De conasupo a cargill o cómo transferir
la soberanía alimentaria a los monopolios privados

Víctor Suárez

El mercado agroalimentario mexicano está hoy en día bajo el control de los monopolios privados, tal y como se lo propuso la política neoliberal en nuestro país a partir de 1982 con los llamados programas de ajuste estructural, la adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT), la reforma salinista al artículo 27 constitucional, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el desmantelamiento de la intervención gubernamental en la regulación y fomento del sector.

Utilizando sucesivas y diversas oleadas de “shock y conmoción”, procedimiento asociado a las políticas neoliberales de acuerdo con Noami Klein en su imprescindible libro El capitalismo del desastre , las corporaciones agroalimentarias estadounidenses y mexicanas impusieron a la sociedad mexicana la transferencia y el control de nuestro mercado agroalimentario valuado en 50 mil millones de dólares a un puñado de monopolios privados. Lo anterior con la complicidad del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Efectivamente, hoy en día nuestro país importa 20 mil millones de dólares de alimentos de Estados Unidos por medio de empresas estadounidenses (40 por ciento de la demanda nacional), y la mayor parte de los 30 mil millones de dólares del valor de la producción agroalimentaria doméstica es controlada por 20 grandes corporaciones trasnacionales –mexicanas y extranjeras.

Entre las oleadas de shock y conmoción utilizadas por las corporaciones para capturar el mercado, debilitar la resistencia de la sociedad y desmantelar el control del Estado sobre su política agrícola, alimentaria y comercial se encuentran las siguientes: a) la crisis de la deuda de 1982, b) el terremoto de la ciudad de México en 1985, c) el fraude en las elecciones presidenciales de 1988, d) los asesinatos políticos de 1994, e) los llamados errores de diciembre de 1994 y f) el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006.

El ataque de las corporaciones se centró en tres objetivos: a) lograr el desmantelamiento del Sistema Conasupo, b) propiciar la privatización de las tierras ejidales y comunales y de sus recursos territoriales y c) eliminar el control soberano de las fronteras al comercio agroalimentario.

En lo que se refiere al Sistema Conasupo (precios de garantía para las cosechas; distribución de alimentos a precios subsidiados; administración de la reserva alimentaria; control de precios de la tortilla; monopolio de las importaciones y exportaciones agrícolas; sistemas de acopio, almacenamiento y distribución; industrialización de maíz, trigo y oleaginosas; terminales graneleras en puertos y fronteras; centros de capacitación campesina; etcétera), se enderezó un agresiva campaña para su privatización y extinción explotando ad nauseam los casos de corrupción y de ineficiencia a todas luces existentes.

Para propiciar el desmantelamiento de la propiedad social de la tierra y sus recursos patrimoniales, el gobierno de Salinas de Gortari cooptó a la mayor parte de las organizaciones y movimientos campesinos de la época y emprendió la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992.

Finalmente, con el TLCAN se perdió la soberanía nacional sobre el comercio agroalimentario, así como sobre el control de la inversión extranjera en nuestro país.

Una vez logrados los tres objetivos antes anotados, el control del mercado agroalimentario por unas cuantas corporaciones fue creciendo año con año, capturando las decisiones de política pública, las dependencias y los programas gubernamentales. Entre las decisiones tomadas por el gobierno federal para favorecer la monopolización privada de nuestro sector agroalimentario se encuentran las siguientes: a) venta y/o concesión de industrias e infraestructura estratégica a grandes corporaciones mexicanas y extranjeras; b) otorgamiento de cupos de importación libres de arancel, con exención del pago de impuestos y contraviniendo al propio TLCAN al respecto; c) desmantelamiento de los programas de fomento a la producción nacional de alimentos (infraestructura, crédito, asistencia técnica, investigación, soporte de precios, etcétera); d) captura de la mayoría de los subsidios públicos para los agricultores comerciales del norte y las corporaciones; e) exención del pago de impuestos bajo un régimen especial de tributación; f) nula regulación en materia de calidad e inocuidad alimentaria tanto en la importación como en el procesamiento y distribución; g) favorecer las importaciones agroalimentarias a precios dumping , y h) ineficaz regulación contra prácticas anticompetitivas.

Es inaceptable para un país como el nuestro haber permitido la transferencia de nuestra soberanía alimentaria a manos privadas y trasnacionales. Hecho que no hicieron ni harán los países desarrollados y emergentes con proyecto nacional soberano como Brasil, India y China.

Recuperar la soberanía alimentaria y lograr nuestra independencia alimentaria constituyen un asunto de seguridad nacional y un requisito para la salvación de nuestro país.

Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Gigantes globales dominan
distribución, comercialización y procesamiento de granos

Lourdes Edith Rudiño

Alrededor de 60 por ciento del mercado de granos en México está en manos de un puñado de grandes empresas –Maseca, Cargill, Archer Danield's Midland, Bimbo, Minsa, Molinos de México, Gamesa, Altex, Bachoco, Lala y Malta de México fundamentalmente–; dominan tanto la compra de cosechas nacionales como la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y los procesos industriales. Son empresas boyantes y se distinguen porque sus ganancias suben como espuma, no obstante la peor crisis económica y financiera del país en más de seis décadas este 2009-10 y no obstante el encarecimiento de los alimentos que entre otros saldos amplía el número de pobres y miserables en México.

La fuerza de estos emporios no es una casualidad. Ha crecido y se ha afianzado gracias a decisiones tomadas por el gobierno mexicano desde los años 80s, con el ingreso al GATT (hoy Organización Mundial de Comercio), pero sobre todo a raíz de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional sobre tenencia de la tierra y la puesta en marcha en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tales decisiones, que han desmontado el sistema gubernamental de intervención en los mercados agroalimentarios, han entregado en charola de plata el negocio a las corporaciones privadas, y en particular a las trasnacionales, dice Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y explica que la operación de esta estrategia, que implica pérdida de soberanía nacional y alimentaria, ha sido por varias vías:

Por un lado están las políticas de libre importación de materias primas con precios debajo de producción –o sea con prácticas dumping e ilegales–; por otro, el traslado a estas grandes compañías de la responsabilidad de la regulación de los mercados –la cual estuvo antes en manos de empresas públicas como Conasupo y el sistema Boruconsa-ANDSA (Bodegas Rurales Conasupo-Almacenes Nacionales de Depósito)– situación que les da completa autonomía en la fijación de precios al productor y precios al consumidor.

Un tercer elemento ha sido la captura de subsidios públicos por parte de estas compañías con la justificación de que favorecen la liquidez de los mercados y la adquisición de las cosechas nacionales. Y por último, a los emporios alimentarios se les ha brindado un sistema de exención de impuestos, un régimen de tributación de privilegio (amparado bajo un régimen especial de tributación para el agro que originalmente tenía el sentido social de impulsar la producción primaria).

Estas grandes empresas, dice Suárez, son globales; en varios casos están asociadas entre ellas y cuentan con fuertes recursos extrafronteras. Cargill, una de las tres empresas agroalimentarias con mayor poder económico en Estados Unidos, por ejemplo, “tiene a su disposición una masa de financiamiento en dólares y acceso amplio a apoyos públicos –entre 2005 y 2009 recibió de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria casi 600 millones de pesos para subsidios a la pignoración, movilización y exportación de maíz blanco– que le dan una ventaja competitiva en el mercado mexicano frente a empresas pequeñas y medianas que no tienen si quiera posibilidad de crédito o cuyo acceso al dinero es a costos muy elevados”.

Además Cargill, en la medida que es un gran operador de granos y otros productos en Estados Unidos, tiene alianzas estratégicas con las compañías ferroviarias de ese país, que son las mismas que controlan el servicio ferroviario en México. Con esto, Cargill cuenta con tarifas preferenciales a las cuales no tienen acceso los competidores, pequeños y medianos comercializadores, y goza de prioridad en la contratación de los trenes. “Si no hay furgones o no hay góndolas o no hay trenes unitarios disponibles para los pequeños, quedan fuera de la comercialización, de las oportunidades de mercado ” .

Asimismo, se observa cómo infraestructura estratégica está en manos de los grandes consorcios. Es el caso de la terminal granelera de Veracruz, por donde ingresa 40 por ciento de las importaciones que realiza México. La concesión de esta terminal, que estuvo en manos de ICA y Alsur pasó a Cargill hace unos años sin que el gobierno mexicano pusiera objeción. Y ésta es una herramienta fundamental que tiene la empresa para dominar y manipular el mercado de granos. La situación es excepcional, dice Víctor Suárez. En Estados Unidos, Japón, China, Europa ni los bancos ni la infraestructura estratégica está en manos extranjeras.

Y estos grandes consorcios incurren en prácticas anticompetitivas. “Tienen libertad de importar en cualquier momento del año, aunque estemos en época de cosechas nacionales de granos, y tienen la libertad de exportar. Cuando hay cosechas e importan, presionan a la baja los precios que pagan a los productores nacionales de granos, e incurren en la exportación también cuando no hay suficiente disponibilidad de granos para generar escasez artificialmente, elevar los precios, revalorar sus inventarios. Así generan ganancias extraordinarias”.

“Hay libertad absoluta, ninguna regulación gubernamental que frene la especulación porque estamos en el paradigma del libre mercado. En este ambiente, los productores de granos pequeños y medianos, los comercializadores pequeños y medianos y los procesadores pequeños y medianos son desplazados del mercado, no pueden competir, y se va concentrando más y más el mercado en pocas empresas”. Es indispensable que la Comisión Federal de Competencia actúe de oficio para enfrentar las prácticas del monopolio.

En el ciclo primavera-verano 2008-09 las organizaciones comercializadoras de maíz de ANEC sufrieron la fuerza de este monopolio en carne propia. “Vimos una posición de franca coalición de los grandes compradores (Cargill, Maseca y Minsa) que se pusieron de acuerdo para no comprar el maíz de los productores organizados para debilitar su posición y en cierto momento destruirlos y quitarse así un contrapeso. En el caso del trigo de la cosecha otoño-invierno 2008, vimos cómo se coaligaron estos mismos tres grupos para no pagar a los productores a niveles de precios internacionales, que se ubicaban en el equivalente de dos mil 900 pesos la tonelada. Ellos decidieron no pagar más de dos mil 400 y como su poder de compra es muy grande, los campesinos se vieron obligados a vender a este precio bajo; luego las empresas presionaron para que la Secretaría de Agricultura, vía Aserca, pagara subsidios para compensar a los productores y así ellos obtuvieron las cosechas por debajo de los precios del mercado y obtuvieron ganancias extraordinarias, comentó Suárez.

Frente a estas prácticas, el gobierno no solamente no tiene disposición ni herramientas para actuar y hacer que los mercados funcionen competitivamente, conforme a las reglas que dicen que son de mercado y de precios internacionales, sino que ceden al chantaje dando subsidios injustificados.

La mitad de la producción de pollo en manos de tres empresas La pequeñas quiebran, incluso asociadas, por múltiples factores: Yesaki La Comisión de Competencia investiga prácticas monopólicas Lourdes Edith Rudiño En 1996 dos empresas grandes controlaban en México el 33 por ciento de la producción de pollo; para 2008 ya eran tres las grandes (Bachoco, Pilgrim's Pride y Tyson) y cubrían 55 por ciento de esta producción. En el camino muchas compañías pequeñas quebraron, vendieron o entraron a esquemas de aparecería (dando servicios a las grandes o medianas) y su participación en la oferta se redujo sustantivamente: en 1996 esas pequeñas sumaban 181 y aportaban 27 por ciento de la producción de pollo y para 2008 eran 150 empresas cubriendo sólo cuatro por ciento. Estos son datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), que se combinan con comentarios hechos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su reporte anual sobre la avicultura mexicana –“En 2009 la avicultura declinó, lo cual no había ocurrido en una década y esto se atribuye principalmente a la crisis económica, a la consolidación de la industria que tiende a crecer, a los precios (altos) de los granos de importación y a la continuada competencia por parte de importaciones avícolas”–, para poder afirmar que la presencia preeminente de grandes empresas en esta rama es un hecho y que, aunado a la apertura comercial, implica una reducción de posibilidades para las pequeñas compañías. La avicultura nacional –donde el pollo representa 92 por ciento con una producción anual alrededor de 2.7 millones de toneladas, que complementa la oferta nacional con más de 440 mil toneladas importación, sobre todo piernas y muslos—participa con 11.5 por ciento del producto interno bruto agropecuario y genera 190 mil empleos directos y 950 mil indirectos. Las empresas pequeñas se caracterizan porque brindan menos de cien empleos, las medianas entre cien y 250, y las grandes arriba de 250. En entrevista, Jaime Yesaki, quien fue presidente de la UNA entre 1993 y 1996, explica los motivos de desaparición de las pequeñas empresas avícolas: “en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) –que en avicultura dejó fuera a Canadá— el pollo fue uno de los productos donde se negociaron más largos periodos de desgravación, pero se presentó un problema muy serio, el contrabando bronco y el contrabando técnico (esto es la importación de pollo supuestamente en salmuera, cuya fracción estaba exenta de pago de aranceles), en volúmenes muy importantes. Fue un problema que duró años y que desestabilizó el mercado. Las compras las hacían brokers, o coyotes como yo les digo, gente sin inversiones ni infraestructura, que sólo tiene dinero y compra y vende”. Dada la diferente estructura de mercado de Estados Unidos –donde se prefiere y valora la pechuga y las alas sobre las demás partes del pollo–, las piernas y muslos sobran en ese país y las venden sobre todo a Rusia y China, pero cuando hay algún problema allá las colocan en México, su destino más cercano. Estas piezas traídas por contrabando llegaron a nuestro país a precios hasta 50 por ciento inferiores a los del producto nacional y presionaron a la baja los precios internos. Hoy día, prevalece esa diferencia de precios, pero en menor grado, dice Yesaki. El entrevistado, quien también es ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que una forma de afrontar la situación hubiera sido el asociacionismo, pero “esto no se nos da en México, pues la ley no protege a los accionistas minoritarios y porque aquí somos muy listos y el pez grande se come al chico”. Pero incluso avicultores que sí se asociaron o fortalecieron sociedades previas –como es el caso de la propia familia de Yesaki y otras cinco, presentes en Nuevo León— han debido sufrir quebrantos atribuibles no sólo a la situación de competencia con importaciones, o a tener que enfrentar a las tres grandes productoras de pollo, sino a factores disfuncionales de las políticas públicas en el agro, y también a las crisis de precios y financieras globales de los años recientes. El Grupo Papsa, donde está Yesaki inició su asociación hace 30 años pero en 2005 dio un paso adelante al integrarse totalmente y producir y comercializar de manera unida. El grupo llegó a tener una participación importante en el mercado, con un millón de pollos por semana, y una marca propia. Pero ahora “estamos de salida; no pudimos cristalizar un crédito que nos permitiera pasar la época de vacas flacas a los buenos tiempos”. Hoy Papsa no tiene una producción propia; tuvimos que vender nuestro negocio a diferentes entidades, aunque no vendimos las granjas y estamos en un esquema de aparcería con una de las empresas grandes. Esto quiere decir que explotamos nuestras instalaciones y cobramos una cantidad por el servicio”. La producción de pollo, señala Yesaki, es riesgosa y cíclica (a veces se pierde porque la producción resulta más cara que el precio de venta, pero luego se puede vender más alto y la empresa se repone). Por tanto se requiere un respaldo que permita financiamientos de tres a seis meses, y en México la banca de desarrollo, que debería atender este tipo de negocios, “no está cumpliendo su función” e incurre en absurdos, por ejemplo valora muy mal las garantías rurales. “Nuestros negocios son rurales, si presentamos una garantía rural la toman 2.5 veces a uno mientras que las garantías urbanas las consideran 1.5 a uno o uno a uno. Es incongruente. A veces tenemos que tomar créditos de otras entidades o incluso en el extranjero, más baratos”. Concentración de la Producción de Pollo en México *El gobierno de México clasifica como compañía pequeña aquella que tiene menos de cien empleados, una mediana con cien a 250 y una grande con más de 250. FUENTE: UNA El Grupo Papsa sufrió quebranto no obstante que era una empresa que iba a la vanguardia –“empezamos adquiriendo insumos conjuntamente; accedíamos a créditos de pignoración, nos armamos muy bien con laboratorios de patología (...)–. Otra razón del quiebre fue la incapacidad de Papsa para entrar con su oferta de pollo a las tiendas de autoservicio, cada vez más dominantes en la distribución alimentaria de México. Estas tiendas tienen presencia en todas las ciudades del país y prefieren como proveedores a empresas grandes con capacidad de surtir en todos sus puntos de venta, y por tanto las compañías regionales (como Papsa) quedan al margen. Y por último, Papsa recibió el tiro de gracia con tres crisis consecutivas : la primera, la de 2006, “cuando los precios de los granos de forma inusual se encarecieron al doble” afectados sobre todo por la especulación en los mercados internacionales, misma que derivó en la crisis financiera global (donde se mezclaron muchos problemas, crisis hipotecaria, energética, y la presencia de “rateros encumbrados dueños de grandes corporaciones que seguro estudiaron en buenas universidades”). La segunda crisis fue en 2008 cuando hubo una sobreoferta de producción –“como nuestro pollo no puede almacenarse, se vendía todo pero muy barato”–, y podemos pensar que “algo hicimos mal”, pero nuestro consuelo fue que también por sobreproducción, en Estados Unidos la empresa que era la número uno, la gigante Pilgrim's Pride, quebró (sus acciones se desplomaron, de valer 30 centavos de dólar cayeron a cero), y entonces otra empresa más grande, la brasileña JBS la compró. Y la tercera crisis, fue la crisis financiera global, que emergió cuando “apenas estábamos saliendo de la racha de malos precios”. Para Yesaki, son muchos los factores que cierran el camino a las pequeñas compañías avícolas: las importaciones baratas influyen parcialmente, las crisis globales pesan también, y la falta de políticas públicas congruentes es una falla fundamental (pues por lo general los subsidios, mezclados los productivos con los de carácter social, ignoran a las empresas medianas). Pero el hecho tangible es que la concentración de la producción en pocas manos es una tendencia que se da y se seguirá dando. “No sé si algún día se empezarán a desconcentrar, porque así son los procesos, pero tardan décadas”, pero lo que viene para la avicultura es aún más preocupante. Un posible acuerdo comercial México-Brasil pone a temblar a los productores, porque en el país sudamericano producen mucho más barato incluso que los estadounidenses. Cabe decir de cualquier forma que la Comisión Federal de Competencia (CFC) publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de diciembre de 2009, el inicio de una investigación de oficio en la rama avícola, debido a “posibles prácticas monopólicas”, con el argumento de que la información disponible en manos de la Comisión es suficiente para iniciar esta investigación, con base en la Ley de Competencia Económica. La investigación examinará contratos, acuerdos de negocios y convenios de las tres compañías líderes en México, que pudieran estar afectando los precios de mercado del pollo.

Monopolios y comida chatarra

ILUSTRACIÓN: Cortesía El Poder del Consumidor

Alejandro Calvillo U.

Bimbo domina totalmente el mercado del pan de caja y, con su empresa Marinela, el de los panes dulces industrializados. Bimbo, junto con Pepsico, dominan el mercado de las frituras con su marca Barcel, además de contar con gran parte del mercado de dulces con Ricolino.

Coca Cola y Pepsico controlan el mercado de los refrescos, después de adquirir y acabar con la mayor parte de las empresas refresqueras regionales que existían en el país. Estas dos compañías también acaparan gran parte del agua embotellada. KellogCs y Nestlé dominan el mercado de los cereales de caja, dejando atrás el consumo tradicional de cereales integrales como la avena, el amaranto, la cebada, etcétera. Danone, Lala y Alpura controlan el mercado de las bebidas lácteas. Sigma, Zwan y Kir el de las carnes frías.

Y hay que añadir a Maseca dentro de esta lista ya que esta empresa es responsable de que la mayor parte de los mexicanos hayan dejado de comer maíz. Lo que parece una afirmación absurda es una verdad: la harina refinada de maíz que produce y comercializa Maseca ha perdido todas las cualidades nutricionales de la harina integral de maíz que era la que tradicionalmente comíamos. Ahora, para solventar esta situación, se ha establecido que, al igual que a la harina refinada de trigo, se le añada obligatoriamente vitaminas y minerales.

Con la mencionada docena de empresas cubrimos la mayor cantidad de los productos que encontramos en la más grande red de distribución del país conformada por las grandes cadenas de supermercados, dominados por Wal Mart, y los más de 700 mil puntos de venta en pequeños comercios: tiendas de abarrotes que se extienden desde los barrios urbanos hasta las más remotas comunidades rurales. Sin estas empresas, con su invasión publicitaria y la omnipresencia de sus productos, no podríamos entender el deterioro de la dieta de los mexicanos, el mayor problema de salud pública del país.

El poder de concentración del mercado en estas empresas, como lo señala Carlos Urzúa en un trabajo para la Comisión Federal de Competencia (CFC), puede estar significando un incremento en los precios de hasta 40 por ciento. Pero los monopolios no sólo impactan en precios sino también en la calidad de los productos, así como en la elaboración de la normatividad y las políticas públicas.

Por ejemplo, Bimbo determinó y gozó de una normatividad que le permitió elaborar panes con harina refinada y comercializarlos como integrales, permitiéndose legalmente el fraude a aquellos consumidores que tenían un mínimo de información sobre la pobreza nutricional de las harinas refinadas. Del Valle y Jumex se aprovecharon de los consumidores que buscaban jugos pensando que eran más saludables sin saber que estaban adulterados hasta en 80 por ciento, gracias a una falta de normatividad. El engaño continua aún con los néctares para los cuales no existe normatividad, aprovechándose de que los consumidores mexicanos piensan que los néctares son jugos más concentrados cuando en realidad tienen más de 80 por ciento de agua y azúcares añadidos, además de colorantes y espesantes. Como nota al margen, hay que decir que una persona que consuma diariamente un vaso de néctar en el desayuno y otro en la cena puede estar aumentando 5 kilos en un año. Es así que contamos con un gran número de normas al gusto de las empresas, que violan el derecho a la información de los consumidores.

En relación a la normatividad, hay que recordar que fue con Salinas de Gortari que la elaboración de la normatividad dejó de ser una tarea de la autoridad para pasar a ser un proceso Edemocráticod. La .democraciad fue únicamente para las empresas que pasaron a dominar los comités de normas para hacerlas a su gusto o, en el peor de los casos, tener la capacidad de impedir su publicación si no les satisfacen.

El poder de los monopolios y oligopolios de la comida chatarra tiene su máxima expresión en las políticas públicas. No podríamos pensar el arribo de las niñas y los niños mexicanos a ocupar el primer lugar en sobrepeso y obesidad a escala internacional sin el abandono de programas para brindar acceso a agua potable en escuelas, espacios públicos y comunidades; sin la falta de reglamentación de los alimentos dentro de las escuelas. No es una coincidencia el hecho de que México destaque por la falta de acceso de agua potable y que, al mismo tiempo, los mexicanos seamos la población con la mayor ingesta de calorías por medio de bebidas. En un periodo de solamente 14 años se registró un incremento de 40 por ciento en el consumo de refrescos en la población en general. Recientemente realizamos una encuesta en cerca de 400 escolares en la región Centro Montaña de Guerrero y registramos que más de 50 por ciento de los alumnos de primaria habían desayunado con refresco.

El poder de estas grandes corporaciones se manifiesta en su fuerte cabildeo para impedir que salga la comida chatarra de las escuelas; en sus estrategias para evitar que se regule la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niñas y niños; en su bloqueo a que se desarrollen etiquetados que realmente orienten de manera sencilla a los consumidores sobre los contenidos de azúcar, grasas y sal en los productos; en su oposición a campañas de orientación alimentaria que aconsejen a los consumidores a dejar de ingerir de manera habitual alimentos y bebidas que no son beneficiosos para su salud. Todo es una cuestión de poder y hasta ahora el Legislativo y el Ejecutivo parecen sometidos al de las corporaciones y las consecuencias en salud son visibles y dramáticas.

Alonso Lujambio, secretario de Educación, ha dado un primer paso al anunciar la salida de la comida chatarra de las escuelas. Veamos si cumple. Ahora le toca a José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños por medio del Reglamento a la Ley general de Salud en Materia de Publicidad, y establecer un etiquetado frontal en los productos que realmente oriente a los consumidores. Serían estos los primeros pasos.

Director de El Poder del Consumidor, AC
www.elpoderdelconsumidor.org

Trasnacionales y agrotóxicos

Fernando Bejarano G.

Tan sólo diez empresas trasnacionales dominan 89 por ciento del mercado mundial de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas) y destacan principalmente las de origen europeo y de Estados Unidos, como se puede ver en el cuadro.

Aunque no hay reportes accesibles al público de las ventas de plaguicidas por empresa, en México el mercado de agroquímicos alcanzaba casi los 700 millones de dólares en el 2007, según el informe anual del 2008 de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria (AMIFAC) con 56 empresas asociadas, donde destacan la presencia de las principales trasnacionales en su consejo directivo.

El control trasnacional del mercado de plaguicidas en México se consolidó con la política neoliberal y firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, al privatizarse Fertimex –la empresa estatal que producía y comercializaba algunos de ellos– liberar los aranceles, y terminar con la distribución estatal por medio del Banco Nacional de Crédito Rural. Todo esto consolidó la dependencia de los ingredientes activos y productos formulados en otros países.

La Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes, y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), donde participan todas las secretarías que intervienen en la gestión del uso de plaguicidas (incluyendo las de Salud, Agricultura y Medio Ambiente), ha privilegiado la simplificación administrativa para facilitar el registro, la importación y exportación de plaguicidas por encima de medidas eficaces de prevención y control de sus dañinos efectos en la salud y el ambiente. Se cuida que los plaguicidas en los alimentos de exportación no se conviertan en barreras técnicas al libre comercio, por encima de garantizar el cumplimiento de la poca normatividad existente para proteger la salud y el ambiente de la población.

Se protegen los intereses comerciales que dominan el mercado de plaguicidas pero se nos niega el derecho a saber cuánto, qué y en dónde se aplican los cientos de toneladas de agrotóxicos y biocidas en el campo y la ciudad, al no existir la obligación de un registro de su uso a lo largo de la cadena comercial. Es importante destacar que en California, Estados Unidos, este registro existe y permite descubrir la tendencia y lugares donde más se usan plaguicidas, y los ciudadanos pueden exigir los lugares prioritarios para establecer metas de reducción en su uso. En México alabamos la modernidad tecnológica del vecino del norte pero no incorporamos los pocos avances conquistados por la lucha ciudadana.

La dependencia de los plaguicidas químicos para el control de plagas y los riesgos que esto ocasiona han sido reconocidos como un problema mundial. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha planteado a los países la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y el fomento de buenas prácticas agrícolas, para cumplir el acuerdo internacional del Enfoque Estratégico para la Gestión de las Sustancias Químicas a nivel internacional (mejor conocida por sus sigla en inglés como SAICM).

Del Catálogo Oficial de Plaguicidas (excluyendo atrayentes, repelentes y estimulantes), encontramos que del total de los 414 ingredientes activos aprobados, un 18.6 por ciento (77) tienen una mayor toxicidad aguda, y casi la tercera parte (133) están dentro de la lista de posibles o probables causantes de cáncer (clasificados por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer y por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos) o causan disrupción endocrina (hormonal). Esto representa un perfil de toxicidad muy preocupante dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población trabajadora y comunidades expuestas, generalmente pobre, desnutrida y con malas condiciones de seguridad e higiene. Si un gran número de las intoxicaciones agudas con plaguicidas no se reportan, o se reportan sin indicar el plaguicida que causó el incidente; en el caso de las enfermedades crónicas, que tardan años en manifestarse o cuyos efectos irreversibles aparecen años después, nos enfrentamos a una situación de riesgo fuera de control, donde las víctimas sufrirán de manera individual o familiar situaciones que el gobierno está obligado a prevenir.

Se requiere un cambio profundo de las políticas neoliberales, apoyar las alternativas orgánicas y agroecológicas ir más allá de la mera sustitución de insumos y articularse con una política que fortalezca la soberanía alimentaria, como han planteado diversas organizaciones campesinas y ciudadanas.

Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM)
www.rapam.org

Estados Unidos FOTOGRAMA: Food INC. Debates públicos sobre la concentración corporativa en el sistema alimentario Alexanda Spieldoch A lo largo de 2010 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Justicia (DOJ) están organizando una serie de talleres públicos e históricos relativos a los temas de competencia en agricultura en este país. El primero tendrá lugar el uno de marzo de 2010 en Iowa: http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/index.htm#dates Los talleres fueron primero anunciados por el procurador general Eric Holder y por el secretario de Agricultura, Tom Vilsack en 2009 y son los primeros que se realizan de forma conjunta USDA-DOJ para discutir los temas de competencia y regulación de la agricultura de Estados Unidos (EU). Las metas son generar el diálogo en un momento que hay una creciente preocupación sobre los impactos negativos de la concentración corporativa en el sistema alimentario y sobre la necesidad de regulaciones apropiadas que promuevan una agricultura y alimentos saludables y sustentables. Los talleres son de acceso libre y abiertos al público, e incluirán a agricultores, rancheros, grupos de consumidores, académicos, empresarios del agro y miembros del gobierno federal, quienes discutirán los temas legales y económicos asociados con la competencia en la industria agrícola. El DOJ y el USDA están buscando incorporar tópicos adicionales tales como los costos del impacto de la concentración en la agricultura, el efecto de las regulaciones y los programas de competencia y las formas en la cuales las reglas de propiedad intelectual y de patentes afectan la producción y las prácticas del mercado en semillas, precios, contratos, propiedad del empacador del ganado antes de que éste sea sacrificado, transparencia de mercado y ventas al menudeo. En el boletín de prensa del USDA de 2009 donde anunció las audiencias, el secretario Vilsack declaró: “es importante tener un mercado competitivo y justo que beneficie a la agricultura, a las economías rurales y a los consumidores estadounidenses”. El Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP) apoya esta visión. No obstante, para nosotros es claro que la competencia no puede ser revisada exclusivamente como un asunto doméstico. En Estados Unidos sabemos que los mercados domésticos están extremadamente concentrados. Tan sólo cuatro compañías –Tyson, Cargill, Swift and Co y National Beef Packing Co– controlan cerca de 85 por ciento del empaque de carne. Cargill es el cuarto más grande empacador de cerdo, el tercer productor de pavos, el segundo en plantas de alimento animal, el primero en molinos de harina y el tercero en procesamiento de soya. Las empresas agrícolas de Estados Unidos también controlan un significativo porcentaje del comercio global en alimentos y productos agrícolas; por tanto, nuestras regulaciones domésticas tienen una gran importancia fuera de este país. Muchas de estas compañías están basadas en la Unión Americana, pero actúan como corporaciones globales. Por ejemplo, Archer Danields Midland (ADM), una de las empresas más grandes de EU en producción y comercio de alimentos, tiene intereses en etanol, biodiesel, ingredientes alimentarios y forrajeros y mercadeo de granos. ADM emplea a 27 mil 600 personas en 58 países en seis continentes. Los canales de granos y oleaginosas de Cargill emplean a 15 mil personas en 50 países. Cargill posee más de la mitad de las acciones de Mosaic Fertilizer Corporation, una de las más grandes compañías de fertilizantes en el mundo, pero también domina el comercio y procesamiento de cereales y granos forrajeros a escala global. Monsanto es propietario de 90 por ciento de las semillas patentadas en el mundo. EU es el productor global más grande tanto de pollo como de carne de ganado y el segundo más grande en puerco. Claramente, los agro-negocios de EU están involucrados en un amplio rango de actividades, que influyen poderosamente sobre la producción, el consumo y el empleo en el orbe. Adicionalmente, los cabilderos de los agro-negocios tienen un gran poder en el Congreso y en las posiciones que el gobierno de EU toma en sus negociaciones internacionales relativas a agricultura, comercio e inversión. Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la entrada de Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio (OMC), este país revisó su política agrícola a fin de elevar su producción para los mercados internacionales. A la larga, esto ha llevado a incrementos en subsidios, menos granjas y más grandes orientadas a los sistemas de monocultivo, mayor consolidación corporativa y más utilidades e incremento del dumping por parte de los agro-negocios. Los perdedores reales en este escenario son los productores pequeños, las comunidades rurales y los consumidores. En México, los impactos del TLCAN están bien documentados, van desde la pérdida de unidades de producción familiar, incremento en los costos de los alimentos, pérdida de biodiversidad, migración, violencia e importación de granos estadounidenses con precios dumping , y de carne con precios debajo del costo de producción. En Canadá, los ingresos netos agrícolas están en su más bajo nivel en 70 años no obstante los niveles récord de producción y de exportaciones e importaciones alimentarias. Hoy 80 por ciento de la carne de res empacada está dominado por dos grandes corporaciones. En Estados Unidos, el número de agricultores de pequeña escala está en sus más bajos niveles de la historia y las comunidades rurales están muy disminuidas. Los alimentos en Estados Unidos están dominados por producciones de gran escala y de monocultivo de soya y maíz, que incluyen transgénicos y pesticidas, así como por operaciones concentradas de alimentación animal. Esas tendencias han también contribuido a la erosión de la tierra y a problemas de contaminación y de salud. Cargill, Smithfield y ADM han podido incrementar sus utilidades a niveles históricos , al desarrollar y controlar mercados en México Canadá y EU (así como en otras partes del mundo). La universidad de Tufts liberó recientemente un reporte que muestra que Smithfield posee actualmente 30 por ciento de la industria de puercos en México y esto es en parte resultado de subsidios indirectos que ha recibido por medio de granos baratos para el alimento animal. Se reporta que la industria de cerdos de México ha sido totalmente reestructurada como resultado de granos baratos y carne de cerdo procedentes de Estados Unidos y que inundan México ¡por importaciones que se elevaron en 700 por ciento durante los 16 años posteriores a la firma del TLCAN! ADM, el líder en la producción de etanol en Estados Unidos y un importante comprador de granos posee aproximadamente un tercio de Grupo Maseca (Gruma), la industria líder en tortillas. También es propietario de 40 por ciento de acciones en una asociación con Gruma para procesar y refinar trigo. En 2007, cuando los consumidores mexicanos no podían pagar el precio de la tortilla y cambiaron en parte a bolillo, Gruma y ADM estaban también ganando una utilidad. Es crucial que la reforma en la competencia en Estados Unidos refleje los impactos reales, que son tanto regionales como globales. IATP está trabajando con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y agricultores en Canadá para expresar los impactos negativos de la concentración corporativa por medio de testimonios conjuntos y propuestas comunes de reformas de políticas. Vamos a llevar nuestra crítica tri-nacional a las audiencias del USDA-DOJ y estamos planeando una dinámica regional para generar cambios este año. Directora de Programa de Comercio y Gobernanza Global de IATP, Minneapolis, Minnesota

Guatemala

El campo: paraíso de los monopolios

Juan Pablo Ozaeta

A cinco años de su aprobación en el Congreso de la República, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) ha dejado ver dos grandes ganadores: la industria importadora de granos básicos y la industria agroexportadora.

Las industrias de alimentos se dedican a importar granos básicos como trigo, arroz y maíz amarillo. Se trata de industrias mono y oligopólicas que concentran los contingentes de importación y no trasladan el beneficio fiscal a los consumidores.

En el país se conoce que la industria avícola es controlada por tres grupos de capital. En 2009 aparecen 32 empresas como usuarias de los contingentes arancelarios de maíz amarillo. De éstas, hay diez que utilizan 80 por ciento, esto es una participación similar a la que aquellos tres grupos de capital tienen en el mercado nacional de producción de huevos, concentrados y pollo. Se ha comprobado que dichos grupos utilizan varias formas jurídicas para tener una cuota más grande de los contingentes DR-CAFTA libres de arancel de granos básicos.

La misma tendencia se muestra en el arroz, donde una sola empresa utilizó en 2009 el 60 por ciento del contingente. En el caso del trigo, se conoce que una empresa controla el 50 por ciento del contingente y seis empresas el resto. Sin embargo, se conoce que es un solo grupo de capital el que controla el mercado de harina de trigo, pastas y galletas.

Las autoridades señalan que no hay una legislación que pueda condenar esta captura de los contingentes. De hecho, las autoridades favorecieron en los convenios DR-CAFTA a las empresas llamadas Lhistóricash, sobre las denominadas ,nuevasn. Algunos funcionarios han señalado que esta medida evita es que oportunistas que no son de la industria hagan negocio de estas cuotas arancelarias.

Pero mientras esto ocurre, gremios como el panadero se han quejado por la falta de acceso a importaciones libres de arancel. En 2008 realizaron una huelga exigiendo exención de impuestos a la importación de harina de trigo. Dos días después fue asesinado el presidente de la Asociación Nacional de Panificadores de Guatemala, Guadalupe García Cifuentes.

El 2008 fue un año en que la crisis del alza de los alimentos afectó a todas las familias guatemaltecas. En respuesta, el gobierno decidió abrir más los contingentes a la importación de alimentos como: partes de pollo, leche en polvo, harina de trigo, maíz amarillo, arroz partido. La medida puede ser justificable, dada la coyuntura, aunque a largo plazo lo necesario es estimular la producción nacional de granos básicos, y no ampliar los contingentes que han promovido la des-rentabilización de la producción nacional alimentaria.

Ante la medida, los medios informaron que 82 por ciento de ese contingente fue acaparado por un solo grupo, Grupo La Buena, a pesar que el presidente Álvaro Colom señaló que el contingente sería administrado por cooperativistas.

No cabe duda que estas prácticas anti-competitivas tienen repercusión en el acceso a los alimentos. Igualmente, la extensión de monocultivos de agroexportación tiene su impacto en el acceso a los alimentos

La Costa Sur del país, era considerado el granero de Guatemala. En esa zona había pequeños productores y productoras – – sin tierra– de maíz. Cuando se introduce la caña de azúcar, el campesinado ve mermadas sus posibilidades de arrendar tierra suficiente para la producción de maíz. La tierra se había encarecido y ya era dada solamente a los azucareros. De nuevo, unas pocas familias.

En el norte del país, principalmente las zonas conocidas como Franja Transversal del Norte (FTN) y la zona del Polochic, se ha extendido la producción de caña y palma africana, para la producción de agrocombustibles. La extensión de estos monocultivos, que ha venido creciendo con el auspicio del DR-CAFTA, disminuye las posibilidades de que las mujeres indígenas rurales puedan tener cultivos bajo su responsabilidad y limita la posibilidad a comunidades indígenas de sembrar sus propios alimentos. Sobre posibles regulaciones a los monopolios en el país, sólo se vislumbra la normativa que surja como parte del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Una imposición externa ante la inmovilidad de los gobernantes nacionales. Pero no es ninguna respuesta de fondo abrirnos al comercio con otras potencias económicas. Más bien, la solución está en garantizar que los alimentos queden fuera de los acuerdos comerciales y se estimule la producción campesina de granos básicos. Mientras tanto el campo guatemalteco es un paraíso para la concentración de todo en pocas manos.

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, CONGCOOP