a carta pastoral dirigida por Benedicto XVI a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en Irlanda constituye una nueva medida de control de daños que, lejos de mostrar un compromiso del Vaticano con el esclarecimiento de esos crímenes en el mundo, exhibe una inaceptable renuencia a reconocer el papel determinante que han desempeñado las autoridades eclesiásticas para preservar la impunidad de quienes los cometen. En la misiva, el obispo de Roma ofrece disculpas a los afectados por los curas pederastas, afirma sentirse profundamente consternado por estos atropellos e invita a los sacerdotes que han abusado de niños a responder de ello ante Dios todopoderoso y ante los tribunales debidamente constituidos, y a examinar vuestra conciencia, a asumir la responsabilidad de los pecados que habéis cometido y a expresar con humildad vuestro pesar.

El escrito no sólo resulta insuficiente en cuanto a su tono y alcances –se circunscribe al ámbito de Irlanda, cuando se han documentado casos de ese tipo en todo el mundo–; es también inverosímil si se toma en cuenta la postura de encubrimiento –y, por consiguiente, de complicidad– históricamente adoptada por la jerarquía vaticana ante este tipo de crímenes. Cabe recordar, como botón de muestra de esta actitud, que la cúpula católica, en 1962, redactó y distribuyó entre sus integrantes un documento llamado Crimens sollicitationis, en el que hacía jurar a todos los obispos mantener el secreto sobre cualquier asunto relacionado con el abuso sexual cometido por sacerdotes, bajo pena de excomunión. Posteriormente, en 2001, el propio cardenal Joseph Ratzinger validó la vigencia de ese ordenamiento mediante una misiva en la que instruía a todos los integrantes del clero no informar de estos casos a las autoridades judiciales, argumentando que éstos son materia de secreto pontificio.

Más allá de lo anterior, el propio Benedicto XVI no puede llamarse a sorpresa y mucho menos a engaño ante la salida a la luz pública de estos casos, toda vez que su conocimiento de este tipo de acusaciones es de larga data. Es necesario traer a cuento que el sucesor de Juan Pablo II pudo reabrir en 2004 el expediente del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, cuando aún presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe, y esclarecer las graves y verosímiles imputaciones que pesaban en contra del religioso mexicano. La jerarquía eclesiástica de ese entonces rehusó someter a Maciel a un proceso canónico y decidió, en cambio, suspenderlo a divinis, en 2006, cuando Ratzinger ya ocupaba el trono de Pedro, en lo que ha sido interpretado como parte de un arreglo entre el Vaticano y los legionarios para retirar de la vida pública a su fundador y desactivar, de esa forma, un escándalo mayúsculo. La propia jerarquía eclesiástica mexicana desempeñó un papel fundamental en el episodio: son relevantes, al respecto, los señalamientos formulados por el ex legionario Alberto Athié, en el sentido de que el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, llegó a sostener que las acusaciones contra Maciel eran parte de un complot contra la Iglesia. Posteriormente, el propio purpurado minimizó la sanción impuesta al fundador de los legionarios, y señaló que ésta sólo lo invita a retirarse a la vida privada.

Hoy, ante la demanda mundial de justicia y esclarecimiento en relación con estos delitos, y frente al enorme descrédito en que se encuentra inmersa, la Iglesia católica debe colaborar con las autoridades seculares, exhibir un compromiso serio y efectivo en la exclusión, la sanción y la presentación de los sacerdotes responsables ante las instancias judiciales correspondientes y, alejada de los baños de pureza que suelen caracterizarle, emprender una depuración de sus propias estructuras. En la medida en que esto no suceda, la consternación expresada en la misiva de Ratzinger no será más que un gesto de relaciones públicas.

Por último, es evidente que la impunidad de los curas agresores no es responsabilidad exclusiva del clero: por el contrario, hoy en día se extiende la percepción de que en distintos países, como el nuestro, existe un pacto tácito que involucra a autoridades religiosas y seculares, y que otorga cobertura legal a quienes se valen de su ascendiente moral sobre la población para cometer abusos como los comentados.