ILUSTRACIÓN: Moxie

Concentración de la oferta de semillas mejoradas de maíz

Alejandro Espinosa Calderón¹, Margarita Tadeo Robledo², Antonio Turrent Fernández³

Variedades mejoradas públicas. Desde 1942 el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y sus antecesores, han desarrollado variedades mejoradas de diferentes cultivos para los agricultores mexicanos, las cuales han representado opciones de mayores ingresos, menor costo y tolerancia a enfermedades y a factores limitantes de la producción. En 68 años hasta el 2010, se han desarrollado más de 260 variedades e híbridos de maíz, producto de la dedicación de excelentes investigadores mexicanos. El impacto y la repercusión de estas variedades son relevantes y se han mantenido, cubriendo la mayoría de los agrosistemas de México, incluyendo regiones especiales como la Montaña de Guerrero, la Meseta Purépecha, la Meseta Comiteca y la Mixteca Oaxaqueña, en condiciones de humedad residual, riego o temporal.

Variedades liberadas por otras instituciones públicas. En forma paralela y adicional a las variedades generadas por el INIA-INIFAP, con recursos públicos en otras instituciones (Uach, UDG, UANL, UNAM, UAAAN) también se realiza mejoramiento genético y se ofrecen más de 120 variedades mejoradas de maíz, así como variedades mejoradas de otros cultivos, Sin embargo, no ha sido generalizada la inscripción ante el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), lo que no invalida la importancia de estos materiales, para un esquema de abastecimiento.

Distribución de semillas. En 1961 se creó la empresa pública Productora Nacional de Semillas (Pronase) y se expidió la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, lo cual dio origen al Sistema Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (Snics). Ahí se establecía que todas las variedades que desarrollaba el INIA-INIFAP pasaban a la Pronase para incremento, comercio y difusión extensiva de la semilla. En julio de 1991 apareció la nueva Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. En ésta, la Pronase dejó de ser la única receptora de las variedades mejoradas desarrolladas por el INIFAP, y se inició un proceso paulatino de participación de otras empresas en la producción y comercio de materiales del Instituto. Hubo recomendaciones de asesores internacionales para que la Pronase fuese cancelada y se observó la influencia de sectores a los que convenía menor competencia. La Pronase sufrió serios problemas estructurales a principios de la década de los 80s y se dieron pasos para limitar la actividad de esa institución. Esto propició una rápida participación del sector privado en la industria de semillas; en 1970 éste contribuía en la venta de semilla de maíz en aproximadamente 13 por ciento y para 1993 alcanzó el 90 por ciento y la proporción ha aumentado aún más en los años posteriores hasta convertirse en un sistema de semillas monopólico donde el dominio del comercio está en manos de Monsanto (Asgrow, Dekalb, Cargill, etcétera) y Pioneer, lo cual implica desventajas para los productores mexicanos.

El monopolio en el comercio de las semillas ha propiciado que los precios de venta de las semillas híbridas sean en México los más altos del mundo. Mil semillas de maíz se cotizan a 2.7 dólares, en comparación con 1.3 dólares en la faja de maíz en Estados Unidos. El precio por saco de semillas en Sinaloa alcanzó niveles de dos mil 500 pesos; dado que se emplean dos sacos por hectárea, tan sólo de semilla se requieren cinco mil pesos, lo cual no ocurre en ningún lugar del mundo.

La Pronase fue redimensionada varias veces y en el sexenio de Vicente Fox finalmente fue cancelada en forma virtual; dejó de operar. El impacto por el cierre de la Pronase es grave en regiones apartadas, que no son del interés de las grandes empresas privadas, porque los volúmenes de comercialización de semillas no son atractivos.

En el programa denominado Kilo por Kilo (1996-2000), dentro del esquema de Alianza para el Campo, se promovió ante agricultores el uso de semilla certificada. Este esquema consideró el intercambio de semilla criolla por certificada. Inicialmente se usaron semillas nacionales del INIFAP, lo que fue cambiando hasta limitar la participación de la Pronase y apoyar la incorporación de las semillas de las empresas privadas, que no representaban la mejor alternativa en potencial de rendimiento, para las condiciones particulares disponibles, para los macroambientes y provincias agronómicas.

Comprando la tierra del mundo En los cinco años pasados, gobiernos e inversionistas privados han comprado o arrendado vertiginosas extensiones de tierras cultivables, sobre todo en países en desarrollo como los asiáticos Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Uganda, Birmania, Indonesia, Laos, Turquía; los africanos Camerún, Madagascar, Nigeria, Ruanda, Zambia y Zimbabwe y los latinoamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Los mayores compradores son Corea, que adquirió 2.3 millones de hectáreas; China, que compró dos millones, y así Arabia Saudita, India, Japón, Egipto, Bahrein, entre otros. Pero también adquieren tierra consorcios privados como Benetton, Mitsui y el holding saudí Bin Laden Group. Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha expresado que en los próximos 40 años sería necesario incorporar al cultivo, de preferencia campesino, alrededor de 120 millones de hectáreas, sobre todo en Asia, África y América Latina.

Con la ausencia de la Pronase, cada vez más las variedades del INIFAP han reducido su presencia en las principales zonas productoras de maíz. Faltan estrategias de difusión y existen dificultades y escaso apoyo para que las variedades de INIFAP sean incrementadas y difundidas. Las variedades que se emplean y que poseen buen nivel de uso, en gran parte se deben a las propias cualidades de estos materiales y a los esfuerzos de investigadores en promoción con empresas que han mostrado interés en materiales específicos. Una alternativa fundamental para revertir el bajo uso de semilla mejorada de instituciones nacionales se verá en los próximos años con el esquema de microempresas, esto es la participación de organizaciones de productores, como ocurre en los Valles Altos donde existen 35 empresas que demandan progenitores a INIFAP para incrementar y comercializar los maíces de esta región.

El elemento que faltaba para la extinción total de la Pronase era su eliminación de la Ley de Semillas, lo que se concretó con la nueva Ley de Semillas promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, en la cual se desecharon sugerencias de destacados investigadores del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (CP), de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach) y del INIFAP. En esta nueva ley influyó el cabildeo de las corporaciones ante el Senado, así como planteamientos del propio Snics. La ley presenta aspectos graves de indefensión para los agricultores mexicanos y favorece a las grandes semilleras.

Variedades mejoradas disponibles. Con las variedades disponibles es posible avanzar hacia el incremento en la producción que necesita México para lograr la suficiencia alimentaria. Deben utilizarse los nuevos y potencialmente mejores híbridos y variedades de maíz, así como todos los elementos de la tecnología que permitan producir el maíz que se requiere en México.

1 Investigador titular “C”, Producción y Tecnología de Semillas, Campo Experimental Valle de México, CIRCE, INIFAP
[email protected]

2 Profesora de Carrera T.C., Ingeniería Agrícola, FESC-UNAM, Cuautitlán Izcalli, México.
[email protected]

3 Programa Productividad de Agrosistemas, Campo Experimental Valle de México, CIRCE, INIFAP.

ILUSTRACIÓN: Sheldon

Porcicultura en agonía

Carlos Ramayo Navarrete

En enero de 1992, a consulta del equipo de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los porcicultores presentaron de manera formal su “Posicionamiento”. Este documento, ahora público, exponía las grandes asimetrías y la desigual situación de México frente a Estados Unidos en infraestructura y políticas públicas dirigidas al campo. Ya entonces era perceptible la ausencia de un sector financiero competitivo y de un régimen de normatividad de procesos y de calidad de producción, denominación, etcétera.

Ante la instrucción de concretar a toda costa un TLCAN, y en un marco económico de completa apertura unilateral –determinado el 15 de diciembre de 1987 como estrategia consolidada en el Pacto de Solidaridad Económica–, la capacidad de maniobra del sector productivo nacional tanto en la industria como en el campo fue irresponsablemente restringido.

Nuestros flamantes funcionarios “secofianos” del gobierno salinista, encabezados por Herminio Blanco Mendoza, renunciaron gratuitamente a los términos de tratamiento especial para el campo, consignados en el artículo cinco del Protocolo de Adhesión de México al llamado GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio).

Los porcicultores se inconformaron, como lo siguen haciendo hoy, de la falta de acceso a insumos a precios competitivos como son el grano y las pastas oleaginosas, que constituyen 80 por ciento del costo de producción. Y también de la falta de un sistema financiero y de normas de calidad equivalentes a las que Estados Unidos opera como obligatorias (aunque son voluntarias).

Por razones sanitarias se hizo previsible sólo un flujo comercial, de norte a sur . Las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y los representantes del sector privado de ese país ofrecieron sin embargo el reconocimiento regional de las zonas libres de enfermedades que determinaran las autoridades mexicanas para que desde allí pudiéramos exportar.

Desde que entró en vigor el TLCAN, el uno de enero de 1994, México cumplió cabalmente sus compromisos: realizó las adecuaciones legislativas correspondientes para hacer congruente el Tratado con el marco constitucional y con las leyes reglamentarias, como la de Comercio Exterior, la Federal de Metrología y la Aduanera. Por lo contrario, Estados Unidos incumplió el reconocimiento a zonas libres y con ello puso y sigue poniendo en cuestionamiento el Protocolo Sanitario. Su legislación de comercio y de competencia –que se aplica severamente en su territorio– exime las malas prácticas cuando ocurren en el exterior. De esta manera se le inhibe a México una integración real.

La situación de desventaja para los porcicultores mexicanos se agravó con las medidas unilaterales de Estados Unidos derivados de los eventos del 11 de septiembre de 2001 y hoy se agudiza con la implementación de la Ley de Certificación de Etiquetado de País de Origen (la Ley COOL, por sus siglas en inglés), de abril de 2009, la cual abiertamente demerita la intención de una integración real.

En ese escenario, y con la complacencia de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (Profeco), desde 1994 la industria de carnes frías y embutidos ha sustituido la carne de cerdo en la elaboración de embutidos por pastas y trozos de ave importados, productos éstos que son desechos y que –de no haberlos comprado México– hubieran sido destinados en su país de origen a la elaboración de alimento para mascotas. La autoridad responsable convalida la omisión de informar al consumidor en etiqueta el origen de la proteína y los aglutinantes y colorantes que se incorporan al proceso industrial, so pretexto de ser alimento a precios bajos. De esta manera la industria de cárnicos desplaza el 30 por ciento de la oferta de carne de cerdo nacional al importar anualmente una cantidad superior a 320 mil toneladas de pastas y trozos, según información de Aduanas.

La porcicultura sufre otro quebranto, al ser desplazada del mercado nacional por importaciones de cerdo, que antes del TLCAN eran insignificantes y que a finales del año pasado llegaron a 500 mil toneladas, considerando las 42 fracciones arancelarias de cerdo. El 80 por ciento de estas importaciones corresponden a piernas y espaldillas, mismas que se vienen comercializando por debajo de su costo de producción en su país de origen. Al no dar las autoridades de Estados Unidos acceso a su mercado a carne de cerdo mexicana, los industriales de cerdo en ese país se reservan para ellos el lomo y el tocino (panceta) que colocan a precios rentables, y las piernas y espaldillas las exportan a México a valor residual, con la cual los productores mexicanos no podemos competir y hemos sucumbido de manera importante ante la indiferencia e indolencia de las autoridades responsables.

En 2009 las importaciones de carne de cerdo le costaron al país mil 44 millones de dólares y una pérdida acumulada del 45 por ciento de productores y de empleos directos e indirectos. La organización nacional de porcicultores ha informado las estadísticas de caída en la producción nacional, pero la autoridad minimiza el asunto y dice que ha habido crecimiento en el sector informal ó de “traspatio”. Es evidente que ninguna autoridad federal o gubernamental quiere asumir el costo político de la debacle.

Irónicamente, la manipulación y ocultamiento de cifras en el aparato público ha sido una seria limitación para activar alguna medida de salvaguarda o anti- dumping por competencia desleal. Las cifras manipuladas demeritan “prueba de daño o amenaza de daño”, que es la causal sustantiva para que la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (dependiente de la Secretaría de Economía) sancione administrativamente la procedencia o no de imponer un remedio a las prácticas desleales de comercio internacional.

Igual que a las diversas ramas del sector agropecuario, a la porcicultura no ha logrado acceder a este mecanismo de defensa, toda vez que sus líneas de acción las determina la Secretaría de Economía, la cual se acoge a los preceptos de la apertura comercial unilateral, los cuales tienen postrada a la planta productiva nacional, impulsando la migración, la economía informal y el desempleo donde ahora se enseñorea la violencia.

Debemos de producir empleos en México, no en el extranjero. El fortalecimiento de una nación se da desde el campo. La política de apertura unilateral fue en 1987 incuestionablemente efectiva; atendió la urgencia de la espiral inflacionaria. Mantenerla irremisiblemente pensando que le llevamos un bien al consumidor significa destruir la planta productiva e inhibir el desarrollo.

Porcicultor de Mérida

Los cafetaleros, en las garras de Nestlé y AMSA Sin competencia, las trasnacionales imponen los precios Dos grandes trasnacionales tienen entre sus manos a los cafetaleros de México. Son la suiza Nestlé –la líder global en alimentos, presente con 500 fábricas de ocho mil 500 productos en más de 70 países–, y Agroindustrias Unidas de México (AMSA), que controla alrededor de 50 por ciento de las exportaciones del aromático del país, esto es más de un millón de sacos de 60 kilos, y en muchas regiones es la única y exclusiva compradora, opera sin competencia. Nestlé hizo inversiones por 600 millones de dólares en México en los cinco años recientes en sus diversas ramas de producción y en febrero pasado, en Davos, Suiza, el presidente Felipe Calderón anunció junto con el director general de la trasnacional, Paul Bulcker, nuevas inversiones por 400 millones para 2010-13, la mayoría de las cuales servirán para ampliar la planta procesadora de café que tiene en Toluca, y convertirla en la mayor del mundo. Y AMSA, dicen los cafetaleros, está estrechamente ligada a la Nestlé pues la primera hace la selección de ciertas calidades (por ejemplo la de Ixhuatlán del Café, Veracruz, que requiere Nestlé para su marca Nexpresso). le realiza procesos como el beneficiado, y también es la que obtiene ciertas certificaciones (como la de Rainforest), con las cuales estas compañías además están capitalizando el concepto de “café orgánico” originalmente pensado para premiar a los campesinos que no utilizan agroquímicos. Cafetaleros de diversas regiones que pidieron el anonimato para evitar represalias explicaron que el dominio de estas empresas –que hoy día se afianza más que nunca con la intención de la Nestlé de fortalecer su producción de cafés solubles para exportación (sobre todo a Estados Unidos)– tiene efectos nocivos, entre ellos: Cooptan a funcionarios federales y estatales para impulsar proyectos empresariales y captar recursos económicos procedentes del erario e incluso de los bolsillos de los productores. Aquí mencionan a Rodolfo Trampe, coordinador nacional del Sistema Producto Café (SPC), quien ha pedido a los productores que “negocien más su café con la Nestlé”. En el seno del SPC los industriales están buscando que los productores aporten dos o más pesos por saco exportado y con ese dinero contratar técnicos para proyectos especiales, como el de “cafés naturales” que interesa particularmente a la Nestlé. Las empresas además están teniendo injerencia en las representaciones de productores. En fechas recientes Gabriel Barreda, conocido comprador de la Nestlé, fue “elegido” dirigente de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y Aristeo Ortega, también comprador de la empresa, es representante del Sistema Producto Café de Puebla. Félix Martínez, directivo de la Nestlé, es hoy el presidente de la junta directiva de la AMECAFE, el brazo jurídico del SPC. Por medio de cooperativas fantasma o formadas a espaldas de los productores socios, AMSA está “bajando” subsidios del Programa de Trópicos Húmedos de la Secretaría de Agricultura, mientras que campesinos caficultores han buscado durante años apoyos públicos sin tener éxito. “La empresa mete nombres en sus cooperativas sin consultar a la gente y bajan los recursos. Los compañeros no denuncian porque sólo AMSA compra aquí, nadie más. Temen represalias”, señaló un productor de Ixhuatlán del Café, quien comentó que allí el dominio de AMSA es absoluto; hasta hace algunos años había empresas familiares que también compraban, pero quebraron, como quebraron también muchos productores cafetaleros, sobre todo grandes, derivado de la debacle mundial de precios del aromático ocurrida en 1989. Los cuatro mil productores que sobreviven allí tienen predios cada uno de cinco o menos hectáreas, pero su efecto social es muy grande pues 40 mil personas dependen directa o indirectamente de la actividad. La promoción –con el apoyo de funcionarios y de subsidios– de Nestlé para que México produzca cafés robusta y naturales (baratos) desestimula el interés de organizaciones cafetaleras de impulsar la calidad del grano mexicano con cafés arábiga y con ello promover que el mercado internacional pague mejor estos granos nacionales. El café mexicano está tradicionalmente muy subvaluado. “El café cereza (sin beneficiar) nos lo pagan actualmente a seis pesos el kilo y el quintal de pergamino a mil 600, cuando sabemos que deberían pagarse a nueve y a dos mil (respectivamente) considerando que hay inventarios escasos en el mundo, y conociendo los precios que se pagan por el café colombiano (también arábiga)”, dice un productor de Coatepec, quien comenta además que esta región ha logrado resistir a las invitaciones de AMSA para que cambien su paquete tecnológico hacia variedades que son más productivas por hectárea pero que ofrecen menor calidad. “Hace unos cinco años el representante de AMSA aquí, Francisco Faos, nos propuso que compactáramos tierras, incluso que las rentáramos (...) hay compañeros que nos dicen que AMSA les pide que cambien sus variedades, que la empresa les va a dar asistencia técnica, fertilizantes, que en el paquete vienen incluidos subsidios. Aquí hemos resistido, pero en Chiapas se han infiltrado con más profundidad y están teniendo mayor control y no sólo en el café convencional sino en el orgánico”. Un factor fundamental es que AMSA financia a los productores, fenómeno que ocurre sobre todo en Chiapas, y con ello asegura el acopio del café a los precios que impone. La incapacidad de los caficultores a acceder a fuentes de financiamiento formales (por la cerrazón de la banca) los coloca a merced de las empresas. Productores veracruzanos han realizado movilizaciones continuas para manifestar su enojo con las prácticas de AMSA y Nestlé, “por la grave explotación que hacen, castigando los precios por debajo del parámetro por debajo de los precios de bolsa”. Productores de Ixhuatlán del Café reportan que AMSA induce bajas arbitrarias en los precios con el argumento de que su centro de cosecha está saturado; también –como ocurrió hace unas semanas–, cuando hay lluvias constantes nos dicen que el café tiene problemas de calidad y nos bajan el precio; recientemente se formó una comisión de productores y funcionarios de Veracruz para observar la situación de los precios que pagan los compradores (que, dicen, todos son empleados de AMSA, porque aquí el único coyote es esta empresa “y es un coyote grande”) pero no ha funcionado, “porque hay temor a AMSA”. Además de sus operaciones en café, que inició en 1979, AMSA opera en México desde 1948 con compras y despepite de algodón (líder en esta rama). También está asociada con Smithfield en las granjas porcícolas Carroll de Perote, Veracruz, es financiera de agronegocios e incursiona en la compra de cacao y granos (Lourdes Edith Rudiño).

Cinco empresas dominan la industria lechera

• Importaciones y precios castigados a la leche, pesadilla de 250 mil productores

FOTOGRAMA: Food INC.

Lourdes Edith Rudiño

La producción lechera y sus derivados tiene como líderes en la industria a sólo cinco empresas: Lala, Alpura, Sigma Alimentos (del Grupo Alfa, y asociada en el área de yogures con la francesa Sodima Internacional), la suiza Nestlé y la francesa Danone.

Del otro lado de la moneda, hay unos 250 mil rancheros que en 90 por ciento cuentan cada uno con 50 o 60 vacas, esto es, son pequeños productores de leche, y del total tal vez sólo unos cinco mil están integrados como cooperativistas o socios con Alpura y Lala. El grueso de los lecheros se considera “sobreviviente” y en riesgo constante, pues los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del ingreso de leche en polvo subsidiada y otros productos lácteos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y La Unión Europea han hecho quebrar hasta ahora a 200 mil productores.

De acuerdo con Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FNPCL) de El Barzón, la firma del TLCAN fue punto de partida para el fortalecimiento del monopolio de la leche. “En privilegio para los industriales y detrimento de los productores, el gobierno mexicano incumplió la aplicación de aranceles a las importaciones de leche en polvo” que sobrepasaran ciertas cuotas libres de impuesto definidas en el Tratado. Ello ocurrió durante todos y cada uno de los 15 años que duró la desgravación. Los rancheros se han visto enfrentados a una franca competencia desleal con las importaciones subsidiadas, y la situación se observa no sólo en la leche, sino también en quesos y demás productos lácteos.

Hoy día la competencia desleal prevalece, pues, en lo que se refiere a las importaciones de leche en polvo procedentes de Estados Unidos, llegan a México a un precio de 3.50 pesos el litro (incluido el costo de la rehidratación), lo cual representa una diferencia de cuatro a cinco pesos respecto de lo que realmente se paga la leche en ese país más los costos de internación a México. “Obviamente esa diferencia se cubre por subsidios”.

Así, con la facilidad de importar barato, los industriales pagan barata la leche nacional (a 4.30-4.50 el litro actualmente) y la venden, ya procesada y envasada a casi 13 pesos, dice Antonio Salim, secretario del FNPCL. “Hemos buscado infructuosamente que el gobierno intervenga y establezcamos una mesa donde analicemos los costos de producción y los de la industria –nosotros hemos visto que los primeros son más altos– y establezcamos un esquema de equidad, para que el margen de utilidad sea compartido”.

La leche es un producto altamente perecedero. Los rancheros pueden mantenerla con ellos durante dos o tres días máximo si tienen tanque enfriador. Por eso, y por la urgencia constante de liquidez, se ven presionados a entregar a los industriales compradores al precio que sea. “Por lo menos pido un precio que me garantice la subsistencia, pero en los años recientes esto no ha ocurrido; esto ha provocado el desmantelamiento del activo lechero del país”, dice González y precisa que no sólo es el monopolio el que paga bajos precios a los productores. Las 11 mil empresas grandes, medianas y chicas que se dedican a elaborar productos de leche incurren en ello. “Los productores somos sus víctimas”.

Reportes de lecheros que abastecen a la planta La Concordia, en Jalisco, de la empresa Sello Rojo, indican que ésta incurre en chantaje, pues les condiciona la compra de la leche a cambio de que adquieran acciones de la empresa, pues ésta requiere capital para refaccionarse. Aquel lechero que rechaza el trato deja de ser proveedor.

De acuerdo con Álvaro González, lo que más daña a los productores lecheros es la apertura comercial. “En los diez años pasados México ha importado unas 500 mil toneladas anuales de lácteos (leche, yogures, quesos, etcétera) altamente subsidiadas” y eso impide a los productores buscar salidas de manera organizada a su oferta lechera.

“Por ejemplo, hay un queso llamado gouda. En México muchas empresas lo importan, lo etiquetan con su marca y lo venden como manchego. Cuando mucho lo compran en 30 pesos el kilo, y creo que es de buena calidad. Si yo soy un quesero chico en México, elaborar un kilo de queso me cuesta, tan sólo por la leche, casi 50 pesos el kilo (considerando que se requieren 12 litros de leche y que ésta se pague a 4.16 por litro), y eso sin considerar los costos de proceso, distribución, etcétera. ¿Cómo puedo competir así? Las empresas que importan ese queso gouda pueden venderlo a 50 pesos el kilo y obtienen una utilidad casi de cien por ciento”.

Y a esto hay que sumar que los centros comerciales –que, con sus marcas propias, se dedican ya a hacerle la competencia a las empresas lácteas– entran en una dinámica que deteriora la calidad nutricional de los lácteos. “Ocurre que van a una de las industrias y le dicen yo necesito una fórmula láctea que me cueste tres pesos el litro más el envase; la industria le dice pues yo te ofrezco esto, que generalmente son desechos de los países ricos (‘fórmulas alimenticias', o ‘sucedáneos lácteos') o incluso la propia cadena comercial importan esos insumos-desechos y piden a las industrias que se los maquilen. Por eso el FNPCL dice que entran a México productos de dudosa calidad”.

Y entonces esta situación ha inhibido esfuerzos de los productores por industrializar su propia leche. Ha habido algunos intentos de organizaciones de lecheros de producir quesos o yogures u otros productos para dar salida a sus excedentes de leche, y dada la competencia desleal de los productos que contienen importaciones baratas, terminan también adulterando. La producción lechera nacional supera los 10 mil 800 millones de litros anuales.