menos de un mes de que venza el plazo –el próximo 10 de abril– para dar de alta las líneas de teléfono celular en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), en distintos frentes de la sociedad continúan surgiendo voces de inquietud e inconformidad respecto de la aplicación de este mecanismo que, a decir del gobierno federal, tiene por propósito evitar el uso indebido de los aparatos telefónicos en la comisión de delitos como el secuestro y la extorsión.
De acuerdo con estimaciones de la consultora The Competitive Intelligence Unit, las empresas de telefonía celular que se vean obligadas a cancelar las líneas no registradas en dicho programa –unas 45 millones de las poco más de 83 que existen en el país– podrían sufrir, por ese concepto, pérdidas mensuales hasta de seis mil 817 millones de pesos, un monto que, de acuerdo con las propias compañías, implicaría una merma en el sector similar a la experimentada durante la epidemia de influenza A/H1N1, en abril del año pasado. A lo anterior deberán añadirse las previsibles afectaciones que padecerán cientos o miles de pequeñas empresas y negocios personales y familiares que utilizan la telefonía móvil para realizar sus actividades cotidianas.
Las estimaciones mencionadas ponen en relieve los defectos de un programa de registro que acusa severas fallas en su diseño, planeación e instrumentación: difícilmente se puede exigir a los usuarios de telefonía celular el cumplimiento del trámite referido cuando las propias autoridades federales han incumplido responsabilidades tan elementales como la publicación del reglamento correspondiente, lo cual debió ocurrir desde junio del año pasado, según lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2009.
Incluso sin ese factor de incertidumbre, tras el rechazo de la mayoría de los ciudadanos a dar de alta sus líneas móviles en el Renaut subyace un temor justificado por el destino y el uso que se pueda dar a los datos que proporcionen. En las circunstancias de descomposición y corrupción imperantes en las esferas de la administración pública, no es descabellado suponer que una base de datos semejante pudiera caer en manos de funcionarios sin escrúpulos y colocar a quienes aparezcan en ella en riesgo de sufrir atropellos, extorsiones o acosos.
Tales temores no resultan infundados si toma en cuenta que el Renaut tiene como antecedente insoslayable el malogrado y escandaloso Registro Nacional de Vehículos (Renave), programa gubernamental aplicado en el sexenio de Ernesto Zedillo con la intención de procurar un jugoso negocio a particulares, y que fue puesto, para colmo, en manos de Ricardo Miguel Cavallo, responsable de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina (1976-1983) y ligado al tráfico de automotores robados y a la falsificación de documentos vehiculares.
Adicionalmente, y ante las tendencias autoritarias que el régimen actual manifiesta de manera cada vez más desembozada –por ejemplo, en forma de una creciente criminalización de la protesta social–, en la población se ha extendido la idea, justificada o no, de que la insistencia de las autoridades federales en aplicar mecanismos como la cédula de identificación ciudadana y el propio Renaut obedece a un designio de ejercer un control policial de legalidad dudosa sobre los ciudadanos.
Ante estos elementos de juicio, y sin desconocer la necesidad de idear mecanismos que impidan el uso indebido e ilegal de las líneas telefónicas, es claro que el programa referido, por su improvisación y su falta de coherencia, no garantiza el cumplimiento de funciones de prevención en materia de seguridad pública. En cambio, su aplicación a rajatabla puede constituirse en factor de deterioro adicional de la economía, abonar la molestia ciudadana hacia las autoridades y profundizar, de esa forma, el descrédito institucional.
