El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) colocó ayer banderas de huelga en todas las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en una jornada de movilización política nacional para exigir respeto a la vigencia de sus derechos laborales, reinstalación de los trabajadores y la renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, a quien responsabiliza de la mala conducción de la política laboral del país.

Acompañados por contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y de organizaciones civiles y estudiantiles, los electricistas defendieron de esta forma su contrato colectivo. Luego de tapizar con mantas rojinegras los accesos de LFC en Marina Nacional, realizaron un mitin en las oficinas alternas de Lozano –en Reforma 93–, donde mujeres del SME lograron poner una bandera de huelga.

El momento tenso de la jornada se dio cuando trabajadores de la unidad de cables subterráneos Bolívar fueron repelidos con gases lacrimógenos por elementos de la Policía Federal, agresión por la que dos menores, ajenos completamente a los hechos, fueron hospitalizados.

Esta huelga atípica es una estrategia política y jurídica del sindicato de LFC, luego de que la autoridad laboral no le reconoció este derecho e incluso ayer mismo dio por concluida la vigencia del contrato colectivo de los 44 mil integrantes del gremio, por lo que la dirigencia solicitó un amparo ante el Poder Judicial.

La colocación de banderas rojinegras se llevó a cabo simultáneamente en la mayoría de los centros de trabajo, donde los electricistas empezaron guardias permanentes en resguardo de las instalaciones. Anunciaron que permanecerán ahí hasta el día 20 (cuando realizarán una marcha por la paz y el empleo) o hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados intervengan para encontrar una salida negociada al conflicto.

La movilización de ayer estuvo marcada por la versión de que posiblemente el dirigente del SME, Martín Esparza Flores, sería detenido por delitos fabricados, por lo que el líder encabezó ayer las movilizaciones con un amparo bajo el brazo. No les vamos a dar el gusto de que nos detengan; ahora resulta que somos delincuentes porque estamos defendiendo nuestro empleo en términos de lo que establece la Constitución.

También informó que de acuerdo con testimonios de sus familiares y compañeros, la policía arrojó gases e hizo disparos al aire en el municipio de Juandhó, Hidalgo, de donde es originario el dirigente.

Anunciada como un paro cívico nacional, la estrategia protagonizada por el SME empezó antes del mediodía con una marcha de la sede sindical a las oficinas centrales de LFC, extinta hace cinco meses por decreto presidencial. En la vanguardia, con su casco de electricista, iban Esparza y los integrantes del comité central del gremio, que en punto de las 12 del día declaró el estallamiento de la huelga. Dijo que se trataba de una hora histórica para el pueblo de México y la clase obrera. Argumentó que ese documento sigue vigente y está depositado en la junta especial 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ahí, en Circuito interior y la calle Melchor Ocampo, mientras colocaban las banderas, los trabajadores veían con tristeza que el gobierno ya quitó el logotipo de LFC que estaba ubicado en la parte más alta del inmueble. Adentro del edificio, que antaño estaba colmado de trabajadores, ahora se mantienen hileras de fuerzas federales.

A ritmo de: ¡Y dicen y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados!, los trabajadores se dirigieron hacia las oficinas de la STPS, donde, en un largo mitin, trabajadores y profesores de las secciones 18 de Michoacán, 22 de Oaxaca y 3 de Baja California se manifestaron contra la política laboral y económica de este gobierno. Demandaron al Congreso de la Unión que llame a comparecer al director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes por el saqueo mutimillonario que ha permitido en LFC. Sobre todo, insistieron en que Lozano no representa los intereses del sector obrero.

Al menos 200 policías federales y granaderos resguardaron las oficinas que alquila el funcionario como su despacho alterno. Frente al resguardo policial, Esparza lamentó que Felipe Calderón crea que los trabajadores no tienen memoria histórica, y en esa condición pretende que se festeje el bicentenario con actos televisivos, mientras cada día manda más mexicanos a la calle.

Molesto por la actuación de las fuerzas públicas en esta unidad, Esparza remató: si los ministros no establecen el estado de derecho, entonces abren la puerta para que cada quien se haga justicia como pueda.