La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las nuevas amenazas y hostigamiento en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), en Guerrero, en especial de Obitila Eugenio Manuel.

Informó que algunos de los amenazados han sido propuestos como testigos en dos casos de violación y torturas contra mujeres indígenas por parte de miembros del Ejército mexicano en esa entidad, mismos que se tramitan ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

La CIDH demandó a las autoridades mexicanas cumplir con su obligación internacional de proteger a los defensores de garantías fundamentales. Así como dar cabal cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en favor de estos activistas por la Corte Interamericana.

El 6 de marzo de 2010, afirmó, la sede de la OPIM “fue vigilada todo el día, desde alrededor de las 4 de la madrugada, y por la noche se recibió un papel con una amenaza de muerte –dirigida a Obitila Eugenio Manuel– en la que se hace referencia a varias actividades de defensa de los derechos humanos que desarrolla la organización”.

El organismo internacional aseveró que las amenazas contra los y las integrantes de la OPIM vienen ocurriendo desde hace años. Recordó que el 14 de enero de 2005 otorgó medidas cautelares para proteger la vida de estos activistas, pero ante la falta de implementación de éstas por parte de las autoridades mexicanas, se tuvo que solicitar a la Coidh otorgar esas medidas de protección, las cuales se concedieron en abril de 2009.

Sin embargo, la información recibida indica que estas medidas no han sido implementadas en forma efectiva. Por lo que la Comisión informó el 16 de marzo a la Corte sobre la situación de riesgo en que se encuentran estas personas, asentó en un comunicado la CIDH.

Recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a defensores y defensoras de derechos humanos. Los actos de violencia y otros ataques contra los activistas no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

La CIDH resaltó que la labor de los defensores de las garantías fundamentales es esencial para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera. (Éstos) tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.

El martes pasado, Amnistía Internacional emitió una acción urgente en la que manifestó su preocupación por las recientes amenazas contra los miembros de la OPIM. La organización aseveró, en especial, que la vida de Obitila Eugenio Manuel corre peligro, por lo que demandó al gobierno mexicano dar cabal cumplimiento a las medidas cautelares en su favor solicitadas por la CIDH, así como investigar de manera eficaz las recientes amenazas.