Con la reforma constitucional aprobada ayer surge una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fortalecida, con nuevas facultades y a la que le otorgaron dientes para investigar violaciones graves a garantías cometidas por gobernadores, presidentes municipales y otros servidores públicos –atribución que actualmente tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Senado otorgó a la CNDH la facultad de atender las violaciones laborales, atribución que le negó desde su creación el entonces presidente Carlos Salinas. Las recomendaciones que emita serán de cumplimiento obligatorio y las autoridades que no las acepten tendrán que explicar públicamente la razón y, a petición del órgano protector de los derechos humanos, la Cámara de Senadores podrá citar a los funcionarios que no acaten, incumplan o no acepten las recomendaciones.

Con estos cambios a la Constitución se permite que la CNDH pueda interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y estatales, del Distrito Federal y de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos.

De igual forma, con esta enmienda se establece que ninguna autoridad podrá negar la información requerida por la CNDH, incluso aquella con carácter reservado. Sin embargo, ésta estará obligada a manejar con dicho carácter la información que se le proporcione, de esta forma no se pondrá en riesgo el manejo de la información solicitada.

Con ello, el constituyente permanente “fortalece las atribuciones del organismo público nacional de derechos humanos y remonta, entre otros obstáculos, el criterio recientemente sostenido por la SCJN, que restringió las atribuciones de la CNDH al decidir que la Procuraduría General de la República (PGR) podría negar la información requerida.

Por lo que respecta al principio de autonomía, que ya está otorgado a la CNDH, el Senado instruyó que todas las comisiones estatales gocen de esa libertad, por lo cual instó a que se lleven a cabo reformas a las constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para garantizar dicha autonomía a los organismos de protección de derechos humanos.

En los considerandos del dictamen que aprobó ayer el Senado se precisa que la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos, que actualmente corresponde realizar a la SCJN –de acuerdo con el artículo 97 constitucional–, a petición de la propia Corte se transfirió a la CNDH en el artículo 102.

Resaltan las comisiones dictaminadoras que para desarrollar este tipo de investigaciones la CNDH, como órgano constitucional del Estado mexicano, debe tener acceso a toda la información que le permita desarrollar sus facultades en forma plena, con mayor razón tratándose del ejercicio de esta nueva atribución.

De tal forma, la CNDH está facultada para solicitar información al Ejecutivo federal, a las cámaras del Congreso, a los gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los congresos estatales. Ninguna autoridad podrá negarle la información requerida, y cuando proceda, como resultado de las investigaciones que lleve a cabo, presentará las denuncias ante la autoridad competente.