El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y al Código Penal Federal, para endurecer las sanciones a las empresas que incurran en prácticas monopólicas, de manera que podrían hacerse acreedoras a una multa hasta de 10 por ciento de sus ingresos anuales, y sus directivos sometidos a prisión hasta por diez años.

Es una iniciativa pensada para que el ama de casa, el profesionista, el estudiante, todos los mexicanos, puedan tener acceso a mejores productos y servicios con menores precios, dijo Calderón al presentar el proyecto en Los Pinos.

Como no ha ocurrido con otras de sus iniciativas, el mandatario hizo un llamado al Poder Legislativo no sólo para que analice el documento, sino que si así lo considera, podamos dialogar sobre esta propuesta, con altura de miras, rectitud de intención y buscando lo que sea mejor para México.

En la iniciativa, que se recibió a las 17:30 horas en la Cámara, el Ejecutivo atribuyó a los monopolios haber profundizado la crisis en el país y cuestionó que diversos mercados en México se encuentran altamente concentrados, y las prácticas monopólicas no se sancionan con criterios congruentes con la gravedad que implican las mismas.

Explicó que, de acuerdo con los análisis académicos sobre la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en México 30 por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia, y que en ellos, los consumidores gastan 40 por ciento más que si hubiera competencia.

A corto plazo, los monopolios generan precios excesivos de productos y servicios, lo que disminuye la capacidad de consumo de las familias, especialmente las más pobres. A mediano plazo inciden negativamente en la eficiencia de la economía y frenan el crecimiento económico, señala en la exposición de motivos.

La iniciativa también incluye modificaciones a las leyes Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Federal de Procedimiento Contencioso Administra- tivo, con objeto de constituir un sistema de tribunales especializados en competencia económica, de salas especializadas dentro del tribunal, así como la especialización en materia económica de los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Calderón expuso que una de las principales críticas a la legislación antimonopolios “es que la Comisión Federal de Competencia ‘no tiene dientes’ y por eso proponemos que tenga la facultad de aplicar sanciones de manera eficaz”.

El proyecto reconoce que las sanciones económicas previstas en la Ley Federal de Competencia Económica se determinan a partir del salario mínimo diario, indicador que no guarda ninguna relación con el daño económico que se causa a los consumidores, ni con los ingresos del agente económico derivados de la realización de una práctica monopólica o una concentración prohibida.

Para definir el monto de la multa se tomará la declaración anual del pago del ISR sobre los ingresos acumulados de las empresas o bien de sus regímenes especiales, si gozan de éstos.

Así, se plantea modificar el artículo 35 de la ley para que la tasa de la multa sea de 8 a 10 por ciento de los ingresos de las empresas, por incurrir en prácticas monopólicas relativas o absolutas, en alguna concentración prohibida o por no cumplir una orden de no ejecutar una concentración, con independencia de la responsabilidad penal que se le designe.

Plantea adicionar el artículo 254 bis al Código Penal Federal para sancionar con prisión de tres a diez años y con mil a 3 mil días de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores para manipular precios, condicionar la venta de productos, dividir o segmentar el mercado y asociarse para manipular las licitaciones públicas.

La posibilidad de sanciones a los individuos puede fortalecer los incentivos de directores y empleados para no involucrarse en conductas ilegales y, con ello, disuadir de manera más efectiva a los agentes económicos de cometer prácticas monopólicas absolutas, señala el documento.

Además, la CFC tendría la facultad de obligar a las empresas a suspender una práctica monopólica antes incluso de declararse sentencia firme en un juicio, y la posibilidad de que si las compañías reconocen incurrir en una práctica monopólica y la detienen, la comisión pueda suspender el litigio y evitar la sanción.

También se pretende evitar la carga regulatoria, al suprimir la obligación de los corporativos de informar sobre sus operaciones en el extranjero sin efectos en el país, cuando un socio mayoritario con control de la sociedad aumente su participación accionaria, y las operaciones de accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores cuyos paquetes no impliquen poseer más de 10 por ciento de las acciones del capital social de la emisora.