El grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados presentó ayer un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de 10 secretarios, así como de los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para que presenten un informe documentado sobre el estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Al presentar la solicitud en tribuna, Enrique Ibarra Pedroza sostuvo que la situación por los apagones en la zona centro del país se ha vuelto crítica, lo cual comprueba que los estándares de atención proporcionados por la extinta compañía eran incuestionablemente mejores.

Durante la sesión, también se planteó constituir un fondo que permita cubrir la demanda de pago del fondo de ahorro a los ex braceros, así como una solicitud del PRD al gobierno de Felipe Calderón para que remueva de su cargo al secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, por la concesión irregular de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social a particulares.

Argumentos falaces

En la tribuna, Ibarra Pedroza resaltó que el argumento de Felipe Calderón para extinguir Luz y Fuerza se centró en que constituía una carga económica insostenible y que los salarios, las prestaciones y las prerrogativas contractuales de los trabajadores representaban privilegios y cargas onerosas que afectaban el interés público y la economía nacional.

Sin embargo, el principal problema que dañó la economía y las finanzas de LFC es la compra de energía en bloque a CFE, a precios por encima de los cobrados a los usuarios en tarifas industriales, provocando pérdidas crecientes en sus resultados de operación y una deuda con esa compañía, que en pocos años se volvió impagable.

Cuestionó que la administración federal haya rechazado el ofrecimiento de los trabajadores despedidos de contribuir a la reparación de fallas en el suministro, y resaltó que sólo en la primera quincena de febrero se registraron 250 apagones en 20 municipios del estado de México y delegaciones del Distrito Federal.

Mientras, el PRD se refirió al fallo de la Suprema Corte respecto del régimen legal de las guarderías subrogadas y planteó que 49 por ciento de éstas carece de constancias de protección civil vigente y sólo 409 de las mil 480 en operación han recibido el visto bueno de los cuerpos de bomberos.

Por su parte, diputados del PRI anunciaron que impulsarán la organización del segundo Parlamento del Migrante Mexicano, cuya agenda incluye temas relacionados con la situación particular de ese sector, seguridad social, salud y el voto en el extranjero. Los priístas, junto con el presidente de la Red Migrantes en Texas, José Carmona, resaltaron que se evaluarán los resultados del primer parlamento y expusieron que buscarán el respaldo de las otras bancadas para la organización del encuentro.