El cobro desde cinco mil hasta más de 300 mil pesos por bandas de delincuentes a los labriegos cuyos proyectos son exitosos avanza rápidamente en el campo, y es un problema más que se suma a los que durante décadas no han sido superados: bajo o casi nulo financiamiento; altos costos de producción; insuficiente respaldo tecnológico; excesivo intermediarismo para la comercialización de los alimentos; uso político electoral de los recursos y concentración de los subsidios en productores con altos rendimientos, entre otros.

La situación está provocando que la gente se retraiga y que diversos giros, principalmente de ganadería, sean abandonados, comentaron los dirigentes de la Unión Campesina Democrática (UCD), José Durán Vera, y Enrique Gómez Garay, de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP).

¿Cómo es posible que los delincuentes sepan cuándo y cuánto recibirán los campesinos organizados? Es evidente que la información es aportada desde el aparato gubernamental cotidiano y ya no sólo desde el policiaco, agregó Ignacio Irys Salomón, líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, quien aseguró que 80 por ciento de los campesinos que lograron el apoyo de Fonaes para 16 proyectos fueron extorsionados.

La inseguridad se suma a la crisis del campo. “No es una situación aislada o focalizada, las amenazas están surgiendo en todas las regiones del país y eso está provocando una retracción económica; donde quiera hay retenes de ambos lados –de militares y delincuentes– y se está generando una sicosis muy fuerte de que ser dirigente campesino estatal o regional es muy riesgoso”, abundó Durán Vera.

Bajo ese reciente contexto de presión a dos fuegos, los campesinos recordarán este 10 de abril el 91 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata Salazar.

Movilizán plantón

Mientras unos señalan que la inseguridad mina su trabajo de organización, y a la larga lista de añejas demandas agregan la exigencia de que se generen condiciones de seguridad en el campo por la multiplicación de bandas de delincuentes o, como ellos los nombran, de mañosos, los participantes en la caravana por la dignidad del campo –que desde el 1º de abril salieron de Tuxtla Gutiérrez rumbo al Distrito Federal– son hostigados y presionados por las autoridades federales para que bajen el perfil de una de sus demandas: la libertad de los presos políticos de origen campesino.

Tras la detención de Francisco Jiménez Pablo, dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), por elementos de la Procuraduría General de la República en la ciudad de México, mientras dialogaba, junto con dirigentes de la Central Campesina Cardenista (CCC) y de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la madrugada de ayer, el grupo que mantenía un plantón en la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas abandonó su protesta y se instaló a un lado de la Catedral Metropolitana.