El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión de diversos amparos que tienen que ver con cuentas bancarias abiertas en la década de los años 80 del siglo pasado, cuyos titulares demandan a los bancos el pago de intereses generados por ese dinero, que asciende a miles de millones de pesos. Los proyectos de resolución dan la razón al banco para evitar el pago de multimillonarias indemnizaciones a los cuentahabientes.

Trascendió lo anterior en la SCJN, donde fuentes judiciales confirmaron que los ministros han recibido presiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de los bancos involucrados para evitar que la capitalización de intereses opere en favor de los quejosos.

El primer amparo listado en contra de Banamex surgió de un depósito original de 400 millones de viejos pesos en 1987; el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua dio la razón al quejoso y ordenó el pago de mil 462 millones de pesos; posteriormente el asunto pasó a la justicia federal, hasta que la SCJN ejerció su facultad de atracción para conocer el amparo por la importancia del sistema financiero del país y para fijar criterios de resolución en asuntos similares.

El proyecto de dictamen no valida la aplicación del anatocismo en favor del quejoso, como aprobó la Corte en 1998, cuando sí avaló la capitalización de intereses sobre intereses en la apertura de contratos de crédito, en favor del banco. El dictamen propone que éste pague únicamente 800 mil pesos.

El dictamen, confirmaron fuentes consultadas, señala que si bien el banco fijó con el cliente una tasa de 87 por ciento mensual, eso fue acordado en contravención de la tasa oficial que fijó en su momento el Banco de México. De manera que la tasa pactada en el contrato entre la institución crediticia y su cliente es nula y, por tanto, no procede la indemnización exigida.

Otro amparo que revisará el pleno es el de Lilia Villaseñor de Luna, quien firmó un contrato con Bancomer en 1987, cuando depositó 500 mil viejos pesos, con una tasa anual de interés de 12 por ciento y una sobretasa exenta del impuesto sobre la renta de 85.77 por ciento. Al igual que en los otros amparos, la indemnización exigida es multimillonaria y el banco se niega a pagar.

Los criterios que adopte el máximo tribunal servirán de base para resolver más de 150 demandas que están en juzgados y tribunales federales.