La reforma al artículo 17 constitucional abre la posibilidad de que las acciones colectivas se apliquen en todo ámbito de la vida pública, lo mismo contra empresas privadas que organismos gubernamentales.

Constituye una herramienta para enfrentar jurídicamente a los grandes corporativos que dominan la vida económica y política del país, frenar sus abusos y exigirles indemnización por daños causados, pero también para demandar cuentas a las autoridades que actúan al margen de los ciudadanos, aseguró Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón, una de las organizaciones del frente Consumidores que impulsó el cambio constitucional.

Las acciones colectivas son derechos humanos de tercera generación que se ejercen casi en todo el mundo porque los derechos individuales ya resultan insuficientes. Pueden aplicarse absolutamente para todo, no sólo para defender los derechos de consumidores y de usuarios de servicios financieros. Pueden aplicarse para problemas de medio ambiente, laborales, culturales, decisiones gubernamentales, gasto presupuestal e incluso para defender los derechos de pequeños accionistas de grandes empresas, explicó en entrevista.

Los cambios al artículo 17 de la Carta Magna para permitir las acciones colectivas fueron aprobados el jueves pasado por la Cámara de Diputados, mientras que el Senado de la República los avaló en diciembre de 2009.

Sin embargo, requieren la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales para ser promulgados, por tratarse de una reforma constitucional. Para ello, el frente Consumidores ha creado comités estatales para convencer a los legisladores locales de votar a favor de la iniciativa.

Ramírez Cuéllar se congratuló de que esta vez los legisladores federales no hayan cedido ante los cabildeos y las presiones del sector privado porque la reforma que aprobaron no limita la aplicación de las acciones colectivas, pero advirtió que los corporativos intensificarán sus ataques para acotarla en la ley reglamentaria que deberá expedirse.

Este es el punto fundamental. Nosotros sentimos una gran presión de los grupos empresariales porque quieren que las acciones colectivas estén tuteladas por organismos del Estado, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que decidirán si procede una acción colectiva. Además, quieren limitarla a consumidores, usuarios de servicios financieros y para temas de medio ambiente. Eso es inaceptable, indicó.

Para enfrentar el nuevo embate empresarial, Ramírez Cuéllar aseguró que la variedad de temas en los que pueden aplicarse las acciones colectivas permitirá a El Barzón, El Poder del Consumidor, Oxfam y Al Consumidor – integrantes de Consumidores – aliarse con organizaciones sindicales, de derechos humanos, ambientales y culturales.

Prueba de lo anterior es que durante la primera Convención Nacional de Consumidores, efectuada el pasado 13 de marzo, acudieron representantes de organizaciones ecologistas, de comunidades indígenas y campesinas e incluso padres de los niños que perecieron en el incendio de la guardería ABC.