a bien entrado el cuarto año de gobierno no hay claridad sobre la forma, dirección o la mera intención estratégica de la política de energía en el país. El golpe de mano reciente en el sector eléctrico es una muestra.

No es que no haya intenciones manifiestas en el rico campo de la energía, pero la experiencia de los pasados 30 años dice que ese camino no supera las distorsiones que existían antes; las renueva en otro arreglo social no necesariamente más eficiente. A este paso será otro sexenio perdido en ese terreno. Como si esta sociedad pudiera seguir perdiendo el tiempo.

En Cancún, los dos últimos días de marzo se reunió el Foro Internacional de Energía y la cobertura de La Jornada expuso, sin sorpresas, el extravío de los responsables de la gestión energética en general y de Pemex.

Según el reportaje citado, la secretaria de Energía pidió ayuda a empresas extranjeras para superar la crisis de la producción petrolera, que ha caído en 800 mil barriles diarios desde su nivel de 2004, cuando fue de 3.4 millones de barriles. Debe haber muchos dando vueltas alrededor para ver qué sacan de provecho.

La crisis de este sector es evidente y los pasos efectivos para enfrentarla son escasos, tambaleantes y dejan a la empresa petrolera cada vez más expuesta. La destrucción de valor y de riqueza que eso significa es enorme y difícil de cuantificar, no sólo en el entorno propio de la explotación de crudo, sino en el conjunto de la industria energética y, por extensión, en el de toda la actividad productiva. El gobierno responde alzando los precios de las gasolinas y otros combustibles.

La falta de una estrategia expuesta con claridad política, cosa que hoy en México es un verdadera fantasía, representa no sólo una enorme falla de gobierno, sino que está en abierta contradicción con los discursos acerca de la estructura de producción del país, la necesidad de elevar la productividad y generar más empleo.

No hay, pues, consistencia, entre la reforma energética –como sea que se conciba en los pasillos del gobierno– y las que se promueven en otros ámbitos: la laboral que se lanza con alto grado de autoritarismo; la fiscal que nunca acaba de cuajar en una economía más funcional, o la financiera, cuyos términos mantienen un desorden y falta de eficacia en el financiamiento de la economía y el uso del magro ahorro nacional.

Las posturas de la secretaria de Energía son, no obstante, muy consistentes desde que comenzó su gestión, es decir, no se sabe de qué se trata y para dónde va. Los cambios recurrentes en Pemex no han servido para provocar las transformaciones que ahí mismo dicen que son imprescindibles e impostergables. Pero el estancamiento sigue y es fuerte el deterioro de la empresa. También se mantienen las prácticas de gestión administrativa y sindical que la tienen postrada.

Ante el cúmulo de intereses creados por décadas, la incapacidad política tanto ejecutiva como legislativa se ha vuelto pasmosa. El resultado es que se pierde con la ecuación energética sea en su versión petrolera, eléctrica o de las energías alternativas. México se queda a la zaga en este terreno como en muchos otros.

El director de Pemex quiere convertir la empresa a su cargo. Su modelo, tal como expuso en el foro de Cancún, sería seguir el de empresas como Cemex, Televisa, Telmex o el Grupo Modelo. Parece que quiso decirlo en un sentido gerencial. Pero el inconsciente lo delata: ¿habla de modos de gestión o de derechos de propiedad? La falta de transparencia y responsabilidad políticas sólo va a agravar las cosas.

No debe olvidar el director que es el responsable de la administración de un recurso clave y que, por su naturaleza, genera una renta. Esa renta por ley le corresponderle a la nación, por eso es una empresa pública. Hasta ahora. Y esa característica tiene una razón de ser en un país como México, misma que es un elemento central para definir de una vez por todas qué hacer con Pemex.

El sentido de la declaración del director es confuso. Lo primero que había que preguntar es por qué son esas las referencias empresariales que se le ocurren para la entidad pública que tiene a su cargo. Es, cuando menos curiosa, por ser candorosos con todo este embrollo, la selección que hizo, o es que sabe algo que pronto sabremos todos también.

No se le ocurrió tomar de modelo una empresa petrolera, lo que sería cuando menos algo más natural, quién sabe por qué. Petrobras podría haber sido un caso interesante y más útil.

En México el retraso de las posturas ideológicas que acompañan a las políticas pública es ya muy sabido. Desde el mismo sector público se atenta contra la propiedad pública y eso no es casual.

La práctica ha sido llevar las condiciones de la gestión de los activos públicos a una situación económica y financiera insostenible y luego proponer como algo inevitable la privatización.

Ya está muy cantado. Como si no hubiera ocurrido nada en torno de los conflictos entre lo público y lo privado. Tan sólo ver bien el último par de años sería bastante útil.