Demanda stavenhagen políticas a favor
de los campesinos e indígenas

“Deben resolverse las contradicciones legales que afectan los derechos comunitarios”: Rodolfo Stavenhagen FOTO: Lourdes E. Rudiño

• Crisis prolongada deteriora al medio rural

Lourdes Edith Rudiño

“¿Dónde están las políticas para ayudarle al campesino, al indígena en el campo, en el lugar donde vive, donde está su tierra, donde están sus recursos? Esto es algo que debatí con mis colegas hace 40 años y no había esas políticas entonces, como no las hay tampoco ahora. Entonces vivimos una crisis desde hace mucho tiempo”, afirma Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.

“Es una crisis tremenda que vive el país, donde hay un síndrome de la pobreza, de la desigualdad (...) en el campo se han perdido suelos, la sequía avanza, la desertificación crece y los bosques y recursos bióticos desaparecen incluso de los parques nacionales y zonas protegidas porque no hay instituciones que los manejen bien, no hay presupuestos para mantenerlos, no hay voluntad política, hay corrupción, hay impunidad y violación de leyes y claro que se acaban los bosques”.

El académico de El Colegio de México habla así en una charla a propósito de la reciente publicación del primer informe de la ONU sobre La situación de los pueblos indígenas del mundo.

Comenta que en el país hay una gran incomprensión hacia el campesino, al indígena. “Todavía se apunta: ‘pobres indígenas; lo mejor sería que se vayan a la ciudad', sin considerar que allí irían a sufrir desigualdad, porque en las ciudades están tan mal distribuidos la riqueza y el bienestar, que los índices promedio son altos porque algunos tienen cien veces más que los otros que no tienen nada”.

Rodolfo Stavenhagen aboga por lo que los propios indígenas llaman “los diseños del buen vivir, que es lo que en algunas partes se llama el desarrollo con identidad, no el desarrollo que nos quieren imponer los organismos financieros multinacionales, los Estados, las trasnacionales, que sólo ven por su propio bienestar y sus bolsillos y están atentos a que si la bolsa sube o si baja”.

Los pueblos indígenas de México y de otras muchas partes del mundo viven un proceso de pérdida de recursos naturales y comunitarios –que se privatizan, en el caso de nuestro país en el marco de leyes contradictorias que por un lado defienden los derechos de las comunidades y por otro privatizan la tierra–, de pérdida de cultura, de identidad, de lenguas. Hay políticas y esfuerzos, sí, que tratan de frenar este proceso, pero no reciben la suficiente atención ni presupuesto. Son entre otros la educación intercultural, las radios comunitarias –muy hostigadas precisamente porque cuestionan el modelo dominante de explotación– y alternativas de la sociedad civil y las organizaciones como la autonomía de municipios zapatistas

“Uno puede evaluar si tienen o no resultados en los términos como la economía nacional se mide, por ejemplo en productividad y eficiencia, pero hay muchas otras cosas, sobre todo el sentirse bien de la gente y sentirse partícipes de la sociedad y saber que toman sus propias decisiones sin interferencia de otros. Eso es lo importante y es el primer paso de los indígenas para asumir, concebir estos conceptos del buen vivir”.

El investigador hace énfasis en la ausencia de políticas públicas en pro de los indígenas y en general de los campesinos. “Definitivamente sí hay racismo en la sociedad mexicana; no quiero decir que cada política del gobierno sea racista, pero los esquemas de apoyo al campo están diseñados para apoyar al agricultor entre comillas moderno, al agricultor comercial, al agroindustrial vinculado con el mundo exterior, con la globalización y no para los que están allí al lado, que, se dice, ‘son pobretones, no saben leer ni escribir, y a lo mejor hablan mal el idioma y no están organizados'. Claro que hay desigualdades discriminatorias muy fuertes en la aplicación y el diseño de política pública.

“En México se ha olvidado, se ha descartado la economía campesina. Se cree que es tradicional, regresiva, que no produce, que no es productiva, etcétera, que genera pobreza y que hay que apostar todo a las grandes extensiones, a la tecnificación, a la producción en gran escala, lo cual en el papel suena muy bien pero en la realidad no es exactamente así, porque lo que pasa con la pequeña agricultura campesina es que da empleo, trabajo, ingreso, sobrevivencia a mucha más gente, con muy poco capital, y muy poca tecnología, muchas veces ineficiente porque no ha recibido el apoyo que requiere en estudios, investigación, de crédito, de tecnología adecuada, para ser altamente productiva, incluso la producción de los cerros y los montes. No las grandes extensiones irrigadas del noroeste, sino la que hay en buena parte de tierras de temporal en muchas partes del país y no estoy inventando algo muy romántico e idealizado, como a veces se dice.

“Hay lugares en el mundo, como el sureste asiático, donde hay una agricultura muy próspera de arroz, por ejemplo, y de otros muchos productos tanto para la subsistencia como para la comercialización, incluso la exportación, pero en pequeña escala, con uso intensivo de mano de obra y con alta productividad y tecnología adecuada a las necesidades, con pequeños tractores móviles, que se mueven a mano, que bajan y suben los cerros, que hacen un trabajo formidable, con bombas de agua pequeñas y móviles que se ponen en el pozo y sale el agua.

“No se necesitan grandes presas, ni muchos millones de dólares de inversión, cuando se puede distribuir el costo entre la gente, generando productividad, ingresos y resultados inmediatos pero con una política planificada.

“Aquí se podría hacer con una vieja tradición, invento mexicano antiquísimo, que es la milpa. Tiene grandes potenciales de diversidad agrícola, productiva, de producción de alimentos para el consumo local, de preservación de la tierra, del uso adecuado del agua, pero no ha recibido atención, ni apoyo. ¿Dónde están los centros de estudio, de investigación sobre la economía de la milpa?, ¿dónde están los proyectos del gobierno?, ¿dónde los apoyos bancarios y crediticios para la producción de la milpa?. Se dice mucho que los mexicanos se van al extranjero. Tal vez se irían menos si tuvieran aquí su agricultura de milpa apoyada y funcionando perfectamente bien. Allí es donde las políticas públicas han fallado y buena parte de esta población campesina milpera es indígena y ha perdido y está perdiendo a gran velocidad aquello que la sostenía durante tantos siglos.”

Rodolfo Stavenhagen considera que el informe sobre pueblos indígenas de la ONU –el cual, espera, sea anual y logre fuerte influencia en la opinión pública como ocurre con otros reportes periódicos de la ONU, como el de la condición de los derechos humanos– debe abrir una discusión vasta, profunda y responsable sobre las políticas públicas que requieren los Estados para cerrar la brecha entre la legislación que protege los derechos indígenas y su implementación. Y debe ser considerado por los responsables de desarrollar y llevar adelante las políticas de Estado, “pues muchas veces entre ellos es donde está la falla”.

Esto, agrega, “lo vemos claramente aquí. En México hubo una reforma constitucional en materia indígena en 2001, la famosa de la Ley Cocopa. Salió un nuevo artículo 2 constitucional. En su apartado “A” se habla de los derechos de los pueblos indígenas y en el “B” de las obligaciones del Estado. ¿Quiénes se han puesto a analizar y estudiar si realmente se están cumpliendo estas obligaciones constitucionales que el propio país se ha dado? También tenemos desde hace 20 años el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del cual México fue el segundo país que lo ratificó y por lo tanto tiene la obligación de cumplir sus principios. Y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007, la cual fue promovida por la diplomacia de México en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Con todos estos instrumentos nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las comunidades y pueblos originarios, “la situación de los indígenas en México deja mucho por desear. Así lo hablé yo en los informes que hice como relator especial de la ONU (...) No bastan los instrumentos jurídicos si no existen los mecanismos para su implementación, para que el Estado realmente cumpla con sus obligaciones”.

Por otra parte está el hecho de que la “contra-reforma” al 27 Constitucional en 1992, impulsada por Carlos Salinas induce la privatización de las tierras ejidales y comunales y a que se disgreguen las comunidades, lo cual contradice los otros instrumentos legales mencionados, y “nadie ha dicho que debemos armonizar estas diferentes leyes”.

“Se habla por una parte de los derechos que tienen los pueblos indígenas a sus propias tierras colectivas, tradicionales (y en muchas partes del mundo hay el reclamo de ‘nos han quitado la tierra, queremos conservar nuestro territorio') pero por otro lado el 27 constitucional modificado abre la puerta a la privatización, a la individualización de la propiedad –con el argumento de que esto es necesario pues si el campesino no se siente dueño de su tierra, no va a asumir riesgos, no la va a hacer producir–. En los hechos lo que se ha visto mucho en el país, sobre todo en zonas de desarrollo económico y de agricultura desarrollada y en lugares turísticos, por ejemplo las costas en Yucatán y Quintana Roo, es que hay muchos intereses y entonces el ejidatario está feliz recibiendo su parcela pero de aquí a pocos años la vende porque tiene necesidad; claro, es un derecho pero la comunidad pierde sus tierras. Con el proceso de la individualización, toda la propiedad colectiva, la propiedad de la comunidad que era ejidal, puede pasar a manos de grandes compañías, extranjeras incluso, y puede cambiar de uso de suelo, y ya para los hijos de los campesinos y próximas generaciones ya no queda nada.

“Este asunto se discutió mucho en el 1992 y no se ha vuelto a hablar tanto de eso, pero el proceso sigue; uno va a cualquier parte del país y donde antes era ejido y comunidad ahora ya son empresas algunas muy exitosas, no digo que no, pero a costa de la pobreza, el desplazamiento y las migraciones forzadas de los que no han tenido éxito, de los que han perdido en ese juego. Es un desarrollo contradictorio.

“Así, el desarrollo e interés económico de unos cuantos prevalece sobre los derechos humanos de la mayoría y eso no debería ser. Debería ser al revés. Son los derechos humanos del pueblo, de la mayoría, que deben siempre prevalecer sobre los intereses de unos cuantos y eso no se está resolviendo en el país ni en otros muchos países”.