Las negociaciones para fijar una temporalidad a la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico avanzan en el Senado. Se parte del plazo de 18 meses, con miras a que los militares hayan regresado a sus cuarteles cuando se lleven a cabo los comicios presidenciales de 2012.

Las negociaciones se mantienen a nivel de coordinadores. Al respecto, el priísta Manlio Fabio Beltrones informó que se trabaja a buen ritmo y hay un avance de 80 por ciento en la construcción de los consensos entre las fuerzas políticas.

El legislador añadió que existe un doble propósito: dar al Ejército la legislación que merece para no ser tratado injustamente en su lucha contra la delincuencia y la inseguridad, y que ese mismo marco jurídico permita transparentar cada acción de las fuerzas armadas, para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos.

En las pláticas para acordar el decreto respectivo, los panistas han pedido debatir un plazo mayor para sacar al Ejército de las calles, pero aunque priístas y perredistas están en disposición de discutirlo, han puesto sobre la mesa de debate que antes de las próximas elecciones presidenciales los militares ya no deben seguir en la lucha antinarcóticos.

El coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, aseveró que los militares no pueden regresar a los cuarteles mientras no existan cuerpos policiacos perfectamente entrenados, depurados y con los recursos económicos y la organización debida para enfrentar la violencia.

El senador priísta Fernando Castro Trenti consideró que año y medio es plazo suficiente para depurar y capacitar a las corporaciones policiacas, con el fin de que asuman el combate al crimen organizado, sobre todo si se toma en cuenta que desde hace tres años, cuando se aprobó la reforma judicial, debió comenzar el proceso de modernización.

Es uno de los puntos centrales que se han discutido en la negociación del decreto con el que el Senado pretende dar salida a las demandas del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, de legalizar la actuación del Ejército en tareas policiacas.

Los legisladores definieron ya que el decreto respectivo especificará que las fuerzas armadas podrán participar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero, se insiste, sólo de manera temporal.

Aunque ya existe la propuesta de que la participación castrense en esas tareas sea de 18 meses, lo que aún no se decide es si dictaminarán la Ley de Seguridad Nacional en este periodo de sesiones, toda vez que priístas y perredistas mantienen severas objeciones a esa legislación, que da mayores facultades al Ejército.

Ratifican nombramientos

Por otra parte, el pleno de Senado ratificó ayer los ascensos de 73 generales y 69 coroneles.

Entre los nuevos generales de división están Luis Arturo Olivier Cen, Jesús Ballesteros Topete y Daniel Méndez, quienes han cumplido tareas relacionadas con el combate al narcotráfico.

En el dictamen para ascensos de generales, jefes y oficiales del Ejército aprobado ayer se hace mención especial a la coronel Ana Luisa Becerra, considerada ejemplo y referente vocacional para las más de 6 mil 300 mujeres que forman parte de las fuerzas armadas.