En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

Asimismo, el ombudsman aseveró que hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la energía adecuada.

Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista de las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Comentó que la comisión está a la espera de que el Ejército y la Armada de México rindan a tiempo (cuentan con un plazo de 15 días para hacerlo) los informes solicitados sobre la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la de un detenido que fue trasladado en helicóptero por los marinos y cuyo cadáver apareció al día siguiente. Aseguró que en caso de que las dependencias no respondan al requerimiento, lo haremos público en su momento.

Por otra parte, interrogado respecto del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá en fecha próxima la violación de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, Plascencia dijo que este asunto nos revela que en virtud de que hay casos en donde la justicia no logra llegar al fondo de los asuntos, lamentablemente tiene que venir del extranjero una resolución, de tal manera que esto es un llamado para revisar la forma como se están investigando algunos delitos, cómo se procesan y cómo se está buscando hacer justicia.

En otro tema, el ombudsman nacional confió en que Alberta Alcántara y Teresa González obtengan su libertad a la brevedad posible, ahora que la Suprema Corte atrajo la solicitud de amparo que presentaron en contra de la sentencia que les impuso un juez federal por el secuestro de seis agentes federales en Querétaro. Recordó que la PGR ignoró en su momento una recomendación de la CNDH en la que se demostraba la no culpabilidad de las acusadas.

Precisamente, dijo, el que dependencias como la Procuraduría General de la República no acepten las recomendaciones nos habla de que es muy importante que se apruebe la reforma a la comisión –que está en el Congreso de la Unión– para que podamos superar la circunstancia de que se emitan recomendaciones (que) no se acepten o no se cumplan y no pase nada.

Cuestionó la actitud del procurador Arturo Chávez Chávez, ya que éste tiene como encomienda salir a la sociedad para operar justicia, evitar una injusticia y también que inocentes estén presos.

Finalmente, dijo que la CNDH está muy pendiente del caso de la muerte de la menor Paulette Gebara, con el objetivo de que no vaya a quedar el tema en la impunidad y se logre detener a los responsables de esos hechos. Esto, precisó Plascencia, como el mejor mecanismo preventivo del delito.

Finalmente, aunque reconoció que la comisión a su cargo no ha recibido alguna queja sobre el asunto de la niña Paulette, aseguró que sigue muy de cerca los resultados que ha ido dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del estado de México respecto de las investigaciones que se están llevando actualmente.