San Cristóbal de las Casas, Chis. 12 de marzo. El Estado mexicano es responsable de violación de los derechos humanos en la comunidad tzotzil de Mitzitón –donde al concluir febrero se suscitaron hechos violentos por un presunto conflicto religioso–, documenta un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) divulgado hoy. El conflicto latente es promovido desde el exterior, con la intención de dividir a la comunidad, sostiene.

Años atrás se le despojó de parte de su territorio, al ampliar el cuartel de la 31 Zona Militar, expone el CDHFBC. Ahora, la conflictividad se aprovecha para imponer la autopista San Cristóbal-Palenque y la ampliación de la carretera a Comitán, ambas parte del Proyecto Mesoamérica.

En este contexto, añade el informe, aparece el grupo de choque Ejército de Dios, que junto con un grupo de tradicionalistas desconoce los acuerdos comunitarios, y son identificados como no cooperantes. Además de negarse a los acuerdos de la asamblea ejidal, agreden, amenazan y hostigan a los habitantes de Mitzitón adherentes a la Otra Campaña.

El origen del reciente conflicto puede fecharse el 2 de febrero, cuando Ciliano Pérez Díaz, designado por la asamblea, se presentó en el ayuntamiento de esta ciudad para registrarse como agente rural. Allí se enteró de que el alcalde Mariano Díaz Ochoa había otorgado reconocimiento oficial a Celestino Pérez Hernández, nombrado por los no cooperantes fuera de la asamblea, la cual decidió detener por 24 horas a Francisco Gómez Díaz, por robar el sello del agente rural y promover el nombramiento de uno fuera de la asamblea. La detención fue realizada el día 4. El día siguiente los ejidatarios liberaron a Francisco, después de sancionarlo con la reparación de daños de cuatro bicicletas que destruyeron los no cooperantes, y le pidieron dejar de actuar contra los acuerdos comunitarios. Exigieron también a Díaz Ochoa cancelar el nombramiento ilegal de Pérez Hernández, y así ocurrió.

Según testimonios de la comunidad, Francisco promueve la autopista porque pasaría por sus tierras y piensa beneficiarse con la venta de tierra ejidal. Su grupo busca la representación de agente municipal y el sello para firmar los documentos que requieran el ayuntamiento, la constructora privada y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

Funcionarios municipales han ofrecido láminas, piso firme, revestimiento, banquetas, calles, tinacos, la instalación de una fabrica enlatadora y un rastro, con tal de que pasen las dos autopistas, que los ejidatarios rechazan.

En tal situación, se generaron hechos violentos el 27 de febrero, cuando Andrés Jiménez Hernández, de los no cooperantes, taló cinco árboles sin permiso de la autoridad comunitaria. Según acuerdo de la asamblea, la infracción prevé una multa para evitar la tala y proteger el bosque comunitario. El día 28 la asamblea determinó decomisar la madera. En vez de acudir a las autoridades, el infractor acudió a su grupo. Integrantes del Ejército de Dios se organizaron para una agresión, que dejaría un muerto del grupo agresor y numerosos heridos de ambas partes.

El CDHFBC sostiene que la estrategia militar de contrainsurgencia contra los pueblos indígenas pretende imponer la explotación extensiva de sus recursos naturales, y concluye que la guerra integral de desgaste es para generar conflictos en las comunidades. El Estado mexicano ha realizado reformas legislativas para que las empresas puedan tener acceso a los recursos, endureciendo la legislación penal para desactivar cualquier disidencia. No obstante, los pueblos se organizan, movilizan y ejercen sus derechos, convirtiéndose en objetivo militar. Es el caso de Mitzitón, donde el Estado impone proyectos e interfiere con el derecho a la autonomía y libre determinación. En cambio, nunca intervino para impedir las acciones del Ejército de Dios, lo cual incrementó la tensión en la zona.