A dos décadas del inicio de la lucha para que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional, cerca de un centenar de organizaciones sociales e igual número de ciudadanos apremiaron a los diputados a aprobar la minuta que el Senado les envió desde 2005 para reformar el artículo cuarto constitucional.

En la carta Derecho constitucional a la alimentación: una decisión inaplazable, sostienen que al menos 20 por ciento de la población padece hambre y desnutrición, más de la mitad de los mexicanos están en nivel de pobreza y el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto una epidemia de obesidad.

Asientan que la alimentación no es una mercancía; por ello el mercado no puede ni podrá jamás garantizar ese derecho humano, ni tampoco lo podrá hacer el ya histórico asistencialismo clientelar de los programas gubernamentales o la filantropía privada.

El documento, que será entregado en los próximos días a los diputados, advierte que la crisis alimentaria que ya se registra en el país puede tornarse más dramática debido al impacto del cambio climático en la producción agrícola; por la volatilidad de los precios del petróleo; el uso creciente de alimentos y tierras para la producción de biocombustibles; el agotamiento del agua para el uso agrícola; la especulación en la bolsa de granos, y el poder de las megacorporaciones agroalimentarias en el comercio y las políticas agrícolas internacionales y nacionales.

Menciona la creciente dependencia del país respecto de las importaciones de granos y oleaginosas, mientras aumenta el abandono del campo, avanza la degradación de los suelos agrícolas y los mantos acuíferos se agotan y contaminan. A ello se agrega el sobrepeso y la obesidad de 72 por ciento de las mujeres, 67 por ciento de los hombres, 34 por ciento de los adolescentes y 26 por ciento de los niños de 5 a 11 años, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Los firmantes, entre ellos campaña Sin maíz no hay país, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, El Poder del Consumidor, Grupo de Estudios Ambientales, Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y Colectivo Peninsular Ko’one’ext’aan, apuntan que si México quiere transitar hacia un Estado democrático no puede seguir soslayando elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación.

La minuta del Senado aprobada hace un lustro dice: el Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso a toda persona a una alimentación suficiente y de calidad que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.

La crisis alimentaria y el derecho a la alimentación serán discutidos por la Unión Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas en el foro La equidad de género y la soberanía alimentaria, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, en el contexto del 91 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata.