El Gobierno del Distrito Federal, en voz del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz Saro, llamó a los propietarios de los 126 predios que serán expropiados para la construcción de la supervía poniente a conciliar intereses y evitar caer en confrontaciones. A su vez, vecinos de la colonia La Malinche, de la delegación Magdalena Contreras, indicaron que la próxima semana iniciarán las acciones legales en contra del decreto expropiatorio.

Ayer por la mañana, Aboitiz Saro dijo que el gobierno capitalino no busca perjudicar a los cientos de familias que viven en los predios expropiados, sino la forma de que salgan lo mejor librados del acto de autoridad.

El servidor público argumentó que una vialidad elevada afectaría 2 mil predios y acabaría con Lomas de Tarango y el Cerro del Judío, lo que significaría un daño ambiental y social mucho más grande, por lo que se optó por la supervía, que es la ruta que menos daño generará.

Respecto de los beneficios que representa la obra, Aboitiz aseguró que se reducirá de 90 a 10 minutos el tiempo de recorrido, se evitará la aparición de misceláneas o asentamientos irregulares y se cuidarán las áreas de conservación ambiental.

Legislador oportunista

Francisco López, colono desde hace más de 40 años de La Malinche, indicó que ya se está concretando la defensa jurídica de los afectados y que en los próximos días se interpondrán los primeros amparos.

Minutos antes de que acudiera a la mesa de diálogo instalada en la Casa Popular de Magdalena Contreras, López denunció que la situación ha generado actitudes oportunistas de legisladores; en concreto se refirió al diputado local Héctor Guijosa, quien visitó La Malinche el miércoles por la tarde, pero fue corrido por la gente y se le dijeron sus verdades.

El próximo domingo, integrantes de Litiga OLE, organización de la sociedad civil especializada en la defensa estratégica de derechos humanos, se reunirán con los afectados directos de colonia La Malinche para explicarles las acciones que se pueden realizar.

Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano, integrantes de Litiga, dijeron que si bien no existe una relación formal entre su organización y los vecinos afectados –ya que otros grupos también les han ofrecido asesoría–, ya analizan el decreto de expropiación como trabajo previo a la asamblea del domingo.

Valoraciones de la CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal valora a su vez la posibilidad de iniciar una queja de oficio, mientras la Asamblea Legislativa acordó citar a una reunión de trabajo tanto a Aboitiz Saro como al oficial mayor, Adrián Michel, para que informen en detalle sobre las tres obras viales anunciadas por el gobierno capitalino, entre ellas la supervía poniente.

Además de las reuniones en la Asamblea Legislativa –que se realizarán el próximo lunes–, también se solicitará a la Contaduría Mayor de Hacienda que aplique una auditoría especial a los tres proyectos viales, informó el diputado perredista Leonel Luna.

Anoche, autoridades e inconformes se reunieron por segunda ocasión en el día en el auditorio de la Casa Popular de Magdalena Contreras.