FOTO: pies cansados

No hay política migratoria
sin desarrollo y justicia

John Burstein W.

La reforma migratoria que se perfila en Estados Unidos (EU) corre el riesgo de caer en la irrelevancia si sus términos de referencia ignoran los profundos procesos sociales en juego. Dicha reforma debería reconocer que el fomento del desarrollo en México, en particular en las zonas de mayor emigración, es de vital interés para EU.

Hago esta observación como promotor de proyectos de desarrollo rural y ciudadano de ambos países. Pese a las grandes barreras que separan a México y EU, cada vez hay una mayor conciencia de la realidad binacional. El muro fronterizo ya fue escalado y socavado por el intenso flujo comercial y financiero –legal e ilegal–, por la interpenetración cultural y, como factor principal, por los millones de seres humanos que migran con la confianza de tener el derecho de participar en el mercado laboral trasnacional, aun cuando éste no sea oficialmente reconocido.

Por ello, causa desconcierto escuchar que el discurso político estadounidense sobre la reforma migratoria se elabora principalmente como si su carácter fuera sólo doméstico. Muchos lo vemos no sólo como un asunto bilateral, sino como un problema trasnacional, que afecta a América del Norte (AN) en su conjunto.

Tomemos el proyecto de integración europea como referencia comparativa. En 1952, un núcleo de países del viejo continente negociaron un acuerdo para el libre intercambio de acero y carbón. Para mediados de los 90s, la comunidad europea había transitado por un proceso de armonización socioeconómica que tuvo como resultado la creación de una entidad política supranacional con instituciones propias que, entre otras cosas, garantizan la libertad de movimiento de los trabajadores trans-ciudadanos europeos.

Haciendo la salvedad de las enormes diferencias históricas entre Europa y América, fue apenas en 1987 cuando una visión regional norteamericana se formalizó con un tratado comercial entre EU y Canadá. Siete años más tarde esta visión se amplió y revolucionó para incluir a México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 se restringió a la integración comercial y financiera, en particular la de México y EU. Sorpresivamente, a partir del TLCAN, el flujo migratorio entre México y EU se incrementó notablemente. Este movimiento masivo de trabajadores tuvo la peculiaridad de informalizar de manera significativa la economía estadounidense y aún más la mexicana. En este ámbito, ha surgido un movimiento social capaz de rebasar el marco político-legal del TLCAN.

En México, el período descrito coincide con un esfuerzo de renovación política que combinó elementos de renacimiento y aborto, y se mantiene sin que el tema migratorio impacte en mayor medida las estructuras de la política mexicana.

Si bien la migración iba a ser parte importante de la agenda bilateral en los días soñadores del equipo del ex presidente Fox, el ataque terrorista a EU en septiembre de 2001, por una fuerza externa subnacional (religiosa-política), colapsó el proyecto supranacional de la potencia del Norte y rápidamente la condujo a otro en el que predominó la agenda de seguridad nacional.

La migración popular –es decir la informal o “ilegal” y, sin embargo, cuasi-institucional y socialmente transformadora— se ha hecho indispensable para ambas economías. En EU ayuda a mantener la competitividad y en México genera una cantidad enorme de divisas. Sin embargo, esta situación dista mucho de ser sustentable. Por el contrario, está siendo vulnerada por la recesión económica y, sobre todo, por la crisis política generada por una clase de trabajadores clandestinos. Influye también el debilitamiento grave en las condiciones del campo mexicano por su relativa despoblación y la falta de un proyecto nacional de desarrollo incluyente.

El TLCAN se suscribió buscando que el capital fuera el motor de la trasnacionalización económica de América del Norte. Pero, en realidad, esta trasnacionalización se debe al factor laboral. Los políticos y los empresarios compartieron el liderazgo en este proceso que, como consecuencia, daría lugar a un movimiento social que debería liderar y lidiar con la trasnacionalización en América del Norte. O así sería lógico que fuera.

En realidad este movimiento social en ciernes está funcionando al margen del TLCAN, en parte como una reacción a las potencias dominantes en la economía regional de “América del Norte”, y también como la expresión natural “latina” –es decir, de descendientes latinoamericanos en EU– de un despertar solidario hacia los compatriotas en sus lugares de origen. Esto da paso a la construcción de una nueva identidad “ traslatina ”. Este importante concepto será el que utilizaremos en el presente ensayo.

Es preciso recordar que hay tres grandes grupos de población: los chicanos y demás estadounidenses de descendencia latina, los mexicanos residentes en México y los migrantes. Sería trágico que estos últimos se convirtieran en la manzana de la discordia. No obstante, la oportunidad está en reconocer que son los privilegiados para facilitar la construcción de la trasnacionalidad entre los distintos grupos de la nueva AN del siglo XXI.

La interlocución entre estos tres grandes grupos implica entender la identidad del otro; sin embargo, en este caso las identidades se encuentran en plena construcción. Desde la perspectiva latinoamericana, esta etnia “latina” en EUA –por cierto, la más numerosa– puede verse extraña como un grupo unitario, pues está compuesta por una multiplicidad de nacionalidades. Además, tiene la característica de un grupo de reciente incorporación a EU: unos con la mirada más asimilada a la identidad estadounidense y otros en el particularismo de sus diásporas trasnacionales. ¿Cómo promover el paso del multiculturalismo al trasnacionalismo?

Sonaría absurdo afirmar que aún es temprano para considerar una reforma migratoria en EU pues han pasado 20 años desde la última, misma que permitió regularizar a una parte importante de la población indocumentada de aquella época. Y como si estuviéramos condenados a la obsolescencia planeada, esta vez nos referimos a una población de 12 millones de personas a la que se le está negando derechos laborales, cívico-políticos y demás de manera sistemática. Las razones humanitarias que pretenden resolver esta situación aberrante se erigen como una razón de peso para dicha reforma.

Sin embargo, con la visión ultra-doméstica e inmediatista que amenaza prevalecer en una reforma migratoria estadounidense, hoy por hoy sólo podemos esperar algunas mejoras a la situación crítica real.

Tal vez el beneficio más contundente, si llega, sería la normalización del estatus legal de los trabajadores mexicanos en EU y, en consecuencia, la restitución de la “circularidad”, concepto que se refiere al tránsito de la gente entre sus lugares de residencia y origen. Debemos reconocer que la posibilidad de permanecer más ligados a las comunidades de origen sufrió un brutal retroceso debido al reforzamiento de la vigilancia fronteriza por parte de EU después del 11 de septiembre de 2001.

El obstáculo más grande para dar paso a una reforma migratoria integral y de largo plazo se planta sobre la contradicción entre el asunto de los trabajos temporales y el desarrollo en los lugares de origen. Mientras la clase empresarial de EU busca canjear la mano de obra barata de los migrantes indocumentados por permisos de trabajo temporal, muchos nos solidarizamos con la postura sindical de protesta por la supresión oficial de los derechos laborales internacionalmente reconocidos que significaría otorgar estos permisos, aun cuando la pobreza estructural de los lugares de origen los hace deseables. ¿No sería mejor invertir en superar la pobreza estructural disminuyendo las causas de “empuje” de la emigración, a la vez que nos acercamos a una ciudadanía basada en la responsabilidad compartida de ambos Estados por garantizar los derechos humanos de manera integral mediante procesos civiles-políticos trasnacionales?

En el fondo, mientras exista una brecha salarial abismal entre los dos países, no se solucionará el punto central en la agenda binacional de la migración. El hecho de que la mitad de la población mexicana viva en condiciones de pobreza es determinante para entender que la migración es resultado de un modelo de desarrollo económico ya no sólo mexicano sino binacional.

Si es tan importante para la superación de la problemática, ¿por qué el tema del desarrollo rural no tiene mayor cabida en el debate sobre la reforma migratoria hoy en EU? En este punto coinciden tanto la visión doméstica estadounidense del blindaje, como una comunidad traslatina que aún no se ha consolidado con una postura visionaria alternativa, y el hecho de que México tampoco tenga un plan transformador del desarrollo.

Dadas estas fortalezas y debilidades, hay que trabajar con los avances de una eventual reforma, pero sin perder la visión estratégica de una política trasnacional que cree una América del Norte moderna y civilizada, con mayor equidad en la economía, con soberanía y transciudadanía funcionando.

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