on este título fue convocado por la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un foro de evaluación de la política laboral en nuestra ciudad. Se trata, sin duda, de un análisis necesario por la importancia del tema en el conjunto de las políticas públicas. Suele soslayarse la relevancia que tienen los derechos laborales en estos tiempos de creciente precarización.

Asistieron al foro legisladores, dirigentes sindicales, funcionarios, especialistas y trabajadores de base de diversos gremios; fue un diálogo fuerte, pero necesario. Destacó la presencia del recién nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el abogado Ramón Montaño Cuadra. La reflexión colectiva se sustentó en varias premisas, entre otras que un gobierno como el de la ciudad de México, que pretende implementar una política progresista, debe promover prácticas laborales sustentadas en un auténtico desarrollo productivo con justicia social y respeto a la legalidad, contrastante con las seguidas por los gobiernos federal y de otras entidades; la diferencia debe notarse en hechos concretos y no sólo en pronunciamientos. Se reconoció que la concentración de centros productivos y de servicios en el Distrito Federal, así como el crecimiento del trabajo informal, obligan a una política laboral vigorosa y activa; ello depende de varios factores, entre otros, de la política presupuestal dictada por la propia Asamblea Legislativa.

En este acto fueron planteadas tres dimensiones de la política laboral: la primera, relacionada con el Gobierno del Distrito Federal como patrón y de la propia Asamblea Legislativa en el espacio de sus atribuciones; la segunda, en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como órgano de justicia, y la tercera, vinculada con la política laboral en general, incluyendo la llamada justicia administrativa laboral dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. La intención fue subrayar las limitaciones existentes, con una finalidad propositiva.

En relación con el primer punto, se cuestionó la política salarial del Gobierno del Distrito Federal y se enfatizó la necesidad de ser congruentes con un discurso que plantea la recuperación del poder adquisitivo y la exigencia de que los incrementos superen la inflación oficial, tal como se ha aplicado en el pasado, cuando se fijaban los salarios sobre la base de inflación más dos puntos. Se sugirió la necesidad de recuperar el servicio civil de carrera no sólo limitado a los llamados empleados de confianza, sino también a los trabajadores de base, para rescatarlos de su letargo que combina bajo salario con precario desempeño y rigidez en algunas condiciones de trabajo. Se hizo énfasis en la urgencia de revisar la política de contratación bajo la modalidad de honorarios, que priva a los empleados de los derechos más elementales, incluyendo la seguridad social. El gobierno debe dar un ejemplo de respeto a la ley laboral y a los principios de estabilidad y protección al trabajo que la misma señala. En este capítulo, se hizo notar que la Asamblea Legislativa ha descuidado en su prioridad presupuestal los recursos para superar la condición de estos auténticos trabajadores indocumentados.

Por lo que se refiere al desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se confirmaron sus limitaciones. El número de juicios que atiende ha crecido en grandes proporciones, no así la capacidad para resolverlos, provocando que la justicia sea cada vez más lenta e ineficiente. En materia colectiva, se reproducen muchos de los vicios que se critican en el ámbito federal, relacionados con registros sindicales, tomas de nota y titularidades en un escenario caracterizado por los contratos de protección patronal. Fueron denunciadas de manera dramática las dificultades para desahogar los juicios de titularidad contractual y se subrayó la presencia de grupos violentos en las propias instalaciones del tribunal, actuando a la vista de todos. Se hizo énfasis en la necesidad de tomar medidas de seguridad e implementar estrategias de inteligencia para inhibir estas crecientes conductas delictivas que ponen en riesgo no sólo a los trabajadores, sino también a litigantes, pequeños y medianos empresarios y al personal de la junta. Nuevamente salieron a relucir, como eje transversal del foro, las limitaciones presupuestales.

Respecto al tercer punto, se confirmó que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal cumple parcialmente sus funciones, ya que se dedica sobre todo al tema cooperativo y al seguimiento de programas de apoyo al empleo. Esta limitación inhibe su gigantesco potencial para convertirse en un promotor de planes y proyectos sustanciales, tales como la concertación entre empresarios y trabajadores en ramas de industria urgidas de protección, entre ellas la construcción, el mantenimiento y limpieza, el comercio y los servicios, en general, en donde se carece de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en perjuicio de los empleados. Funciones que deberían ser centrales como la inspección laboral son casi inexistentes y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se limita al litigio menor de asuntos individuales con un claro enfoque indemnizatorio, ausente de una defensa integral ante prácticas viciosas en la ciudad, como son las renuncias en blanco, la subcontratación fraudulenta y el incumplimiento de normas laborales fundamentales.

Una propuesta que destacó en el foro fue la necesidad de dar continuidad a una evaluación periódica del tema y a la creación de un observatorio permanente, integrado por diputados, especialistas, trabajadores y empresarios que den seguimiento a estas áreas de la política laboral, apoyado en convenios interinstitucionales y en la más amplia participación ciudadana. Urge que las propuestas del foro se vuelvan una realidad.