Madrid, 7 de abril. El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de prevaricación, tras una querella interpuesta por un sindicato de extrema derecha y vinculado al franquismo, tras la investigación que abrió el magistrado para esclarecer los crímenes de la dictadura fascista en la península y desenterrar a las decenas de miles de personas que permanecen en fosas comunes.

El máximo órgano judicial español, el Tribunal Supremo, admitió a trámite la denuncia, con lo que se abre la puerta a una posible inhabilitación de 20 años y una cuantiosa multa.

Garzón es también conocido como el juez estrella, por su vinculación a diversos casos de hondo calado histórico y político, como las numerosas causas que tiene abiertas contra la organización armada vasca ETA, contra narcotraficantes, políticos corruptos, así como financieros y empresarios fraudulentos.

Pero la fama internacional de este magistrado proviene de su participación, como juez instructor, del caso abierto contra Augusto Pinochet, cuya detención logró en Londres y contra las juntas militares argentinas por los crímenes durante la dictadura de éstas.

El magistrado español, que también inició la investigación de la trama corrupta del derechista Partido Popular (PP) durante la etapa de gobierno de José María Aznar, se enfrenta a una querella por prevaricación presentada por un sindicato llamado Manos Limpias, Falange y Libertad e Identidad, vinculado con la extrema derecha española y defensor de la dictadura franquista. Se da la circunstancia de que uno de los jueces amenazados de la justicia española, ya sea por narcotraficantes u organizaciones como ETA o Al Qaeda, así como repudiado por torturadores y dictadores de Sudamérica, está al borde de dejar de ejercer como juzgador por investigar la dictadura española.

Cuando germinó en este país la doctrina de la justicia universal, que permitió abrir causas contra Pinochet o Videla, diversas organizaciones de familiares y víctimas de la represión franquista reclamaron en España una condena de reparación y auxilio para encontrar a sus familiares ejecutados y enterrados en fosas comunes. El único juez que admitió a trámite la denuncia e inició el proceso fue Garzón.

Ahora, cuando surgen cada vez más voces que critican que precisamente los magistrados que juzgarán a Garzón juraron fidelidad al régimen franquista, y que hablan de una justicia que todavía tiene pendiente la transición, se admite la querella que ha provocado una movilización inédita en torno a un juez. Incluso Amnistía Internacional calificó de insólito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, que sea el juez Garzón el que se siente en el banquillo.