La Junta de Coordinación Política, el principal órgano de gobierno en la Cámara de Diputados, demandó al presidente Felipe Calderón no intervenir en los conflictos laborales de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, y descarte la posibilidad de ordenar que entren en acción las fuerzas disuasivas del Estado.

La instancia, presidida por Francisco Rojas Gutiérrez (PRI), y conformada por los coordinadores de PAN, Josefina Vázquez Mota; PRD, Alejandro Encinas Rodríguez; PVEM, Juan José Guerra Abud; PT, Pedro Vázquez González; Nueva Alianza, Reyes Tamez Guerra, y Convergencia, Pedro Jiménez León, marcó un alto al Ejecutivo federal:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un urgente llamado al titular del Poder Ejecutivo para que se abstenga de ordenar por cualquier medio o circunstancia el uso de la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco o desalojar y ejercer cualquier acción de contención contra los trabajadores mineros y sus familias, en tanto se resuelven los procedimientos judiciales en marcha.

La argumentación, enviada ayer al Ejecutivo federal señala que el ejercicio de los principios de legalidad y respeto a los derechos civiles y sociales es premisa básica para la vida institucional democrática en el país, y el equilibrio de los factores de la producción es también, hoy día, factor para la seguridad nacional, así como para la estabilidad y progreso de garantías sociales y protección a la propiedad privada.

Por tanto, ante la presunción de amenaza y vulnerabilidad de los principios del pacto constitucional, se pone en riesgo el permanente esfuerzo por mantener, edificar y consolidar el Estado democrático de derecho que nos hemos dado; y por tanto el Poder Legislativo tiene la obligación ética y política de observar el desempeño y de evitar los posibles abusos del poder público en su función de representante de las mayorías mexicanas frente a la obligación irrenunciable del Poder Ejecutivo para mantener el derecho de toda persona a un trabajo digno en la garantía de paz y tranquilidad pública.

El PVEM, mediante su representante Samuel Moreno, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a instruir a las secretarías de Economía y de Gobernación para que se aboquen a estudiar la posibilidad de cancelar la concesión a Mexicana de Cananea SA de CV, tomando como premisa fundamental el deterioro social ocasionado en Cananea derivado del conflicto en la empresa minera, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.

También la junta insta a Calderón para que instruya a las secretarías de Economía y Gobernación a emprender un programa especial de reactivación económica integral para aquella región de Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos.

A todos es conocido el grave conflicto laboral y social del municipio de Cananea. Hasta hoy, a la ciudad le ha sido negado el auxilio de las dependencias del Ejecutivo federal, por el contrario, mediante posturas legalistas radicales se desentienden de buscar una solución con el argumento de que se atienen a la letra de la ley. Con ello hace oídos sordos a los llamados de apoyo que formulan no sólo los cananenses, sino muchas voces que conocen la magnitud de la problemática que aqueja a los habitantes del mineral.

El PVEM refiere que resulta paradójico que las instancias con las atribuciones legales y los recursos necesarios no auxilien a la población que de manera imperiosa lo necesita.

Después de 31 meses de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, los casi 35 mil habitantes del lugar continúan viviendo una situación socialmente dramática, que hace bastante tiempo rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa población.

La minería es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional: ahí se concentra 12 por ciento de la producción minera del país; 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.