El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, llegará hoy a comparecer ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados con representantes del sector de telecomunicaciones y radiodifusión en contra e instalados en los tribunales, debido a que en los últimos meses ha negado la prórroga de concesiones a algunas empresas y ha concedido otras, que presuntamente benefician a los grupos dominantes, y tiene varias más pendientes.

Participantes en la industria de las telecomunicaciones, especialistas y académicos acusan a Molinar y sus colaboradores de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de que las bases para licitar el espectro en las frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios son inconstitucionales e inequitativas. Dicen que además están diseñadas para beneficiar a Televisa, que recién anunció su alianza con Nextel, empresa a la que la SCT le acaba de autorizar nueve prórrogas de concesión.

Hasta el momento, en estas dos licitaciones los participantes más fuertes son Televisa-Nextel, Telcel, Telefónica y Iusacell.

Académicos y especialistas han puesto en duda el diseño de las bases para la licitación de un par de hilos de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al señalar que ese concurso está dedicado a Telefónica Movistar, que el viernes pasado anunció que participará en ese proceso en consorcio con Televisa y Megacable.

La fuerza de esa unión consiste en que Televisa no sólo es el proveedor de televisión abierta más importante del país, sino que también concentra a las principales empresas de televisión de paga que son Sky, Cablevisión, Cablemás y Cablevisión Monterrey, las tres últimas con capacidad para ofrecer el servicio de triple play que consiste en la venta de telefonía fija, Internet y televisión.

A ese equipo se suma Megacable, que es uno de los proveedores de triple play más importantes en 23 estados. A ellos se agrega Telefónica, con lo que todas estas empresas podrían convertirse en conjunto en el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones a través de la red de fibra óptica de la CFE.

Éste es el panorama que se ha conformado en la industria de las telecomunicaciones en lo que va de 2010. Al mismo se suma una larga serie de litigios emprendidos contra la SCT por empresas como Televisión Azteca, Iusacell y Multivisión, en materia de licitaciones y concesiones.

Uno de los mayores reclamos de Televisión Azteca y de Televisora del Valle de México –ambas de Grupo Salinas– consiste en que la SCT ordenó suspender la venta del dispositivo HiTV y la transmisión de la programación de Azteca y otros canales a través de la señal que le fue otorgada como parte del proceso de transición a la televisión digital, por considerar que contraviene la Ley de Radio y Televisión. Además la dependencia les fincó una multa por más de 8 millones de pesos.

Los conflictos de las empresas no son sólo con la autoridad, sino entre ellas mismas, ya que el caso de HiTV en realidad es un enfrentamiento que se originó entre TV Azteca y la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), que preside Alejandro Puente, a quien los participantes en el sector vinculan con Televisa y acusan de ser encargado de boicotear todo aquello que represente competencia a los intereses de esa empresa.

Consideraron que Puente “cae en contradicciones evidentes al opinar sobre la actuación de la Comisión Federal de Competencia, dependiendo de si favorece o va en contra de los intereses de Televisa. Si de monopolios se trata, el ente regulador debería fijarse en el sistema que Puente creó para controlar la venta de contenidos, que se constituye en PCTV.

A todos estos conflictos podrían añadirse nuevas solicitudes de amparo en contra de actos de autoridad de la SCT, que encabeza Molinar, como cuatro procedimientos de sanción en contra de Teléfonos de México.

Aunque no es de su absoluta competencia, Molinar y la Cofetel tienen encima el conflicto que se podría desencadenar por la suspensión de más de 40 millones de teléfonos celulares si sus propietarios no los inscriben en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) antes del 10 de abril.