Marginales en el agro, las investigaciones
de la comisión de competencia

• Indispensable que los productores denuncien prácticas monopólicas: Pérez Motta

Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia FOTO: Comunicación Social, CFC

Lourdes Edith Rudiño

Con excepción de algunos casos (como uno ante tribunales para combatir la concentración de Maseca, el cual se perdió en la parte legal, o investigaciones de oficio, que están en curso, en prácticas anticompetitivas en pollo y en guayaba), la Comisión Federal de Competencia (CFC) prácticamente se ha mantenido al margen del sector agroalimentario hasta hoy.

Su presidente, Eduardo Pérez Motta, afirma que la CFC sí observa que “hay un problema de concentración en algunos subsectores (del agro); si hay situaciones de muy pocas empresas, que podrían tener, por la concentración, cierto poder de mercado en la venta y otras que tienen poder de mercado en la compra, y los dos efectos pueden ser nocivos para los consumidores”.

Sin embargo, “este tema de concentración no quiere decir que haya un problema de prácticas anticompetitivas y nosotros lo que sancionamos son esas prácticas”. Además, la CFC no ha recibido de parte de actores del agro una cantidad importante de denuncias contra este tipo de prácticas y ello se debe en parte a que los posibles denunciantes decidan no acudir a la Comisión por temor a que ésta inicie una investigación y sus proveedores o compradores tomen represalias. “En México no hay todavía una cultura generalizada de promover competencia en los mercados”.

En entrevista, el funcionario afirma que la Comisión está actualmente haciendo contactos de manera informal con la Secretaría de Agricultura “para ver qué tipo de acciones podrían ser útiles de parte de la CFC para hacer más eficientes los mercados agrícolas y alimentarios (...) Veo muy buena disposición del secretario Francisco Mayorga (...) Esto es muy importante, se tiene que llevar a cabo, pues sus efectos se verán en productores y consumidores, que somos muchos.

“La falta de competencia tiene un efecto negativo sobre la distribución del ingreso. Y muchos son productos que tienen que ver con el sector agropecuario, porque la población más pobre usa una proporción mucho mayor de su ingreso para comprar alimentos (...) Hemos identificado mercados donde se podría tener un impacto de tres o cuatro por ciento en los ingresos de la población más pobre metiendo más competencia. Esto es muy preliminar, estamos en el proceso de análisis, lo estamos haciendo con la Encuesta Ingreso-Gasto y no tengo los datos exactos (de los productos)”.

Se le comentó a Pérez Motta la situación que sufren cafetaleros, productores de granos, lecheros y otros al tener compradores muy concentrados, o enfrentar prácticas de mala fe (por ejemplo la importación que hacen Maseca y Cargill de maíz al tiempo que hay cosechas nacionales, con la intención de afectar los esfuerzos de comercialización de las organizaciones de productores).

Su respuesta fue que los productores afectados se deben acercar a la CFC “y que nos digan cuál es el problema que están viviendo. Ya nosotros veremos si debe hacerse o una denuncia o podemos iniciar una investigación de oficio. Si no se acercan a la Comisión, no podemos adivinar. La verdad es que hay problemas de competencia en todo el país. Somos un organismo pequeño que estamos identificando problemas y estamos haciendo un trabajo con el mayor esfuerzo, pero no podemos estar en todo”.

–¿El hecho de que el sector agroalimentario esté tan concentrado no debería motivar más investigaciones de oficio?

–Es que hay concentración en todo el país, en telecomunicaciones, en el sector financiero, en energía, ¿en cuál no? En unos más que otros, pero México no es un país que se caracterice por tener estructuras de mercado muy atomizadas. Hay unos peor que otros, hay unos que son más sensibles que otros, pero se ve en muchos lados.

En fechas recientes, el diario Reforma publicó información del Global Competition Review que revelan que México está entre los países con menos recursos económicos, empleados y herramientas legales para enfrentar los monopolios. Por cada funcionario de la CFC hay 670 mil habitantes en México, contra la proporción de uno por 275 mil en el caso de la comisión antimonopolio de Estados Unidos, y de uno por 114 mil habitantes en el caso de Canadá. Además la CFC, señaló el diario, cuenta apenas con cuatro abogados que deben enfrentarse a equipos jurídicos poderosos de las empresas, y éstas llegan a gastar en cada litigio con la CFC un equivalente de diez por ciento del presupuesto de la Comisión. Además las multas que impone la Comisión son muy bajas en comparación con otros países: la máxima es de seis millones de dólares, contra cien millones de dólares en Estados Unidos o el 30 por ciento del valor de las ventas anuales de las empresas en el caso de Brasil (que es el país mejor calificado en la confrontación de prácticas monopólicas).

Al comentársele a Pérez Motta la preocupación de que esto limite la actuación contra las prácticas monopólicas en el agro, dijo que la Comisión debe mantenerse como un organismo pequeño, “como la mayoría de las comisiones en el mundo”, y si bien debe elevar el número de abogados y economistas, ello será de forma conservadora, porque no es fácil encontrar profesionales con la excelente calidad que tiene la CFC.

Reconoció: “Estamos enfrentándonos a los poderes más fuertes del país y ellos no tienen ningún empacho en contratar a los abogados que sean necesarios”. No obstante, dijo, “estamos ganando muchos casos, estamos ganando más de 80 por ciento de los amparos. Porque tenemos pocos abogados pero buenos”. Los casos en que ha trabajado la CFC o está en proceso de investigación abarcan los temas de tortillas, telecomunicaciones, tiendas de autoservicios, farmacéuticas, agencias mobiliarias, licitaciones del sector público, “en fin, una cantidad enorme de temas”, y “en los 17 años de existencia de la Comisión, al pelear estos asuntos en los tribunales se ha ido ratificando la legalidad de la constitucionalidad de la Ley (Federal de Competencia)”, pues es común que las empresas investigadas por prácticas anticompetitivas ataquen la validez de varios artículos de esta legislación. “Es importante, por tanto, no hacer cambios significativos a la ley para no empezar de nuevo”.

Azúcar, tortillas y guayaba. Pérez Motta comentó brevemente –pero sin brindar detalles porque los procesos están en marcha– que la CFC está investigando prácticas anticompetitivas en la rama de producción de pollo y también en el mercado de la guayaba, “y próximamente vamos a publicar una opinión sobre tortilla, que va a ir dirigida a los municipios porque hemos identificado muchos reglamentos municipales que inhiben, evitan, entorpecen la competencia entre tortilleros. Es un trabajo que hace el pleno de la Comisión; la opinión no va a ser vinculante, pero va a hacer recomendaciones”.

Dijo que la CFC ha detectado problemas en el mercado del azúcar, pero no enlazadas con prácticas anticompetitivas, sino más bien con problemas de carácter regulatorio (la Ley Cañera, que establece la fórmula de definición de los precios y engancha el precio al consumidor con el pago de la caña). “Los precios nacionales están muy por arriba de los precios internacionales. Allí hay un problema. No ha habido un proceso de acceso al azúcar internacional que permita que se disciplinen los precios internos”.

Se le comentó que en azúcar ocurre que el precio internacional es dumping , debido a subsidios y características de producción muy diferentes en otros países (como el latifundio en Guatemala o eso mismo y el esclavismo de los trabajadores cañeros en Brasil). Pérez Motta dijo que entonces hay que acudir a la ley antidumping y subrayó: “cuál es el interés que debes proteger con más fuerza, el de los consumidores, o río abajo, de las cadenas productivas, o el interés de ciertos productores. Yo soy de la idea de que lo que necesitamos es proteger a la sociedad. Ese debe ser el principal objetivo”.

Brasil

Financiamiento, Capacitación y Tecnología avanzan en el Agro

• Cresol, sistema de cooperativas con números crecientes

Adao Carlos dos Santos FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

Con el lema “Juntos somos fuertes”, más de 76 mil campesinos brasileños de escala familiar de los estados de Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina están asociados en una serie de cooperativas de crédito integradas en Cresol, una instancia que nació en 1996 con la intención de promover el acceso al financiamiento, y que hoy no sólo cumple su objetivo sino que avanza en tareas que fortalecen la agricultura familiar: la formación y capacitación, el acompañamiento técnico y el impulso a la labor de los jóvenes y las mujeres.

Adao Carlos dos Santos, directivo de Cresol, participó en el foro La Agricultura Campesina en Búsqueda de un Sistema Financiero Rural. Allí dio cifras de Cresol. Hace 15 años nació este sistema integrado de cooperativas contando con cinco puntos de atención; en 2007 sumó 73 cooperativas y 40 unidades de atención, para un total de 113, y en mayo de 2009 ya la cifra total ascendía a 159. Las bases sociales de Cresol eran mil 639 en 1996, 50 mil 885 en 2007 y para 2009 llegaron a 76 mil 375. Cresol es fiscalizado por el Banco Central de Brasil y sus cooperativas están constituidas y dirigidas exclusivamente por agricultores familiares. Tienen relación de negocios con el gobierno, con los bancos regionales y privados y con el central, el Banco de Brasil.

En 2009 la operación de Cresol sumó 648 millones 251 mil reales, que aplicaron sobre 121 mil créditos pequeños medianos y grandes, y el crecimiento anual de su cartera (de 350 millones de reales en 2009) es de 30 por ciento anual; su patrimonio líquido es de 50 millones de reales y crece a una tasa anual de 35 por ciento; su cartera vencida es de sólo 2.8 por ciento, y el número de socios, 76 mil 375 avanza anualmente a un ritmo de 22 por ciento. (Un real brasileño equivale a 0.56 dólares estadounidenses).

En entrevista, Adao Carlos dos Santos explicó que en Brasil hay una política de asistencia y democratización del crédito a favor de la agricultura familiar, y los demás agentes financieros que atienden a este tipo de agricultura también manifiestan una tendencia boyante. Eso tiene que ver con el gobierno y sus políticas. “Antes de la llegada del presidente (Luiz Inácio) Lula da Silva había grandes movilizaciones de agricultores por el acceso al crédito. En los años recientes los avances son inmensurables, avances en política pública, en crédito. Han crecido mucho con este gobierno las cantidades de crédito, las facilidades del crédito y otras políticas públicas complementarias, aunadas a un impulso a la educación principalmente para los pobres, los negros, los indios, que antes estaban excluidos de estos procesos. Esta población está ya ocupando un lugar en la sociedad”.

Asimismo, antes se consideraba que la agricultura familiar simplemente producía para su subsistencia, y era un peso para la economía nacional. Desde hace tres años, con la Ley de Agricultura Familiar, y las investigaciones y análisis realizados, saltaron datos sorprendentes: 24 por ciento del área de producción y 34 por ciento de la oferta de alimentos está en manos de esta agricultura. También se le dio su lugar en la sociedad.

Hoy día, “percibimos que las cantidades de recursos para la agricultura familiar no son un problema. Y debemos más bien avanzar en el acompañamiento al agricultor, la asistencia técnica, la comercialización, el abasto para el Programa de Alimentación Escolar (el cual exige una proporción de alimentos producidos localmente) y avanzar en organizaciones complementarias al crédito ” .

Ante la presencia en Brasil de grandes productores que concentran enormes propiedades rústicas y compañías monopólicas que se están interesando por adquirir tierras, más el uso intensivo de agroquímicos y de cultivos con riesgos como los transgénicos, los agricultores familiares están empeñados en permanecer y fortalecerse. No quieren que los arrasen los grandes propietarios, quienes pretenden generalizar sus prácticas de uso excesivo de insumos en toda el campo carioca. “Queremos permanecer con nuestra matriz productiva propia. Sabemos que la agricultura familiar tiene más preocupación por la sustentabilidad, por el medio ambiente, por la vida, y hay una economía solidaria”.

En su ponencia en el foro, el directivo de Cresol afirmó que este sistema se enfoca a financiar actividades agrícolas, pero también de agroindustria y de agroecología; brinda además el servicio de seguros y tienen ya una cooperativa de tecnología, así como su Instituto de Formación de Cooperativismo Solidario, del cual es director Dos Santos. Allí se imparten las carreras de técnico en gestión de cooperativismo solidario, y de agente comunitario para el desarrollo de crédito, así como un postgrado en gestión de cooperativismo solidario; así, capacitan a los directores, funcionarios y consejeros de sus cooperativas.

También resaltó que han ido incorporando a jóvenes y mujeres en las cooperativas, en el marco del interés de hacer que los agricultores familiares permanezcan en el campo con calidad de vida y respeto al medio ambiente. “Sabemos que la mujer es la que se preocupa por la sustentabilidad, por la construcción de la familia, por la educación, y la verdad es que en Brasil la mayor carga de la agricultura familiar recae sobre las mujeres. Por eso nos gusta que las mujeres estén trabajando hoy activamente en la gestión económica, en el crédito y la administración. La experiencia de Cresol es que las mujeres son mucho más responsables con el crédito ” . (Lourdes Edith Rudiño)