FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

Presupuesto rural
Botín de grandes consorcios

Miguel Pulido Jiménez

En un país como México –con una ruralidad histórica, de carácter popular, de alta importancia social y con una dimensión estratégica en lo económico y en otros rubros como la soberanía alimentaria– no puede ni debe obviarse el debate sobre el modelo de política rural que tenemos y cuáles son las premisas que orientan dicho modelo. Un debate de esta naturaleza es la arena ideal para que se expresen diversos intereses en conflicto, por ello es importante encuadrar la discusión dentro de algunas fronteras.

La primera de ellas es que el uso de recursos públicos para impulsar al sector rural parece estar fuera de discusión. Llamando a las cosas por su nombre, ningún actor involucrado aceptaría que la política rural fuera sólo un conjunto de reglas y regulaciones que se limitaran a observar la conducta de los competidores sin que mediaran recursos. Además, las condiciones mundiales de competencia hacen obligatoria la intervención del Estado con la asignación de dinero público al campo. La segunda es consecuencia directa de la primera; siendo los recursos públicos un asunto del interés de toda la población y no sólo de los directamente afectados, la discusión sobre el modelo de política rural debe estar abierta a la ciudadanía en general. Por último, es obligado el reconocimiento de que en torno a lo rural hay más fenómenos que lo estrictamente económico. Una visión sesgada que pretenda asegurar que se trata sólo de un asunto de productividad es un argumento falso, no hay asunto público que sólo atienda e impacte en un factor.

Pongamos ahora las cosas en dimensión. El primer dato son los más de 270 mil millones de pesos que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) recibe en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Negar que estos recursos son un botín sujeto a disputa es tratar de tapar el sol con un dedo. Lo mismo que pretender negar que el diseño actual de los programas de subsidios equivale a un laberinto que excluye a quienes más los necesitan. Flaco favor le hacen las reglas de operación a la participación universal en los programas. Lo que resulta es que la mayor parte del botín presupuestario termina en manos de unos cuantos, pues sólo ciertos competidores están en condiciones de acceder a o de ejecutar ciertos programas de subsidios.

Esto no sólo distorsiona el mercado, hace que esquemas, como el de Compras Anticipadas o Agricultura por Contrato, se conviertan en instrumentos de política pública al servicio de intereses privados y genera una capa de opacidad sobre el dinero público. Con el diseño actual, la política rural transforma a poderosos comercializadores y competidores trasnacionales en agentes financieros que median el pago de los subsidios, lo que, además de suponerles una ventaja que hace imposible la competencia con medianos y pequeños comercializadores y productores, impide tener información individualizada de quiénes reciben por cualquier motivo recursos públicos.

Así, empresas como Cargill, Maseca, Bachoco y otros grandes consorcios pueden argüir que ellos pagan al productor el precio que deriva del valor de mercado más el subsidio fijado por el gobierno y con ello pretenden que el subsidio termina beneficiando a los productores. Incluso así lo han hecho públicamente, negando que con estos esquemas ellos también se ven ampliamente beneficiados ( El Semanario, nota del 18 de febrero de 2010).

En este escenario surgen múltiples preguntas. ¿Por qué no se dan los apoyos directamente, entonces, a los productores? ¿Quién fiscaliza la entrega de estos subsidios en su tramo final y cómo sabemos de manera individual en dónde están y quiénes son los productores beneficiados? ¿No funcionan estos nuevos esquemas como una suerte de Conasupo privada? En el discurso oficial se sostiene que en los años recientes ha habido un incremento en la asignación presupuestaria al campo. Sin embargo, no ha habido un incremento en el universo de beneficiarios, por el contrario, ha habido una disminución de ellos en los padrones ¿Alguien en su sano juicio podría negar que esto es evidencia contundente de un fenómeno de concentración?

En conclusión, al menos para quienes queremos que el desarrollo rural del país sea equilibrado, congruente con la idea de que los recursos públicos son para el bien común y no el de unos cuantos, la política pública para el campo tiene fallas de origen. Mientras los órganos de gobierno justifican el pobre desempeño de los recursos públicos diciendo que están concentrados pues así se “eleva” la productividad en el campo, no se observa este fenómeno, ni se está atendiendo a los pequeños y medianos productores que además se encuentran en pobreza rural.

La pregunta obligada es si los recursos públicos deberían ser destinados a subsidiar a los grandes productores, quienes no carecen de medios para competir, o bien, si deberían integrarse en una política de desarrollo rural sustentable que busque impulsar la capacidad y productividad de los pobres. Así como vamos, sólo se anuncia mayor pobreza y mayor concentración. Es, así de simple, el gobierno federal impulsa una productividad a cargo de los más pobres.

Coordinador del área de transparencia y rendición de cuentas de FUNDAR [email protected]

Maseca y la CFC El 11 de enero de 2007, en medio del escándalo que generó la escalada de precios de la tortilla en México –que pasó de alrededor de 6.50 pesos a 10 y hasta 15 pesos por kilo–, la Comisión Federal de Competencia (CFC) anunció que había iniciado una investigación de oficio para detectar posibles prácticas monopólicas absolutas de la cadena maíz tortilla y determinar si en algún eslabón de esta cadena se registraban colusiones para manipular los precios, restringir las cantidades ofrecidas en el mercado o dividir mercados entre competidores. La CFC dijo que en tres o cuatro meses habría resultados y que se impondrían multas de hasta 70 millones de pesos en caso de confirmar la colusión, pero oficialmente no hubo nada. Resultados que no son públicos. Consultado ahora sobre las investigaciones que, según la prensa, apuntaban al Grupo Maseca (Gruma) particularmente, el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, señaló que esta investigación no buscaba imponer castigos, “sino (se desarrolló) para ver cómo estaban asignándose los subsidios (a las empresas involucradas en la cadena maíz-tortilla), si se estaban asignando de manera efectiva a los consumidores”. Los resultados, que sí implican a esa empresa, salieron hace unos dos años, “los vimos con las áreas técnicas del gobierno federal, pero el documento no lo hemos publicado (..) no sé si valga la pena hacerlo (público hoy) porque las condiciones tal vez ya son diferentes, y al hacerlo sólo confunda”. Lo que sí comentó el funcionario fue el proceso judicial que involucró a la CFC contra Gruma, luego de que la Comisión considerara improcedente la compra que en agosto de 2005 hizo esta empresa del cien por ciento de las acciones de Agroinsa, empresa productora de harina de maíz fundamentalmente y también de harina de trigo. La CFC señaló en aquel entonces que era inaceptable esa adquisición pues colocaba a Maseca en una condición abiertamente monopólica que le permitiría acaparar una parte sustancial de la demanda de maíz blanco y la colocaría en condición de fijar precios de las cosechas nacionales, además de que le daría poder para poner barreras al ingreso o expansión de competidores. Las delicadezas del emporio. El funcionario comentó que en ese juicio la CFC ganó la constitucionalidad de artículos de la Ley de Competencia que habían sido cuestionados por Maseca, pero la empresa ganó la legalidad de la compra de Agroinsa, con el argumento de que la Comisión hizo una notificación tardía a la empresa. “Aquí hubo cosas muy raras. Los abogados (de Gruma) no nos dejaron entrar a tiempo a notificar, hubo cosas muy desafortunadas. El abogado (de la empresa) sabía que teníamos que notificar, cerró la puerta y nos echó a los policías para que no notificáramos. Ese tipo de cosas suceden (...) Es un caso juzgado y no se puede hacer nada”. De 2004, cuando Maseca aún no adquiría Agroinsa, al 2009, las ventas de esta empresa se elevaron en 89 por ciento, al pasar de dos mil 103 millones de dólares a tres mil 989 millones. Gruma, presidida por Roberto González Barrera, es líder mundial en la producción de harina de maíz y tortilla (en harina su producción de 2009 fue de un millón 90 mil toneladas). Tiene 20 mil empleados y presencia en 102 países con 92 plantas localizadas en México, Centro y Sudamérica. Estados Unidos, Holanda, Italia, China, Malasia y Oceanía. Sus ventas en 2009 sumaron 50 mil 489 millones de pesos y en ese año obtuvo una utilidad neta de dos mil 97 millones de pesos (LER).

El monopolio de la simiente

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Adelita San Vicente Tello*
y Areli Carreón García**

Las semillas son el lugar en donde se almacena la cultura y la historia. Vandana Shiva

Las semillas que en la actualidad utilizamos son las mismas semillas que durante siglos han reproducido y conservado los agricultores, particularmente las mujeres, quienes observaron la posibilidad de reproducción del grano recolectado y después, mediante la cruza de diversas variedades silvestres, la forma de domesticarlas y adaptarlas a los ecosistemas y a sus necesidades.

Como insumo básico de la agricultura y principal reservorio de la información genética, la semilla ha sido objeto de múltiples transformaciones tecnológicas, desde su selección y mejoramiento hasta la manipulación genética. Es indudable que los procesos tecnológicos ligados a la semilla han posibilitado grandes transformaciones de la agricultura. Sin embargo, a la par de esta evolución tecnológica, la concepción de la semilla como un recurso de uso común por excelencia se fue convirtiendo en un bien, sumamente codiciado, que en los pasados 50 años entró al mercado de lleno, adquiriendo el carácter de mercancía.

El binomio tecnología-legislación dio la oportunidad a las empresas semilleras trasnacionales de fortalecerse y apropiarse de la producción y el mercado de semillas a escala mundial. Después de la industria farmacéutica, la semillera es el sector que se ha concentrado a mayor velocidad en los años recientes. Este proceso avanza velozmente, en detrimento de la autonomía productiva de los pequeños productores agrícolas.

Hace unos meses el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recordó que tres compañías multinacionales: Monsanto, DuPont y Syngenta controlan 47 por ciento del mercado de semillas comerciales. Esta historia de apropiación empezó con la Revolución Verde que trasladó la relevancia de la tierra, como medio de producción, hacia las semillas y los agroquímicos. El cambio tecnológico implicó la expansión de las empresas primero, atentas al mercado de los agroquímicos, y paulatinamente, acaparando el mercado de las semillas.

En México, el gobierno posrevolucionario apostó a la creación de una sólida infraestructura para apoyar al campo; en el caso de la semilla se logró la reproducción en escala comercial, mediante la Productora Nacional de Semillas (Pronase), de las variedades que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) desarrollara, así como la distribución de éstas entre los agricultores. Por su parte, Monsanto se estableció en México desde 1950 comercializando polímeros, pero no entró al mercado agroindustrial sino a partir de 1979 cuando comenzó a producir el herbicida Round Up, que en México lleva el nombre comercial de Faena y en 1996 logró las primeras aprobaciones para la siembra de transgénicos de algodón y soya en nuestro país. En 1997 adquirió las compañías semilleras Asgrow y Dekalb y en 2005 adquirió la compañía Seminis (http://www.monsanto.com.mx/historia.htm).

La aplicación de políticas neoliberales que implicaron la desaparición de Pronase y el adelgazamiento del ahora INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), aunada a tratados comerciales benéficos a las empresas, ha permitido la expansión y concentración de la industria semillera desde las últimas décadas del siglo pasado.

La tecnología es un instrumento fundamental en esta estrategia que se ha anunciado con un amplio despliegue de publicidad como “la nueva revolución tecnológica que salvará a la humanidad de la crisis alimentaria”. Lo cierto es que más que provocar una transformación de la actividad agrícola o duplicar rendimientos como sucedió con la Revolución Verde, esta tecnología lo que ha generado son múltiples críticas y rechazo.

Los transgénicos han demostrado sus pobres resultados después de 20 años de haber sido liberados a campo abierto, y tenemos datos suficientes para argumentar. En Estados Unidos diversos estudios demuestran que los rendimientos no se incrementan y lo que sí aumenta es el uso de agroquímicos (Charles Benbrook, 2001, 2003). En cuanto a los efectos en salud destaca el estudio del Ministerio de Salud de Austria que demostró daños en ratas alimentadas constantemente con maíz transgénico y en Argentina se han documentado las consecuencias del uso del herbicida que acompaña a la semilla transgénica. También están documentadas en amplia bibliografía (Center for Food Safety, 2004; Schuber 2005; Friends of the Earth 2006) las demandas y pérdidas económicas a las que han sido sometidos por el uso involuntario de semillas transgénicas, agricultores a los que se encontró material genético propiedad de Monsanto en sus cultivos; así como las prácticas corporativas que han ejercido en Argentina al detener embarques en puertos europeos para cobrar regalías por el uso de su tecnología.

La experiencia ha desenmascarado el verdadero propósito de estas corporaciones, como ellos mismos lo revelan: “Monsanto esta expandiendo la “huella” de sus semillas de maíz en todo el mundo y “estableciendo el escenario para una acelerada penetración de genes” (Michel Bryner, 2008).

*Ingeniera agrónoma, directora de la Fundación Semillas de Vida, AC, México.
**Comunicóloga, estudiante del postgrado de Desarrollo Rural, UAM-X

Costoso y escaso, el crédito rural;
necesario impulsarlo como derecho universal

• Mucho más accesible el crédito en Brasil y Europa
• El cambio climático exige atención al agro

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

No obstante cubrir 80 por ciento del territorio nacional y poseer la mayor parte de los recursos naturales, los 30 millones de pobladores rurales están excluidos de los servicios financieros. Los datos del más reciente censo agrícola muestran que en 2007 sólo 2.6 por ciento de los cinco millones 548 mil 845 unidades de producción rural (upr) contaban con crédito, esto es menos de la de por sí baja proporción de 16.9 por ciento que se registró en el censo anterior, de 1991, cuando las upr sumaban cuatro millones 407 mil 880.

Con estos datos, Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) dio inicio al foro La Agricultura Campesina en Búsqueda de un Sistema Financiero Rural en México, realizado el 25 y 26 de febrero en la ciudad de México. Allí destacó también que entre 1991 y 2007 el porcentaje de las upr con acceso a seguro cayó de 4.3 a 0.2, y mostró comparaciones entre México y otros países en materia de costos del crédito y de transacción. En nuestro país, dijo, hay productores que pagan tasas de interés de tres por ciento mensual, mientras que en Brasil son de 0.5 a tres por ciento anuales y en la Unión Europea un agricultor paga 1.5 por ciento anual y los jóvenes uno por ciento anual. Esto “implica una desventaja enrome” para nuestros campesinos.

Señaló que esto indica cómo el medio rural está abandonado. “Esto ha creado vacíos, y los vacíos se están llenando con narcotráfico, lavado de dinero, y la situación del agro es escandalosa, pues nuestra dependencia alimentaria asciende a 40 por ciento”.

Suárez llamó a crear urgentemente un nuevo paradigma que revalorice a los campesinos como sujetos productivos, pues hoy se les niega eso y se les da sólo limosna pública. “Se les prepara para la migración y el control político”. Por tanto, es necesario pelear por el derecho de la universalización del crédito y hacer que los subsidios productivos, que van hacia los productores grandes, se reorienten a favor de la pequeña y mediana producción. Propuso particularmente que al menos 20 por ciento de los depósitos de las Afores se canalicen al fortalecimiento de la economía campesina y que se desarrolle una estrategia de impulso al asociacionismo campesino.

Armando Bartra, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador de La Jornada del Campo afirmó que la crisis actual no tiene precedente, pues es multidimensional (económica, ambiental, alimentaria, energética, de cambio climático, de agotamiento de recursos fósiles, con empoderamiento dramático del narco, necrosis del tejido social y deterioro de valores del gobierno, entre otros factores) y por tanto los retos son enormes y lo que procede “no es hacer una poda” porque el capitalismo no salva al capitalismo y el modelo neoliberal está haciendo agua.

Un paso que debe dar México es fortalecer a sus campesinos , dijo Bartra, pues “una economía vigorosa campesina significará freno para la estampida, será garantía de soberanía alimentaria, de productos sanos, inocuos y con identidad, y será el mejor remedio para los efectos del cambio climático”, pues la agricultura de pequeña escala es la cara opuesta del uso intensivo de agrotóxicos, lo cual es común en manos de predios de grandes extensiones”. Así, dijo, “este desaguisado no tendrá remedio si no hay nuevas políticas públicas en pro del campo y esto por supuesto debe ser apoyado por un sistema financiero”.

En el propio foro Roberto Escalante, ex director de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que el cambio climático es un factor crítico para las decisiones del futuro del país y del planeta, pues es probable que sus efectos generen un deterioro de 11 a 20 por ciento en el Producto Interno Bruto nacional de aquí al año 2050. La situación exige que cambiemos el modelo de desarrollo, que tendamos hacia un enfoque vigoroso de distribución más equitativa del ingreso, y el tema agrícola debe incorporarse de una manera novedosa en los temas de crecimiento y desarrollo.

Dijo que tan sólo tomando en cuenta la pérdida de producción que el cambio climático va a significar para el agro, el monto de crédito a este sector tendría que incrementarse en 64 por ciento, y es preocupante que la banca de desarrollo, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Rural estén a la zaga.

“El cambio climático va a significar una acentuación de los riesgos y de la incertidumbre en la producción. También una modificación en la disponibilidad de bienes y vamos a tener que establecer prioridades sobre lo que necesitamos producir. Vamos a tener menos suelo, escasez de agua, restricciones naturales mucho más importantes que las actuales. Por eso, y considerando que no se ha inventado otra cosa en sustitución de seguir comiendo, las prioridades estarán puestas en el agro. Ni en el pasado ni hoy el sector financiero ha atendido al agro. Ahora debe revalorar su importancia”.

Con el ejemplo de Brasil, Víctor Suárez consideró que sí son viables los cambios. En los tres años recientes seis millones de mexicanos se unieron a las filas de la pobreza alimentaria, dejaron de hacer tres comidas al día. En cambio, Lula da Silva sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza extrema, los elevó de nivel. Esto es un asunto de política, de prever las necesidades de alimentación para los próximos cinco o diez años, comentó. (Lourdes Edith Rudiño)

Insignificantes avances en el financiamiento rural

Datos oficiales dicen que en México un millón de personas del medio rural tienen acceso al financiamiento, y aunque son cuestionables, estas cifras muestran el enorme rezago en esta materia, debido a que Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) –la principal instancia de la banca de desarrollo del campo– suma ya más de 50 años fomentando este acceso, y, además, según datos de la Secretaría de Agricultura, en los años recientes los programas de crédito rural han aplicado 35 mil millones de pesos tan sólo en subsidios.

Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito (AMUCSS) hizo este comentario en el foro La Agricultura Campesina en Búsqueda de un Sistema Financiero Rural en México, y comparó la situación de México con otros países. “Guatemala, que es un país mucho más pobre que el nuestro, tiene un banco de desarrollo privatizado que hoy tiene cinco millones de clientes, y nosotros 50 años después tenemos un millón que además acceden vía intermediarios financieros privados”. O “Alemania, cuyo territorio es similar al de Chihuahua, cuenta con un sistema cooperativo de crédito con 150 años de antigüedad y propiedad de los productores, que implica más de 12 mil bancos locales y que hoy cubre 25 o 30 por ciento del mercado financiero total del país”.

Detalló varios problemas que en México limitan el financiamiento. Entre otros: 1.- si no hay una política agrícola adecuada, es inviable el crédito para los productores. Por ejemplo este año se da crédito para el frijol, que tiene precio de siete pesos el kilo, y al año siguiente cae a seis; se deteriora la capacidad de pago. 2.- Elegir quién da el financiamiento y cómo lo hace no es una decisión técnica, sino de estrategia política. Hoy el financiamiento se da vía la banca comercial –que prefiere otorgarlo al consumo, sin ningún compromiso con el país, con el aparato productivo– o intermediarios privados. Y si de los 35 mil millones de pesos que se han dado en subsidios vía programas con componentes de financiamiento rural, tan sólo una proporción se hubiera usado para crear intermediarios propiedad de los productores, éstos se habrían multiplicado de forma importante.

Explicó que los países que se han desarrollado en agricultura tienen instituciones financieras propias de los productores, como es el caso de Cresol, en Brasil. En México la banca no tiene compromiso con los campesinos, y por eso los incentivos para ampliar el financiamiento al medio rural no deben ser en subsidios vía los actuales intermediarios, sino incentivos para el desarrollo local y con compromiso con las comunidades. El reto por tanto es construir instituciones financieras de los propios productores “y en ese sentido nos tiene que apoyar el gobierno desde la banca de desarrollo”.

Y la banca de desarrollo debe reformarse. “Hay una iniciativa en la Cámara de Senadores que no se ha trabajado suficientemente, y que pretende fusionar FIRA con la Financiera Rural y crear un banco agrícola o rural; tendríamos además que revisar y reestructurar todas las instancias que atienden al campo, como el Banco de Servicios Financieros (Bansefi), el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes), el Fondo de Capitalización e Inversión Rural (Focir) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), pues estamos gastando mucho en el aparato operacional; son recursos que deberían destinarse a financiar directamente y sobre todo a combinar los esfuerzos”.

Isabel Cruz exigió coherencia, “y eso significa política de Estado que dicte: ‘vamos a crear instituciones financieras en el campo por medio de intermediarios de productores' y eso significa una meta de dos mil o tres mil, y avanzar anualmente con 200, 300 o 400 nuevas”.

También señaló que es necesario crear condiciones que fortalezcan las iniciativas campesinas. “Eso que lograron en Alemania las cooperativas agrícolas no lo podemos hacer en México porque aquí la ley impide que las cooperativas puedan tener patrimonios individuales, no pueden tener organizaciones de productores asociadas, y por tanto no pueden financiarles comercialización, o agro-industrialización. Las cooperativas en México no se pueden integrar financieramente para crear sus bancos regionales o sus empresas financieras”.

Explicó que el escaso financiamiento al campo en el país se orienta a la agricultura, cuando el ámbito rural requiere soluciones múltiples, diversificadas. De 20 años a la fecha se amplió la brecha entre las zonas agrícolas más pobres y las más desarrolladas, y hay lugares pobres donde ni siquiera se puede dar crédito pues no hay en qué invertir. O hay el caso de comunidades donde hay instrumentos de ahorro y crédito que acumulan gran cantidad de dinero pero no hay demanda para el financiamiento. Es el caso de una comunidad en la Mixteca oaxaqueña, que en un año juntó siete millones de ahorro (provenientes de los migrantes) pero no había proyectos productivos para financiar. Por eso uno de los retos es crear oportunidades de inversión (LER).