Orizaba, Ver., 15 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inhabilitó al médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien realizó la primera necrocirugía al cadáver de la indígena náhuatl Ernestina Ascensión Rosario, fallecida el 26 de febrero de 2007, luego que presuntamente fue atacada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en la sierra de Zongolica.

Luego de una investigación que se extendió casi tres años, el pasado 22 de febrero la Subprocuraduría de Supervisión y Control de la dependencia informó al legista de su inhabilitación, como parte del procedimiento de responsabilidad 0612007.

La PGJE lo acusa de haber contaminado las muestras de líquido hemático que se tomaron del cadáver de Ascensión Rosario, de 72 años de edad, y de certificar erróneamente que se encontró semen durante la autopsia.

Mendizábal Pérez impugnó su separación del cargo y anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que esta decisión pone en entredicho 23 años de labor en los que no he tenido cuestionamiento alguno hasta que llegó el caso Ernestina.

El médico forense asegura ser víctima de persecución administrativa y represión laboral, ya que en 2008 fue despedido del ayuntamiento de Orizaba por certificar que la anciana indígena originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio serrano de Soledad Atzompa, sufrió muerte traumática y un ataque sexual.

Por haber dicho la verdad, que la señora murió por causas traumáticas y no por patología; por acreditar que hubo semen en su cuerpo y desgarres que confirman una penetración no consentida, hoy todo lo que hago lo analizan con lupa. He sido objeto de persecución, de represión por parte del gobierno de Veracruz, acusó.

Su hijo, el abogado Pablo Mendizábal Bernal, quien asumió la defensa para revertir la inhabilitación, dijo que ya se logró que la PGJE desechara dos acusaciones contra su padre: una, por realizar la necropsia a la anciana en la funeraria Hermanos Vázquez y no en un anfiteatro, y otra porque el 9 de marzo de 2007 efectuó una segunda necrocirugía, llamada renecropsia, a petición de la propia PGJE.

Sin embargo, la inhabilitación se decidió porque una de las muestras de liquido hemático supuestamente se contaminó durante el trayecto a un laboratorio, luego que fue colocada en una hielera y el hielo se derritió, y la segunda, porque se certificó que en el cadáver había semen.

Mendizábal Bernal afirma que el proceso administrativo contra su padre se basa en supuestos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que sometió al Ministerio Público en toda la investigación, ordenó sanciones por conducto de la recomendación 342007 y prácticamente desvirtuó el expediente judicial que acreditaba que la señora (Ernestina Ascensión) murió de forma no natural.

Es más, el abogado sostiene que la PGJE atendió como si fueran órdenes los señalamientos de la CNDH contra el médico legista, pese a que ese organismo está jurídicamente impedido para desvirtuar las pruebas de una investigación judicial, según consta en las jurisprudencias 907427 y 910395 emitidas por la SCJN en el año 2000.

Estos antecedentes, subrayó, echarían abajo la intromisión de la CNDH –en ese entonces presidida por José Luis Soberanes–, lo cual hizo que se desvirtuaran pruebas del caso y se culpara a quienes las encontraron.

Tres años después de la muerte de Ernestina Ascensión –en la que habrían estado involucrados integrantes del Ejército, de acuerdo con lo que supuestamente dijo la víctima moribunda a quienes la encontraron en un campo de pastoreo del poblado de Tetlatzinga–, Juan Pablo Mendizábal sostiene el diagnóstico que hizo la noche del 26 de febrero de 2007, cuando revisó el cadáver.

Encontré cuatro desgarres en las zonas anal y vaginal. Fueron los mismos que encontró mi colega, el médico Ignacio Gutiérrez (quien colaboró en la segunda autopsia). Fueron los indicativos de que hubo penetración no consentida, asegura en entrevista con La Jornada.

–¿Sostiene el certificado que emitió hace tres años?

–Sí, lo sostengo, y ahí está el dictamen forense. Incluso se encontraron cromosomas del sexo masculino. Eso no ha salido a la luz pública, pero se localizaron.

–¿Se hicieron entonces pruebas de ADN al líquido seminal?

–Se hicieron. Por eso digo que se encontraron cromosomas.

–¿Eso se ocultó en el expediente de investigación?

–A sugerencia de la CNDH se desestimó la prueba, diciendo que la muestra se pudo haber contaminado porque los químicos no usaron guantes en el laboratorio, pero quien hizo la prueba fue una mujer, la doctora Ana María Roldan García. Aun así la CNDH ordenó desvirtuar la prueba.

El abogado Juan Pablo Mendizábal anunció que recurrirá a la SCJN para revertir la inhabilitación del médico, cuya trayectoria se pretende manchar porque emitió un certificado que contradecía lo dicho por el presidente Felipe Calderón, quien atribuyó la muerte de Ascención Rosario a una gastritis no atendida.

Aquí están abriendo la puerta para que se retome el caso. Si ellos me dicen que estoy mal, tendré que debatir con pruebas de que sí hubo semen, existieron los desgarros y, por tanto, jurídicamente se debió haber tipificado el delito de violación sexual, dijo.

Molesto, el médico legista refiere que no sólo él ha sido perseguido por decir la verdad sobre la muerte de la indígena, pues en 2007 fueron suspendidos la doctora Catalina Rodríguez, quien realizó el diagnóstico médico a Ernestina cuando aún estaba viva; el médico forense Ignacio Gutiérrez, quien intervino en la exhumación y en la segunda necrocirugía, y la química Ana María Roldán, quien localizó las enzimas P30 y fosfatasa ácida, que se producen en la próstata del varón.

Todo el trabajo profesional fue desacreditado por la CNDH. El señor (José Luis) Soberanes no sabía ni siquiera dónde está Tetlatzinga. Todo lo resolvió y lo desacreditó desde su escritorio, acusó.

–¿Se arrepiente de lo dicho sobre el caso Ernestina Ascensión?

–No, de ninguna manera. Hablo con el corazón y las pruebas en la mano: defendí los derechos de una indígena.

Este caso es una muestra de las injusticias que se cometen día a día en México. Ernestina no pudo hablar para defenderse. Ahora dicen que hasta los que tradujeron sus últimas palabras se equivocaron, pero las pruebas forenses sí hablaron y las quisieron acallar.