El Gobierno del Distrito Federal parte del hecho incluyente de que todos los ciudadanos tienen derecho a gozar de los beneficios de la ciudad, principalmente los más pobres, los marginados y las minorías, aseveró Rosa Icela Rodríguez, directora del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, al participar en representación del Ejecutivo capitalino, Marcelo Ebrard, en la quinta sesión del Foro Urbano Mundial El derecho a la ciudad: uniendo el urbano divido, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil.

Detalló que autoridades del gobierno capitalino trabajaron con organizaciones sociales, de derechos humanos, grupos de mujeres, organismos de justicia, académicos, universitarios, parlamentarios, activistas sociales, investigadores, servidores públicos, primero en la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y luego en la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad, la cual está por firmarse.

Rodríguez Velázquez señaló que en el Distrito Federal por regla se atiende a todos los ciudadanos, aunque se da preferencia a niños, niñas, adultas y adultos mayores, población lésbico-gay, discapacitados y migrantes.

Algunas de las garantías de los ciudadanos de Distrito Federal salieron adelante, independientemente de las campañas de la derecha, gracias a la lucha de las activistas y de la voluntad política, por el derecho de las mujeres, somos la primera ciudad en México, que aprueba la interrupción legal del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación, refirió a los participantes en el foro mundial.

Habló de las reformas al Código Civil local aprobadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el Gobierno del Distrito Federal que otorgaron a las parejas de homosexuales el derecho de contraer matrimonio por la vía civil, a partir del 4 de marzo pasado.

La directora del Instituto para la Atención del Adulto Mayor reconoció que aún falta mucho por avanzar en el costo de la capitalidad y en la falta de autonomía política plena, porque ni el Gobierno del DF ni la Asamblea Legislativa pueden decidir sobre su techo de endeudamiento o nombrar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de Justicia locales sin consultar al gobierno federal.