En cumplimiento a una resolución de amparo, la fiscalía antilavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) canceló este lunes la tercera orden de asegurar diversas cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, aunque, también con fecha de ayer, la dependencia emitió una cuarta medida de apremio para congelar las mismas cuentas por tiempo indefinido.

En este nuevo acuerdo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ya no argumentó que ese dinero, en caso de no asegurarlo, podría ser utilizado para operaciones particulares de algunos líderes mineros que cometieron un supuesto fraude. Tampoco afirmó que podría ser utilizado para la adquisición de narcóticos.

Ahora la fiscalía expuso que se presume que esos recursos pudieran estarse usando en perjuicio de la industria minera y, por tanto, contra el Estado mexicano, por ser el titular de los yacimientos del subsuelo, informó el penalista Marco Antonio del Toro, uno de los abogados del sindicato minero, quien sostuvo que otra vez la PGR no presentó pruebas, sino únicamente suposiciones dogmáticas.

La semana pasada, el primer tribunal colegiado en materia penal de la ciudad de México ordenó a la PGR cumplir una sentencia de amparo que determinó inconstitucional el aseguramiento de diversas cuentas bancarias del sindicato.

En su resolución, el tribunal federal apuntó que la SIEDO violó la sentencia de amparo emitida por el juzgado quinto de distrito, al haber afirmado dogmáticamente (sin prueba alguna) que el dinero podría ser empleado por los mineros para adquirir narcóticos.

Para dar cumplimiento a la orden del colegiado, la fiscalía antilavado argumentó –en lo que es el cuarto aseguramiento de las cuentas bancarias que ordena la SIEDO– que el uso de esos recursos podría perjudicar a la industria minera mexicana.

Agregó que también existe la posibilidad de que los fondos se utilicen de forma ilícita en Canadá.

“Estos aseguramientos carecen de una lógica, uno del otro; se han expedido bajo supuestos delictivos totalmente distintos que no tienen ninguna lógica jurídica”, sostuvo Del Toro.

Con esta cuarta orden de congelar las cuentas queda claro que la PGR carece de pruebas para sustentar sus acusaciones, y que sus actuaciones obedecen a una persecución política contra (el líder minero) Napoleón Gómez Urrutia. Por esta razón hemos vuelto a quejarnos ante el Poder Judicial Federal, por incumplimiento de la ejecutoria del amparo, destacó.

Se trata de cuentas abiertas en Banamex y Bancomer, entre otras instituciones bancarias, con inversiones cercanas a 25 millones de pesos.