El gobierno federal carece de criterios de evaluación en su política de combate a la delincuencia organizada, incurre en subejercicios del gasto y no ha logrado reducir la evolución de los delitos vinculados a narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidios, señalan estudios elaborados en la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Teresa Incháustegui, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, refiere que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha decidido transitar por el ejercicio de una política ciega, que busca provocar en la ciudadanía el hartazgo que lleve a demandar acciones autoritarias, lo cual pondría en riesgo los derechos humanos.

El incremento de la presencia del Ejército en el país por el combate al narcotráfico y el desprestigio creciente de corporaciones policiacas ha propiciado que la administración federal incremente el presupuesto a las fuerzas armadas y a las dependencias de seguridad pública.

Tal reacción se desprende de los análisis y estudios que han corroborado la evolución creciente de los delitos a escala federal, cuya incidencia se ha disparado de 2000 al presente. En aquel año el número de ilícitos por cada 100 mil habitantes alcanzó 2 mil 200; 10 años después se incrementó a 2 mil 400 por la misma tasa de habitantes.

Ante esto, el gasto federal en seguridad pública creció del periodo 2006 a 2009. El monto aumentó de 25 mil millones de pesos que recibía la Secretaría de la Defensa en 2006 a 43 mil millones el año anterior. La Secretaría de Seguridad Pública en aquel año recibió 9 mil millones de pesos; en 2009 el monto subió a 32 mil millones.

La Procuraduría General de la República tuvo un presupuesto de 9 mil 200 millones en 2006, y para 2009 su gasto alcanzó más de 12 mil millones de pesos. La Secretaría de Marina, que había mantenido un gasto promedio de 2000 a 2006 de 8 mil 500 millones, el año pasado recibió poco más de 15 mil millones de pesos. Hace cuatro años el gasto per cápita en seguridad fue de 502 pesos, y a la fecha supera los mil 39.

Sobre esto, Incháustegui, del PRD, adujo que entre las instancias del gobierno federal no hay idea clara de cuáles objetivos está persiguiendo y qué resultados busca. No existen bases que haya elaborado la Secretaría de Seguridad Pública, ni indicadores de los fondos económicos que se destinan a la seguridad pública en los estados, y concluimos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública carece de instrumentos para comparar objetivos, políticas y criterios.

A la fecha, la fórmula aplicada a la distribución del Fosep (Fondo de Seguridad Pública) es una combinación del tamaño de la población y de la incidencia delictiva, de manera que termina premiando a aquellos estados con tasas delictivas altas y no a la buena práctica de acciones de prevención, encontrándose severos subejercicios en el uso de los fondos económicos.

Se hace una política ciega, porque sin datos que permitan precisar en dónde estás fallando, entonces se actúa a puro golpe de ocurrencia. La tendencia va en aumento tanto en delitos federales como del fuero común. ¿Qué le puede decir el gobierno a la sociedad si la incidencia delictiva sube, y los recursos que se invierten no logran parar el fenómeno? Que algo está mal y ¡que la política está mal diseñada!

La actual administración tiende a invertir en patrullas, en uniformes, en instalaciones pero ignora la inversión en desarrollo de capacidades y en profesionalización, refiere la legisladora.

“No hay nada en materia de profesionalización. En el contexto de los recursos que se destinan a seguridad pública, casi 40 por ciento se canaliza a la Sedena. Esta absorbe cada vez más las actividades de seguridad pública.

Si el Ejército realiza actividades de seguridad y asume el papel de Ministerio Público y de jueces, se nos indica que la política no funciona; hay que tomar en cuenta que no sólo tenemos el Ejército efectuando ese papel, sino un proceso gradual de militarización de los mandos directivos de las corporaciones policiales.

–Se insiste en el fracaso de la política de combate a la delincuencia –se le indica.

–La política de seguridad pública es ciega y fallida –según la Comisión de Seguridad Pública– porque no hay prevención, no hay investigación delictiva y por eso no hay denuncia de la sociedad, el delito de cuello blanco es completamente impune; no hay capacidad para saber cómo se dan los delitos que victimizan a la población y que son en su mayoría del fuero común, ¡no hay investigación! Eso en la mayoría de los países sí existe.

–Pese al aumento de recursos económicos los resultados son intangibles –se le insiste.

–Ya no sabemos si se trata de ceguera y de ineptitud, o si es deliberado porque cuando una política está fallando, que no atinas a resolver los márgenes de inseguridad y no escuchas, se piensa que verdaderamente no entienden y no tienen sensibilidad o, bien, lo que persiguen es que la gente se desespere y acepte esquemas autoritarios, medidas extremas que pongan en riesgo los derechos y las libertades de todos.