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Aguas públicas
beneficios privados

Hilda Salazar

Las aguas son propiedad de la nación, establece el 27 constitucional, artículo paradigmático de los logros revolucionarios de los campesinos que se alzaron en armas.

A un siglo del levantamiento, el derecho al agua para los pueblos sigue siendo una aspiración. Hay 12 millones de mexicanas y mexicanos que no acceden al agua potable y otros tantos millones la reciben de manera irregular o de mala calidad. El agua de riego se concentra en seis millones de hectáreas (de un total de 20 millones cultivadas) que aportan el 55 por ciento de la producción agrícola, en regiones del centro y norte del país, donde la disponibilidad del agua es realmente baja; en cambio, donde es abundante el líquido, no hay riego y se depende del temporal.

La Lcrisis del aguac en México significa escasez e inundación, contaminación y enfermedad, sobre-explotación de acuíferos y hundimientos, presas vacías y otras repletas, lluvias escandalosamente abundantes y sequías prolongadas, predios anegados y tierras sedientas donde se malogran los cultivos. Y lo más preocupante es que el cambio climático exacerbará estos problemas.

Ante ello los gobiernos anuncian inversiones millonarias para construir enormes represas para producir energía y proveer de líquido a las grandes ciudades; se emprende la construcción de la planta de tratamiento de agua más grande de América Latinam; se cava un enorme túnel, el quinto de su tipo, para desalojar el agua –blanca y negra revuelta– del Valle de México...

Comuneros, campesinos, pobladores y grupos ciudadanos se oponen a las megaobras. Algunos las rechazan porque significa su desplazamiento y la pérdida de sus tierras y recursos. Otros, porque las obras llevarán agua a las ciudades a costa del abasto rural y de los pueblos indígenas, quienes han cuidado históricamente de ella; unos más porque significan destrucción del medio ambiente y alteración del ciclo del agua con secuelas a futuro. Se proponen soluciones alternativas a pequeña o mediana escala, tecnologías Capropiadasa, control social y comunitario del líquido.

Agua ¿bien común, derecho humano o recurso económico? Estos enunciados no necesariamente representan una disyuntiva. La propia Ley de Aguas Nacionales sostiene que Eel agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental … ”

Sin embargo, detrás las políticas hídricas e incluso de las leyes puede observarse el predomino de una de estas Sdimensionesd del agua. Cuando el responsable de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asevera que hay que cobrar el agua hasta que duelah se adscribe a la idea de que el mercado es el mejor regulador para un uso racional del líquido. Asimismo, en los incentivos otorgados por la Conagua –con recursos del Banco Mundial– para propiciar la asociación de los organismos operadores del agua con el capital privado o cuando se promueve la concesión total del suministro del agua a las empresas privadas, subyace la idea de que la obtención, el almacenamiento y la provisión del agua serán más eficientes si se vuelven un buen negocio; predomina la concepción de que el agua es un bien económico.

FOTO: Francisco Olvera / La Jornada

Los procesos de privatización de los servicios del agua se sustentan en dos razonamientos; uno es la falta de presupuesto público para invertir en la infraestructura que dote de agua a toda la población, así como para su mantenimiento y tratamiento. Y dos, que la empresa privada es más eficiente y menos proclive a la corrupción. Las experiencias de privatización –algunas de los cuales han empezado a revertirse — muestran que muchas de las bondades del capital privado en la gestión del agua no se han cumplido.

La construcción de infraestructura convencional es costosa sobre todo para llegar a las zonas en donde se carece de los servicios, tanto por las condiciones geográficas y topográficas –cuencas arriba– como por las características sociodemográficas – dispersión poblacional y pobreza–. No es negocio llevar el agua a las zonas rurales y peri-urbanas pobres y, por ello, los capitales fluyen hacia los tramos de la gestión del agua que sí son altamente rentables. Así, la inversión privada nada ha contribuido –ni contribuirá– a la construcción de esta infraestructura, que por definición seguirá siendo pública. El asunto de si el gobierno tiene o no recursos para este tipo de inversiones sigue siendo una discusión abierta que debe analizarse a la luz de los presupuestos que año con año se aprueban en el Congreso y de su aplicación.

La participación de las empresas del agua, todas ellas trasnacionales asociadas al capital mexicano, se ha concentrado en las ciudades de Aguascalientes, Cancún, Saltillo y Ciudad de México en el suministro de agua potable, con distintos grados de intervención; en otras urbes, como Monterrey, la inversión se ha orientado a las plantas de tratamiento. En las tres primeras los precios del agua se han incrementado notablemente para los consumidores y los servicios no han presentado mejoras sustanciales.

En la Ciudad de México apenas ha iniciado el incremento de los precios, y esto curiosamente coincide con la propuesta de avanzar en los convenios firmados con cuatro empresas privadas. Hasta ahora, los servicios de las trasnacionales en esta urbe se habían restringido a la medición y cobranza; cuando se inicia el aumento de tarifas, se anuncia que las empresas se encargarán del suministro domiciliario y que recibirán el agua en bloque, con lo cual el control del líquido quedará en sus manos. Al mismo tiempo se realizan cortes ejemplares a los consumidores que no pagan el agua y así el gobierno adelanta el Etrabajo suciot a las empresas. El meollo del asunto no está en si los consumidores debemos o no pagar por el agua y cuánto; debe analizarse si el acceso debe basarse exclusivamente en criterios económicos. La discusión es cómo se evita que el control del líquido quede en manos de agentes cuyo único móvil es la obtención de la ganancia.

Cuando se plantea que el agua es un derecho humano, se está proponiendo una visión distinta a la que privilegia los mecanismos del mercado. El bienestar y la sobrevivencia de las personas se colocan en el centro y los mecanismos económicos, institucionales y sociales para lograrlo están en función de ese objetivo, a saber: que todas las personas puedan disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Una política consecuente con el cumplimiento de este derecho dispondría del presupuesto público suficiente para la realización y el mantenimiento de las obras necesarias para dotar a las poblaciones que carecen de ella, sin importar si éstas tienen la capacidad o no de cubrir los costos.

Por supuesto que ello no agota la discusión sobre los subsidios a los servicios, el establecimiento de tarifas diferenciadas y la necesidad de incrementar los precios para aquellas personas y sectores que pueden pagar más. Pero son dos debates diferentes que se han asociado incorrectamente. Es posible que en ciertos casos un sistema justo de tarifas no arroje los recursos suficientes para financiar las obras o su mantenimiento en zonas con condiciones precarias y de alta marginación y que el subsidio público sea necesario. Es precisamente una visión de derechos la que permitirá distinguir cuándo el subsidio responde a una necesidad social y cuándo a los intereses privados de unos cuantos. Un enfoque de derechos no dejaría duda acerca de si es prioritario el subsidio del agua respecto del otorgado a bancos y carreteras.

Concebir el agua, el aire, el bosque, la tierra y otros recursos como bienes comunes no es algo nuevo en absoluto y sus formas de gestión y apropiación han sido motivo de muchos escritos. No obstante, en los años recientes la recuperación de la noción de los bienes comunes ha surgido como propuesta analítica y también como alternativa para un uso y gestión más sustentable y equitativa de los recursos. Se habla del confinamiento o cercamiento de los bienes comunes mediante acelerados procesos de privatización que han corrido al parejo de la globalización del capital. Hoy son propiedad privada bienes que hasta hace poco parecían inapropiablesi, como el paisaje natural, el conocimiento tradicional de los pueblos originarios y el material genético. Posiblemente pronto estaremos discutiendo cómo acceder a un ,reparto equitativo de la atmósferar, pues se comercia ya con la función de la naturaleza de capturar carbono y pretende regularse el cambio climático fundamentalmente mediante mecanismos de mercado.

Retomar la idea de los bienes comunes en lo que toca al tema del agua es interesante porque, entre otras cosas, permite superar la visión dicotómica de lo público y lo privado, recuperando y proponiendo formas comunesc y colectivas de gestión que no necesariamente pasan por el control del Estado o del mercado. Hay algunos ejemplos de asociación pública-comunitaria que han dado buenos resultados en experiencias de gestión del agua que buscan mayor democracia y participación social y también eficiencia y viabilidad económica en países como Bolivia, Venezuela y Brasil. En nuestro propio país, hay experiencias que documentan cómo se ha recuperado una visión comunitaria del agua, mediante el establecimiento de acuerdos que permiten el libre acceso a fuentes de agua (pozos, manantiales y arroyos) de todos los habitantes, aunque legalmente los derechos del agua correspondan al propietario del predio. Los usuarios, a cambio, se comprometen a cuidar el recurso natural y cooperan con trabajo voluntario para mantenerlo en buenas condiciones.

Es en estas prácticas en las que puede encontrarse una verdadera nuevan cultura del agua y también una propuesta diferente para superar la crisis.