Uno de los retos del movimiento de derechos humanos frente al contexto actual que enfrenta México es hallar la manera de que la voz de las organizaciones civiles tenga peso en la agenda de seguridad pública nacional, señalaron defensores de estas garantías.

Durante el foro Desafíos para el movimiento de derechos humanos en México, con el que empezaron los festejos por el 20 aniversario de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), Édgar Cortez, secretario ejecutivo del organismo, dijo que personajes del empresariado que han sido víctimas de la violencia –como Alejandro Martí o Isabel Miranda– son los reales interlocutores ante las autoridades en el tema de la inseguridad.

Señaló que aunque el movimiento de derechos humanos ha dado pasos importantes, los defensores de las garantías fundamentales y las organizaciones no gubernamentales no son el principal referente de la autoridad para el establecimiento de políticas públicas en la materia.

Por eso, planteó que uno de los objetivos de las ONG debe ser analizar cómo lograr que la voz de los activistas sea escuchada por los dirigentes de este país, a fin de que las estrategias contra la inseguridad se basen en una política de derechos humanos.

Una de las principales reflexiones –precisó– es hallar cuál debe ser el papel y la participación de los grupos civiles ante las violaciones de derechos humanos suscitadas en el contexto de la inseguridad que padece el país.

Magdalena Gómez, abogada especialista en derechos indígenas y colaboradora de La Jornada, indicó que la agenda de las garantías fundamentales en México se configura básicamente por lo urgente, cuando no siempre esos temas son los de más fondo.

Señaló que el movimiento por los derechos humanos se enfrenta a temas que le han sido restringidos por el gobierno: los derechos laborales y los electorales. Consideró que uno más de los retos de los activistas es descubrir la manera de conciliar y atender estas demandas, así como articularse y tener relación con las decenas de movimientos sociales del país para lograr cambios en la materia.

Cecilia Talamante, del grupo de Educación Popular con Mujeres, consideró que la opresión contra el sector femenino le ha quedado muy grande al movimiento de los derechos humanos.

Luis Daniel Vázquez, coordinador de la maestría en derechos humanos y democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, destacó que los activistas deben ser autocríticos para analizar cuáles de sus estrategias para potenciar el discurso en la materia funcionan.

El académico destacó que abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le han dicho que una de las limitantes de las ONG mexicanas al presentar casos de denuncia contra el Estado ante ese tribunal internacional es la documentación de pruebas.