Las diferencias relativas a la integración de los órganos autónomos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que materializan el arranque de su restructuración, se subsanaron ayer con la repartición de cargos entre corrientes, excepto para algunos grupos surgidos por pugnas internas, como Democracia Social y Frente Amplio de Reconstrucción, que son escisiones de Nueva Izquierda.

Así se subsanó el punto principal de conflicto de otro pleno ordinario del séptimo Consejo Nacional, que sesionó el viernes y ayer sábado. Ayer, sin embargo, el programa de afiliación –con duración de un año a partir del próximo 5 de mayo– generó suspicacias entre algunos consejeros por la falta de transparencia para determinar a Grupo GANE como la empresa que se encargará del proceso.

Carlos Sotelo y Armando Quintero exigieron datos sobre la firma. Empezamos mal y vamos a acabar peor por falta de transparencia y profesionalismo, expresó el segundo. Pidió despejar las dudas para contar con un padrón cien por ciento confiable. GANE –sostuvo– tiene un currículo desconocido, no tiene antecedentes de producción masiva de tarjetas, no hay información al respecto. No hay que hacer cosas buenas que parecen malas.

Recordó que él presentó al presidente nacional del partido, Jesús Ortega Martínez, la propuesta de una empresa grande, seria, que trabaja en la producción de licencias de manejar para el Distrito Federal, la cual fue desechada.

Agustín Guerrero, en tanto, criticó que la meta de afiliación sea por un millón 776 mil 868. Sólo en el Distrito Federal han votado 800 mil en elecciones internas. La campaña de afiliación es para documentar la extinción del PRD, comentó.

Roberto Morales, de Nueva Izquierda, tomó la palabra para explicar el proceso. Respondió a Quintero que su propuesta, Latín ID, resultó ser la más cara, de entre cuatro que se recibieron. GANE planteó cobrarles 52 millones de pesos para instalar 211 módulos de afiliación en todo el país, mientras la otra firma cobraba 60 millones más IVA por 150 módulos.

Resaltó que los consejeros pretendían instalar 700, pero eso implicaba 100 millones de pesos y el partido no tiene capacidad para pagarlos. Afirmó que la meta de 1.7 millones es para un año, pero la afiliación es permanente.

Jesús Ortega tomó la palabra para denunciar intentos de bloquear las campañas nacionales de afiliación y reafiliación del partido, y sometió a consideración del pleno –con pocos consejeros– votar la convocatoria de la primera.

No dejemos pasar ni un día más, porque nos retrasamos en el proceso de reorganización del partido. Hay que aprobar en términos generales el programa, afirmó en medio de algunos gritos porque cooperara para la realización de la consulta nacional por la revocación de mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que organizan grupos opositores al gobierno federal, para el 22, 23 y 24 de mayo –y que ayer hicieron circular un bote entre los perredistas–. Pero no lo hizo.

Luego vino la propuesta de integración de las comisiones de afiliación, de auditoría, de vigilancia y ética; formación política y capacitación en políticas públicas y gobierno, así como departamento de relaciones internacionales, en la que la mayoría de las expresiones –aún sin registro oficial como corriente de opinión– tiene cabida.

Lo relativo a las irregularidades detectadas en ese registro se dejó para otro consejo. Se informó que ayer, a las 6 de la tarde, venció un plazo de 48 horas para recibir las subsanaciones (sic) de cada una de las omisiones en que incurrieron las expresiones perredistas al momento de presentar sus avales.

Pero como falta procesar toda esa información, se propuso postergar su entrega para otra sesión de Consejo Nacional.