El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 17 de la Constitución que favorece las acciones colectivas para permitir a los consumidores en general ser representados por una persona en juicios contra aquellas empresas que afecten los intereses de la mayoría.

La asociación civil Al Consumidor calificó el suceso de histórico, debido a que ordena al Congreso de la Unión a legislar en la materia para tutelar los derechos e intereses colectivos, hasta hoy sin garantizar por falta de un proceso judicial.

No obstante, representantes de la organización recalcaron que aún queda pendiente que 17 de las 32 legislaturas estatales ratifiquen la enmienda constitucional.

El decreto, que precisa las leyes que determinarán la aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño en el caso de acciones colectivas, fue presentado en el salón de sesiones de San Lázaro por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro.

La incorporación de esta figura permitirá la protección de derechos sociales y colectivos; sin menoscabo de intereses y derechos individuales, lo cual permite resolver no sólo conflictos de carácter privado, sino conflictos en los que existen intereses eminentemente colectivos.

Castro y Castro, quien forma parte de la fracción legislativa del PRD y funge como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, adujo que con esta reforma constitucional los futuros juzgadores tendrán la misión de cuidar que las acciones y procedimientos sean compatibles con su misión de velar por los derechos, no sólo individuales, sino de la colectividad.

Al igual que como ocurrió en el Senado el 10 de diciembre pasado, las modificaciones al artículo 17 fueron aprobadas por unanimidad. Así, 308 legisladores en la Cámara de Diputados votaron a favor del proyecto con una sola abstención.

Los activistas Daniel Gershenson y Adriana Labardini, fundadores de la citada organización, señalaron: Los diputados (...) comprendieron la importancia y urgencia de crear un sistema de impartición de justicia moderno y colectivo, acorde con las necesidades de una sociedad asimétrica, donde el ciudadano es excesivamente vulnerable frente a grandes consorcios y corporaciones públicas o privadas, indicaron.

Finalmente destacaron que con la creación de estas demandas colectivas en el país se empezarán por fin a garantizar y respetar los derechos de los consumidores.

Por fin se cumplirán compromisos internacionales en materia de derechos humanos largamente pospuestos, aseguraron.