Después de que empresarios mineros calificaron de ilegales los paros sindicales, como el de Cananea, y pidieron la intervención del Ejecutivo, el presidente Felipe Calderón les aseguró que cuentan con un gobierno que respeta y hace respetar los derechos patrimoniales de inversionistas.

En ese momento, y cuando señaló que su gobierno enfrenta los riesgos y los costos de hacer valer el respeto al orden jurídico y a la seguridad pública en el país en beneficio de la inversión, recibió aplausos de los empresarios y del secretario del Trabajo, Javier Lozano, invitado de honor en una comida con la Cámara Minera.

Antes, el dirigente de la cámara, Manuel Luévanos, deploró los paros sindicales ilegales y aseguró que éstos provocaron pérdidas por 3 mil 200 millones de dólares desde 2006.

Según Luévanos, empresario del Grupo Peñoles, el año pasado pudieron haber obtenido mejores resultados; sin embargo, se quejó de la incertidumbre jurídica que ha provocado el largo conflicto sindical que tiene cerrada la mina de Cananea, el yacimiento de cobre más importante del país.

Con esas palabras hizo alusión a la huelga en Sonora, que lleva más de dos años y medio y fue invalidada el 11 de febrero por un tribunal colegiado en materia laboral, al disolver las relaciones obrero-patronales de la minera propiedad de Grupo México, de Germán Larrea.

Tras ese fallo, el secretario del Trabajo fue criticado durante su comparecencia ante una comisión del Senado por haber asumido la defensa de Minera México, al aludir a una resolución que aún no se había notificado a los trabajadores.

En respuesta a las inquietudes manifestadas ayer por los industriales mineros, Calderón respondió: sepan que cuentan con el gobierno federal, un gobierno que cree en la libertad, un gobierno que cree en la ley, un gobierno que cree en el mercado; un gobierno que cree, precisamente, en la oportunidad de competir en términos económicos.

El mandatario, a quien también acompañó el secretario de Economía, Gerardo Ruiz, afirmó que la premisa de su gobierno es generar condiciones propicias para la inversión, lo que se refleja en un compromiso absoluto e indubitable de la autoridad con el estado de derecho, porque la clave del país no es no tener problemas, sino enfrentar los costos y los riesgos para resolverlos.

Luévanos planteó una lista de cuatro peticiones: dar completa solución a los problemas sindicales que han generado creciente incertidumbre en la industria y frenan las inversiones, poniendo en riesgo miles de fuentes de empleo.

Demandó seguridad jurídica que ofrezca garantías a las inversiones presentes y futuras, así como estricto apego al marco legal vigente en cuanto al acceso a la tierra; la creación de una subsecretaría de minería y reducir los precios de los energéticos.

En la reunión, Calderón celebró las cifras presentadas por Lozano de que en el primer trimestre del año se crearon 290 mil nuevos puestos de trabajo, que no son estimaciones, no son estadísticas derivadas de encuestas, son empleos con nombre y apellido, y con cuota obrero-patronal pagada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que no haya ninguna duda.