os hechos más recientes, de los cuales han dado parte los medios de comunicación nos indican que actualmente México, nuestro país, está en estado de guerra; las estadísticas publicadas sobrepasan más de mil muertes violentas relacionadas con acciones del crimen organizado o contra este, en lo que va de 2010, siendo superiores a las conocidas en torno a Irak y a Afganistán. Ello me llevó a escribir dos artículos recientes sobre la situación de violencia en la que estamos sumidos, a partir de la decisión del actual gobierno de realizar un ataque frontal contra el crimen organizado, cuya presencia ha crecido en forma inusitada durante décadas recientes, ante la permisividad de los sucesivos gobiernos que hemos padecido y la complicidad de algunos de sus altos funcionarios.
En el primero de estos artículos traté de explicar por qué la estrategia del gobierno actual me parece inadecuada, al combatir de manera violenta la cara visible de las organizaciones delictivas, en lugar de centrar las acciones en las causas que han propiciado su florecimiento, aunque ello resulte más complicado. En el segundo artículo hice manifiesto mi desacuerdo con la utilización del Ejército para resolver el problema, en virtud de los efectos negativos que conlleva su intervención en asuntos de carácter civil, al perturbar la estructura y las relaciones propias de la sociedad civil, pero también por el riesgo que implicaría el fracaso del Ejército en tal misión, al dejar al gobierno sin opción alguna, aparte de la capitulación o de solicitar la injerencia de organismos extranacionales, las cuales implican riesgos aun mayores para la integridad misma de la nación.
Los hechos más recientes revelan la presencia de nuevos problemas: la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que al abandonar su centro de estudios fueron acribillados por el fuego cruzado entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes, así como la tragedia de un matrimonio que viajaba en su auto por una vía pública de esa ciudad, cuando una bala mató a la esposa mientras circulaban por una avenida, indican con claridad que las policías federales y estatales cuentan ya con la autorización de disparar, sin tomar en cuenta el riesgo que implica para los ciudadanos que transitan por la vía pública, cualquiera que sea el lugar y la hora en que se encuentren con posibles delincuentes.
Este tipo de cosas sucede sólo cuando un Estado se encuentra en guerra con otro, y luego de una declaración formal de su gobierno, que entre otras cosas indica a sus ciudadanos del peligro al que la población toda esta expuesta; este no ha sido el caso en nuestro país, de manera que lo que estamos viviendo es ya un estado de excepción ilegal, inducido por las autoridades, sin que el Congreso de la República, ni los partidos políticos parezcan estar interesados en el problema. De no corregirse éste, estaremos viviendo la sensación generalizada de inseguridad, que puedo imaginar se vive ya en algunas partes del país; junto con una caída en las actividades económicas, no sólo por el riesgo que implica para los inversionistas, sino por el más directo a la integridad de las personas.
Por otra parte, uno de los últimos incidentes ocurridos en Ciudad Juárez es en el que perdieron la vida ciudadanos estadunidenses y empleados del consulado de Estados Unidos, produciendo una airada declaración del presidente de ese país, que ha tenido como consecuencia inmediata declaraciones y foros de análisis de los que se desprenden información también preocupante. Así, la declaración televisada de un ex alcalde de esa ciudad fronteriza, en la que hizo del conocimiento público la existencia, de tiempo atrás, de un grupo organizado de delincuentes llamados Los Aztecas, con alto grado de peligrosidad, que ha venido operando desde El Paso, Texas, con ramificaciones en México, sin que la policía de ese estado del país vecino haya mostrado interés de colaboración con las autoridades mexicanas en el combate a dicho grupo, le da al problema dimensiones internacionales.
Resulta así tan inexplicable que el gobierno estadunidense se declare sorprendido y disgustado por los acontecimientos recientes, tanto como que el gobierno mexicano no hubiese solicitado formalmente la intervención del primero, para enfrentar de manera conjunta ese problema en particular, tomando en cuenta su interés declarado de apoyar al gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
Un tema que no ha sido tocado por el gobierno mexicano, pero tampoco por el Congreso o los partidos políticos, no obstante la indudable importancia que tiene, es el referente al armamento con que cuentan los cárteles de la droga y sus sicarios, el cual, en buena parte, parece ser adquirido en Estados Unidos, e introducido a nuestro país de manera subrepticia e ilegal con el apoyo y encubrimiento de autoridades mexicanas.
Las leyes estadunidenses, consideran la venta de armas una actividad comercial como cualquier otra, siendo posible para un ciudadano estadunidense hacerse de una pistola o de un rifle con bastante facilidad; sin embargo, la utilización de ametralladoras, lanzacohetes y otras armas de alto poder supuestamente reservadas para usos militares por parte de las bandas criminales que operan en México, indica la existencia de irregularidades serias por parte de las autoridades estadunidenses. ¿Por qué razón el gobierno de México y el Congreso de la República han ignorado este hecho?
Cuando entendemos las dimensiones de la crisis nacional en la que estamos inmersos, debemos preguntarnos cómo entramos en ella y en torno a qué debemos organizarnos para enfrentarla.
