Buenos Aires, 14 de marzo. El ex capitán de la marina Adolfo Donda, uno de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la pasada dictadura (1976-1983), acusó a toda la Armada de participar en estas acciones, sostuvo que las órdenes eran sagradas y mencionó un acuerdo entre el gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) y la conducción de las fuerzas armadas, en los 80, para juzgar a un grupo de represores identificados y garantizar la impunidad del resto.

Donda, ex jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3, dudó en admitir su participación en secuestros y sostuvo que la Armada negoció con el poder político sobre quiénes iban a declarar, con lo cual se sacrificó a un grupo de personas para encubrir al resto.

En sus declaraciones sostuvo que cuando el presidente Raúl Alfonsín (1983-1986) y su canciller, Dante Caputo, visitaron la Agregaduría Naval en Brasil, trataban de evitar salir en las fotos junto a él, que estaba destinado en el lugar, dejando sentada la sospecha de que se veían, pero eso se ocultaba a la población.

Fue una actuación institucional, de toda la Armada, dijo Donda, en referencia a lo actuado durante la dictadura, y en este aspecto destacó que a pesar de eso estoy solo aquí. No hay nadie que haya combatido conmigo en el Grupo de Tareas 3.3. Esto en referencia a sus compañeros y jefes que actuaron con él entre 1979 y 1981 y no aparecen como acusados.

Negó haber intervenido en interrogatorios, como admitió en los juicios de 1986, cuando adujo que dentro de una estructura militar cada uno tiene una función, no varias. La mía era ser jefe de operaciones: la captura y entrega de terroristas.

En esos momentos sostuvo que todos los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en jurisdicción militar, una estructura institucional.

El caso de Donda es más complejo porque tiene un hermano desaparecido y él participó en el robo de sus sobrinas, entre ellas la actual diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos, que hace pocos años recuperó su identidad.

Donda intentó dejar claro que tuvo buena relación con su hermano, militante político, secuestrado y desaparecido. Dijo que en 1972 el Servicio de Inteligencia Naval lo citó para interrogarlo en torno a la militancia de su hermano, José María Donda, quien estudiaba en el Liceo Naval. En 1975 el ejército le recriminó informar sus actividades.

Según su historia, en 1977 su casa fue allanada por fuerzas conjuntas; posiblemente, dijo, para certificar mis actividades, lo que coincidió con el momento de la desaparición de José María. Dijo que tuvo un indicio sobre su destino y su suerte, ya que su sobrina fue entregada en adopción por una juez de menores a su madre y él compartió la custodia de la niña. Presumí que podían estar presos o desaparecidos, afirmó.

Durante su declaración intentó demostrar que buscó datos de su hermano y cuñada desaparecidos, sin lograrlo.

Esto se contradice porque su cuñada, María Hilda Pérez de Donda, pasó por la Esma, donde dio a luz en cautiverio a Victoria Donda, y después fue desaparecida.

La joven recuperó su identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo con ayuda de su familia materna, que tuvo que huir del país por la persecución de los marinos.

La mayoría de los más de 17 acusados se niegan a declarar. El próximo 17 de marzo le toca comparecer al ex capitán Alfredo Astiz, uno de los mayores implicados de la marina, quien se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo para que el ejército pudiera secuestrar a varias de ellas, incluidas dos monjas francesas que fueron llevadas al infierno de la Esma y luego desaparecidas.