Oaxtepec, Mor., 14 de marzo. El consejo consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) señaló la inaplazable necesidad de revertir las condiciones de desigualdad que se viven en el país y aquejan de manera particular a las comunidades originarias.

Además abogó por la participación activa de los pueblos indígenas en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas para ese sector de la población.

En sesión plenaria, representantes de dicho sector de todo el país acordaron solicitar al gobierno federal flexibilizar los programas y reglas de operación de las diversas dependencias que manejan recursos destinados a las comunidades originarias, con el propósito de adecuarlos a los procedimientos y usos de éstas.

Reunidos en asamblea ordinaria en este centro vacacional, los integrantes del consejo consultivo eligieron a Valentín de la Rosa Chávez nuevo presidente del consejo para este año, evaluaron el programa presupuestario vinculado con los pueblos indígenas, que es ejercido por varias dependencias federales, y establecieron los mecanismos para participar en la elaboración de la iniciativa de ley de consulta a los pueblos originarios, la cual se realiza en el Senado.

Además, el consejo consultivo recibió de manera oficial el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, en cuyo diseño participaron de manera activa, informó la titular de la unidad de planeación y consulta del CDI, Martha Cecilia Díaz.

La funcionaria explicó que los recursos presupuestarios para este 2010 ascienden a unos 44 mil millones de pesos, los cuales serán ejercidos de manera transversal por una veintena de dependencias y organismos gubernamental que cuentan con programas para atender a dichas comunidades.

De acuerdo con cifras oficiales, la población indígena asciende a 10 millones de habitantes y representa 9.8 por ciento de la total nacional. Ésta se localiza mayoritariamente en cinco estados del sur y sureste del país. Oaxaca es la entidad que concentra el mayor número de indígenas, con 1.5 millones; siguen Chiapas, 1.2 millones, y Veracruz, Yucatán y Puebla, con más de 900 mil cada una.

Después de dos días de deliberaciones, divididas en 12 mesas de trabajo, la asamblea ordinaria insistió en la necesidad de fortalecer su acción, con el fin de incidir en la planeación y desarrollo de las políticas públicas para los pueblos indígenas.

En la presentación de los acuerdos se pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria un informe detallado sobre la situación en que se encuentran los conflictos del campo. Durante el desarrollo de los trabajos se denunció la violencia institucional, la cual busca, aseguraron, despojar de sus tierras a varias comunidades del norte.

Así, los consejeros Enrique Valenzuela Leyva y Romualdo Velázquez, representantes dedicho sector de la población de Sonora y Sinaloa, denunciaron conflictos de indígenas mayos y tarahumaras con Caminos y Puentes Federales por la instalación de casetas de peaje en sus territorios.

Por otra parte, el consejo recomendó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía emprender campañas de sensibilización entre los pueblos originarios, mediante cápsulas y promocionales en sus lenguas maternas, para que reconozcan su identidad en el próximo censo 2010.

Además solicitaron que el registro lo lleven a cabo encuestadores de todas las comunidades indígenas del país.