal que ocurrirá con su iniciativa presentada a través de legisladores del PAN.

Destacó que en los 12 años recientes han habido más de 300 iniciativas para reformar la LFT, pero, dada la experiencia internacional en el tema, en México se requiere de una reforma laboral integral y no sólo parches a la ley.

La académica advirtió que en el proyecto federal se excluye el tema de género y de discriminación por responsabilidad familiar, lo cual no debe pasarse por alto debido a que dentro de los capítulos laborales que más ha vivido el país el que más se conoce es la discriminación hacia la mujer en el trabajo.

En su turno, María Ascensión Morales, directora general de Patrimonio Universitario de la UNAM, advirtió que en la ley laboral –que plantea cambios a 419 de los mil diez artículos que integran la LFT– no hay una vinculación de ésta con el desarrollo social y económico ni con la generación de empleos.

Para generar empleos, dijo, debe haber competitividad y productividad en el mercado de trabajo y no varitas mágicas, como ha tenido lugar en naciones de América Latina, México incluido.

Apuntó que la reforma podrá ser viable sólo si va acompañada de medidas sociales y económicas, debido a que son los elementos que garantizarán desarrollo y crecimiento al sector laboral y productivo del país.

Argumentó que, al estar desvinculada de la protección social, la propuesta federal no garantiza al trabajador acceso a una pensión al término de su vida laboral, puesto que la contratación por periodo de pruebas –aun cuando prevé límites– puede ocasionar que una persona se pase toda la vida en esos esquemas sin nunca poder generar una subvención.

Además, este tipo de contratación no garantiza un trabajo decente ni que haya reducción de la pobreza en el país, como marca en sus lineamientos la Organización Internacional del Trabajo.

Las naciones que han implementado este tipo de subcontratación también han instituido redes de protección social como el seguro del desempleo y créditos de compensación, como medidas para lograr la reinserción al mercado productivo, pero en la reforma laboral no se ven estos mecanismos, comentó.

Carlos Reynoso Castillo, investigador de la UAM, se pronunció por una revisión a la propuesta de reforma de la LFT porque presenta confusiones conceptuales y en algunas de sus partes es rica en ambigüedades.

Sostuvo que de todas las propuestas planteadas en el proyecto ninguna va en el sentido de modificar o alterar siquiera el modelo de relaciones de producción que se heredó desde la Revolución Mexicana, sino de una adecuación utilitaria a los esquemas de contratación, de prestaciones, disolución y de relaciones colectivas, entre otros.