Un grupo mayoritario de la fracción priísta en la Cámara de Diputados no aceptó anoche avalar la redacción de iniciativa de reforma constitucional en materia política, electoral, judicial y fiscal que presentó Emilio Chuayffet, la cual se centra en eliminar la cláusula de gobernabilidad, para que un partido pueda tener el control de la cámara al obtener la mayoría simple, así como obligar al Presidente de la República a presentar su Informe de gobierno por escrito y responder preguntas pactadas.

En una reunión, en la cual más de 50 diputados intervinieron para cuestionar el proyecto –entre ellos Claudia Ruiz Massieu, Sebastián Lerdo de Tejada, Omar Fayad, Humberto Moreira, Miguel García Granados y Armando Báez Pinal, líder de los músicos capitalinos–, se decidió solicitar un nuevo proyecto. Incluso algunos legisladores resaltaron que la iniciativa presentada por el coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones, es más viable y consistente.

Ante las críticas, señalaron algunos asistentes al encuentro en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, la molestia del coordinador, Francisco Rojas, y del propio Chuayffet fue creciendo. Al grado de que, cuando Báez Pinal sugirió aplazar la aprobación de la iniciativa una semana más, Rojas exclamó: No, no puede ser. ¡Tenemos que sacar algo ya, pero ya esta semana!

La intención de Rojas era presentar el proyecto –cuyo origen diputados priístas atribuyen al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto– en la sesión de hoy martes, pero ante el rechazo se decidió hacerle adecuaciones y presentarlo en la sesión de mañana.

La iniciativa de la diputación mexiquense –de la que el mismo Rojas forma parte– plantea cambios a 34 de los 136 artículos de la Constitución.

En la mezcla de temas, el documento propone acotar el arraigo, para mantener en secreto la identidad de las personas sujetas a esa figura; otorgar a los estados participación de los beneficios de las aguas nacionales de su territorio; dar autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT); que los partidos políticos tengan derecho a que el Presidente informe de la marcha del país; reducir de 21 a 18 años la edad para ser elegible como diputado, y suprimir la obligatoriedad del quórum para sesionar, entre otras propuestas.

Se plantea la reforma al artículo 41, fracción V, párrafo quinto, para incluir la figura de la contraloría general electoral, como órgano fiscalizador de las finanzas de los partidos y de los gastos de precampañas y campañas. Dicho consejo estaría integrado por tres miembros –no establece si con carácter ciudadano– propuestos por la Junta de Coordinación Política.

Uno de los puntos más impugnados es el de la adición de un párrafo décimo al mismo artículo, para que el IFE tenga la facultad de tener a su cargo la elección interna de candidatos de los partidos cuando se hagan por consulta directa a la ciudadanía.

En el caso del artículo 69, se planteó que el Presidente enviará el 15 de agosto su Informe anual, para que una semana antes de la apertura de sesiones del Congreso los grupos parlamentarios envíen preguntas al Ejecutivo, quien las responderá por escrito.