El artículo 123 constitucional no debe modificarse en su letra ni en su espíritu: Calderón
El secretario niega que la iniciativa favorezca a uno solo de los factores de la producción
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Sábado 20 de marzo de 2010, p. 3
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, criticó a quienes se rasgan las vestiduras
al discriminar la iniciativa de reforma laboral presentada el jueves por los diputados panistas.
Argumentó que es preferible tener empleos (con las características que plantea la pretendida enmienda) a no tenerlos.
“Pregúntenle a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores de 40 años, que luego por falta de capacitación no les dan empleo, ¿qué prefieren? ¿Ponerse a prueba para demostrar que sí pueden; decir ‘yo me someto a la capacitación’ (...) trabajar tres días a la semana en un centro turístico o que no haya empleos?”, dijo en conferencia de prensa.
Absurdo
, lo dicho por César Augusto Santiago, afirma
La iniciativa que plantea cambios a 419 de los mil diez artículos que integran la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue elaborada por el Ejecutivo y presentada por conducto de los legisladores panistas, aun cuando el tema no estaba en el orden del día difundido en la Gaceta Parlamentaria del jueves. El asunto irritó a los priístas, especialmente al diputado César Augusto Santiago, quien aseveró que tales formas corresponden a una marrullería
de Lozano.
Al respecto, el secretario respondió: “(las afirmaciones del diputado Santiago) a mí me tienen totalmente sin cuidado. Imagínate nada más el poder que me dan: que yo sea capaz de modificar el dictamen, la Gaceta Parlamentaria, el orden del día (...) La verdad es que sí me dan un poder bárbaro, pero francamente es absurdo. Pero que me involucren a mí, ya me parece un exceso”.
Según la contabilidad de la STPS, la presentada el jueves por conducto de los diputados panistas es la iniciativa número 333 de todos los documentos en su tipo que se han promovido (97 del PRI, 87 del PAN, 76 del PRD y 73 de otros grupos políticos y congresos locales) para modificar de manera parcial o integral la LFT.
Sin embargo, Lozano dijo confiar en que este mismo año, luego de las elecciones estatales de julio, sea votada la pretendida enmienda, aun cuando el contexto político esté complicado
y haya otras iniciativas del Ejecutivo haciendo fila en los dictámenes, las negociaciones y los cabildeos.
El secretario defendió las propuestas que han provocado el rechazo de especialistas en la materia, legisladores y sindicatos; de manera especial argumentó a favor de los contratos a prueba (de hasta seis meses, sin responsabilidad del patrón para dar un empleo definitivo) y de la subcontratación, conocida como outsourcing. En su opinión, lo que hace la iniciativa es regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al margen de la ley.
Se pronunció a favor de extender el lapso mínimo necesario para que un trabajador no sólo reciba una liquidación si es despedido, sino que, al término de una demanda laboral, sea reinstalado.
En opinión de Lozano, se requiere más de un año (periodo que fija actualmente la LFT) para tener derecho a regresar al empleo: hablar de una reinstalación es porque se tienen las suficientes raíces en esa empresa para poder exigir que se le regrese a su puesto de trabajo
.
Rechazó de manera contundiente
que el plan favorezca a uno de los factores de la producción.
Tendremos una ley del trabajo más cercana a la realidad en el siglo XXI, afirma el Presidente
Ángeles Cruz Martínez
El artículo 123 constitucional no debe modificarse ni en su letra ni en su espíritu, aseveró el presidente Felipe Calderón Hinojosa al respaldar la iniciativa de reforma laboral que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, la cual calificó de impostergable para lograr mayor certeza jurídica y acelerar la competitividad del país a escala internacional.
Puntualizó que la productividad y la competitividad no se deben obtener a costa de los derechos fundamentales de los trabajadores; es decir, sin dejar de reconocer y respetar el derecho de huelga, la contratación colectiva o la autonomía sindical, también se tiene que otorgar certidumbre a quien contrata y a quien es contratado.
Es necesario agilizar la procuración de justicia laboral y dotar de más instrumentos de supervisión para propiciar condiciones dignas, higiénicas y seguras en los centros de trabajo, apuntó.
Calderón encabezó ayer la ceremonia de clausura de la 92 asamblea general ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a la que asistieron los dirigentes de los organismos empresariales más importantes del país, ante quienes explicó que el marco laboral debe adecuarse con el fin de permitir el acceso al empleo a los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables de la sociedad que ahora no lo tienen.
En el caso de los jóvenes, señaló, la excusa para negarles un puesto es su falta de experiencia, pero no la pueden adquirir porque las condiciones laborales lo impiden. Sobre la situación del género femenino, planteó que a pesar de ser mayoría en términos de población, tiene una participación de apenas 36 a 38 por ciento entre las personas con empleo.
Se busca que exista armonía entre el trabajo y las tareas que la población femenina desempeña por tradición en el cuidado de la familia y en la búsqueda del sustento para el hogar, sobre todo cuando son jefas de familia, como es el caso de 5 millones.
Tendrán que darse las condiciones para garantizar el derecho al empleo de este grupo, indicó.
La iniciativa panista involucra también la erradicación de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pues por disposición constitucional y por principio de justicia y derecho, a trabajo igual corresponde salario igual, apuntó.
Sin mencionar las críticas que de inicio han hecho los legisladores de partidos de oposición, Calderón confió en que la propuesta se discutirá y modificará, pero a final de cuentas México tendrá una Ley Federal del Trabajo renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI.
Subrayó que aunque la economía muestra claros signos de recuperación que se reflejan en un mayor número de puestos de trabajo, el ritmo de crecimiento que se puede dar en condiciones estrictamente inerciales no serán suficientes si no aceleramos el paso de las reformas y si no aceleramos la agenda de competitividad que el país tanto necesita
.
El reto está en armonizar una mayor capacitación y habilidad para el trabajo, una mejor productividad en las relaciones laborales y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al mercado laboral con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
También se busca erradicar la explotación infantil, así como aprovechar el talento y energía de grupos que son discriminados por su discapacidad.
Antes, Calderón escuchó el reclamo del presidente de Concamin, Salomón Presburger, quien calificó de injusto que la economía esté condenada a crecer de 3 a 4 por ciento y no a 8 o 9 por ciento como en otras naciones, sobre todo por la posición geográfica del país, la cual es estratégica, con un clima privilegiado y más de 100 millones de mexicanos con gran potencial de desarrollo y todo para ganar
.
Los empresarios rechazan, dijo, ser rehenes de unos cuantos que han privilegiado intereses personales y no permiten avanzar hacia un mejor futuro
para el país.
Subrayó que sólo una industria fuerte y en crecimiento permitirá a México crecer a la velocidad necesaria, generar empleos y disminuir la pobreza. También advirtió que de no actuar a tiempo, con una estrategia pactada, pasaremos de la recesión al estancamiento, o al avance inercial, lento y poco útil para el progreso del país
.
El empresario confió en que la agenda política no obstaculice la definición de acuerdos y que más bien los tiempos electorales incentiven la discusión de propuestas y la concreción de compromisos para el desarrollo nacional.
En su turno, Calderón retomó los datos que por la mañana presentaron los secretarios de Hacienda, Economía y del Trabajo, para resaltar el crecimiento de la economía, lo cual fue posible por las reformas impulsadas en su gobierno, como la de Pemex, el ISSSTE e incluso las de seguridad y procuración de justicia. Está pendiente la fiscal, para distribuir equitativamente la carga tributaria y se facilite a los ciudadanos realizar su contribución al gasto público, dijo.