El Senado aprobó ayer en comisiones una reforma constitucional que, en versión de legisladores de PRI, PAN y PRD, es la más importante en materia de garantías fundamentales, ya que acota la pretensión presidencial de declarar estados de excepción sin la intervención del Congreso y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El dictamen, aprobado ayer por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, traslada a la CNDH la responsabilidad que actualmente tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar violaciones graves a las garantías fundamentales cometidas por gobernadores, presidentes municipales, legisladores o cualquier funcionario del Ejecutivo federal.

Ninguna institución podrá negar información al ombudsman

Para que ejerza esa facultad investigadora, la CNDH es dotada de fuertes dientes, según comentaron los senadores Pablo Gómez, del PRD; Santiago Creel, del PAN, y el priísta Pedro Joaquín Coldwell, toda vez que el organismo podrá solicitar información a todas las instituciones, incluída la Procuraduría General de la República (PGR), y no podrán negársela, aunque tenga el carácter de reservada.

De acuerdo con las modificaciones aprobadas ayer al artículo 102 constitucional, la CNDH podrá hacer las denuncias penales o civiles contra el funcionario que haya cometido violaciones graves a los derechos humanos y cuando una autoridad no respete o no acepte una recomendación del ombudsman. A petición del Senado, tendrá que participar en una audiencia pública para explicar los motivos del desacato, detalló Creel.

Explicó que, además, el ciudadano común podrá ir a los tribunales y exigir no sólo castigo a la autoridad que vulneró sus garantías fundamentales, sino la reparación del daño.

El perredista Pablo Gómez consideró que es una reforma toral, toda vez que la Suprema Corte sólo hacía las averiguaciones, como en los casos de Atenco o de la guardería ABC, pero hasta ahí llega, ya que ni siquiera puede ir a denunciar ante el Ministerio Público. Ahora es diferente, porque la CNDH podrá hacer la denuncia respectiva.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras reformaron también el artículo 29 de la Carta Magna, referido al establecimiento de estados de excepción. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que se trata de un ordenamiento decimonónico que requiere ser actualizado.

El senador priísta explicó que los cambios van encaminados a reafirmar que en el caso de declaración de estados de excepción –por invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto–, sólo el presidente de la república podrá decretarlos, con la aprobación del Congreso.

Se elimina también la facultad a la Comisión Permanente para hacerlo, por lo que queda exclusivamente a cargo de ambas cámaras. El legislador precisó que es importante que toda restricción a las garantías individuales tenga que pasar por el Congreso, ya que en la propuesta de ley de seguridad nacional que el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado, se elimina ese requisito.

Asimismo –detalló–, en el dictamen se establece “un piso de garantías que nunca podrán ser suspendidas, ni siquiera en estados de excepción, como los derechos políticos, la libertad de conciencia y la prohibición de la pena de muerte y de desapariciones forzadas, entre otras.

Se reforma también el artículo 33 constitucional, a fin de que en el caso de extranjeros, tengan la misma garantía de respeto a sus derechos humanos que los nacionales, y en caso de expulsión del país, gocen de previa audiencia.

La reforma integra en la Constitución los derechos humanos contenidos en tratados internacionales signados por el gobierno mexicano. Se espera que el dictamen sea presentado en primera lectura ante el pleno en la sesión de hoy o más tardar en la del jueves, para que pueda votarse al regreso de vacaciones de Semana Santa.