egún los datos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Jiutepec 2006-2009, este poblado representa el principal polo de desarrollo regional de Morelos al mismo tiempo que muestra índices de pobreza patrimonial por hogar e individualmente para 74 de cada 100 hogares y para 81 de cada 100 jiutepequenses. En ese sentido, lo que allí ocurre podría tomarse como símbolo de los límites de la modernización salvaje que está detrás del explosivo y desordenado crecimiento urbano de las décadas recientes en muchas partes del país. Junto al área industrial, la ciudad moderna avanza a expensas de la que una vez fue una región agrícola arrocera, destruyendo las antiguas relaciones sociales comunitarias, cuyo reflejo aún se registra como grave irregularidad en la sobrevivencia artificial de la propiedad comunal, ahora usufructuada por particulares, sin que esté en curso un ordenamiento territorial racional y satisfactorio que proteja los derechos de todos.

De hecho, para atender las exigencias de esta población en aumento continuo, la urbanización se ha realizado atendiendo las solicitudes de los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes dependen, según la sospecha generalizada, de los favores que ilegalmente les conceden tanto autoridades estatales como locales. No es extraño, pues, que los cambios de uso de suelo, la concesión de licencias y permisos, los estudios de impacto ambiental se aprueben en el último minuto de un periodo de gobierno, sin respetar la normatividad vigente, como ya ha ocurrido en el mismo Jiutepec, en Cuernavaca y otros municipios morelenses, donde la corrupción es materia de escándalos frecuentes.

Es lugar común decir que las autoridades municipales y estatales han dejado en manos de las grandes inmobiliarias la definición de lo que se considera vivienda de interés social, definida sin tomar en cuenta la habitabilidad de las edificaciones, su capacidad de ofrecer una digna calidad de vida a quienes no sin sacrificios la adquieren en el mercado. Allí donde hay un predio disponible, así sea en zonas carentes de servicios urbanos, florecen como hongos las unidades habitacionales a cambio de ofrecer departamentos mínimos a un precio que los especuladores consideran conveniente, lo cual viene a reforzar un modelo de gobierno municipal en el cual los temas de la sustentabilidad se relegan en favor de un precario desarrollismo inmobiliario valorado por el alcance –legal o no– de los negocios en juego, sin tomar en cuenta la opinión y las necesidades expresadas por la ciudadanía.

No extraña que en esas circunstancias se multipliquen los problemas y las inconformidades vecinales. Para afrontar la indiferencia municipal, los habitantes de varias colonias decidieron integrar la red de organismos ciudadanos de Jiutepec (Redjiu), que pugna por la solución de variados asuntos, que van desde la creación de un parque ecológico en el centro de la ciudad al reclamo por la ineficiencia municipal ante las inundaciones anuales: Tenemos años con un gravísimo problema de contaminación por insuficiencia del drenaje. Cada año en diversas partes nos inundamos de aguas negras, manifiestan los colonos de Tepec, pioneros en esta lucha por obtener servicios adecuados. Además de las denuncias por la contaminación causada por la descarga de aguas negras en los canales de riego, la red protesta por el inicio de la construcción de un fraccionamiento de 280 casas sobre un predio de al menos 900 hectáreas conocido como Las Canteras, cuyas especificaciones técnicas se han ocultado sistemáticamente. El 22 de septiembre el cabildo de Jiutepec cambió el uso del suelo y autorizó la construcción de 280 casas, lo cual, sostenemos, afectará uno de los cuatro resumideros naturales de la zona e incrementará el problema de inundaciones que en épocas de lluvia se mezclan con aguas negras que nos contaminan”.

Los posibles efectos negativos del proyectado fraccionamiento no sólo afectarán a las zonas residenciales más antiguas, sino sobre todo a las colonias más populares aledañas al predio, varias de las cuales carecen de pavimentación, drenaje y suelen recibir dotaciones de agua racionada. Para los habitantes de La Huizachera, Villa de Santiago y Joya del Agua, entre otras, la edificación de un fraccionamiento de esa magnitud, anunciado como el primero de un plan que incluye otros terrenos próximos, más que un peligro potencial se vive ya como un riesgo inmediato para el suministro de agua tanto en cantidad como en calidad, eso sin contar las repercusiones sobre la seguridad pública o el transporte, que en este momento son especialmente deficientes.

Ante tantas irregularidades, la Redjiu requirió al municipio la divulgación del estudio de impacto ambiental requerido, pero hasta ahora no lo han conseguido. Finalmente, cansados por la ausencia de respuesta oficial, los vecinos realizaron un foro público con especialistas para examinar el problema y más adelante, en una nueva acción, entregaron en el Palacio Municipal y el Congreso estatal dos tambos con 20 litros de aguas contaminadas, como señal de hartazgo. Como resultado, la Comisión Legislativa de Medio Ambiente reaccionó positivamente tomando cartas en el asunto, mientras que, en un avance importante, la presidencia municipal aceptó el diálogo con los vecinos y se comprometió a integrar un expediente con toda la información disponible sobre el fraccionamiento y a resolver el ingente problema de las inundaciones.

Ésta es la última oportunidad para que el gobierno municipal perredista de mayor peso en la entidad demuestre que puede y quiere hacer una política que no sea calca de las que la ciudadanía rechazó cuando decidió, desde 2006, votar por ellos. Veremos.