Una verdadera tragedia humanitaria son las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que ocurren en México, aseguraron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública en la que se abordó el tema; además, organizaciones civiles señalaron que desde hace más de tres años han denunciado los secuestros sistemáticos que comete el crimen organizado en contra de esas personas, con la complicidad de autoridades migratorias del país.

En dicha sesión, efectuada el pasado lunes en Washington, Felipe González, presidente de la CIDH y relator para los trabajadores migrantes y sus familias, solicitó visitar el país a fin de contar con mayor información sobre la problemática.

Con lo reportado por las agrupaciones civiles y la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de que en sólo seis meses fueron secuestradas 9 mil 758 personas, la CIDH exhortó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para prevenir estas anomalías, así como garantizar la seguridad, la vida y el trabajo de los defensores de las víctimas.

En particular, mencionó al padre Alejandro Solalinde y el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; así como al padre Pedro Pantoja y el albergue Belén, Posada del Migrante, y las asociaciones civiles Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras.

Sobre el tema, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para México, subrayó que además de que el secuestro de migrantes es una verdadera tragedia humanitaria, con ese acto se violan todos los derechos fundamentales de las víctimas, sus familias y comunidades.

Al Estado le corresponde intervenir con medidas policiacas y una política integral en la que participen los tres órdenes de gobierno para otorgar acciones de prevención y atención integral a la problemática.

Entre las agrupaciones que desde hace más de tres años han denunciado el problema están, además de las ya mencionadas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, entre otras.

Han señalado que con los secuestros también se cometen abusos sexuales, tortura física y sicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud e impunidad.

Debido a que el Estado mexicano no contestó la denuncia de las organizaciones civiles, y de hecho rechazó los calificativos de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria, quedó pendiente la entrega de un informe oficial sobre el tema.